Minería bajo la lupa: tensión por licencias ambientales en Izabal
En la Sierra de Santa Cruz, Izabal, un conflicto entre instituciones públicas, comunidades locales y una empresa minera se intensificó en torno a 10 licencias ambientales otorgadas en 2023 —durante el gobierno de Alejandro Giammattei— por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para proyectos de minería metálica.
- Aunque las licencias siguen vigentes, el MARN evalúa su posible revocatoria tras inspecciones realizadas en mayo. La empresa titular de seis de los proyectos, Río Nickel S. A., rechaza las acciones del ministerio y denuncia presiones políticas y sociales.
Punto de fricción. Los 10 proyectos —ocho de exploración y dos de explotación— cuentan con el aval ambiental, pero no con licencias de operación del Ministerio de Energía y Minas (MEM), responsable de autorizar la actividad minera. Según ambas instituciones, ningún proyecto está autorizado para hacer trabajos de campo.
- Están en una región ambientalmente sensible, identificada por comunidades como fuente de agua para al menos 54 poblados. En abril, líderes comunitarios trasladaron su preocupación a diputados distritales.
- En respuesta, el MARN se comprometió a realizar inspecciones, mismas que se efectuaron en mayo.
- El informe final se entregó el 16 de junio, pero no fue leído en las comunidades por ausencia de autoridades locales, lo que provocó manifestaciones y disturbios días después.
Detrás de escena. Durante las inspecciones, el MARN detectó calicatas —excavaciones usadas para exploración— en dos proyectos: Santa Anita y Santa Anita II. Consideró que estas intervenciones podrían ser ilegales, ya que los proyectos no cuentan con licencia minera. El 10 de junio, presentó una denuncia ante el Ministerio Público, invocando el artículo 346 del Código Penal sobre explotación ilegal de recursos naturales.
- Río Nickel niega cualquier intervención y atribuye las calicatas a trabajos antiguos de otras compañías. Además, critica el procedimiento de inspección, la participación de organizaciones no gubernamentales y la ausencia de orden judicial para ingresar a propiedad privada.
- El caso revela falta de coordinación entre el MARN y el MEM, que asegura no haber sido notificado oficialmente.
- El director de Minería, Julio Luna, aclaró que las licencias están en trámite y que sin permiso del MEM no puede haber extracción legal. También recordó que falta la consulta a pueblos indígenas según el Convenio 169 de la OIT.
El otro lado. Antonio Morales, encargado de relaciones públicas de Río Nickel, recalca que la empresa se encuentra en etapa estricta de tramitación y no cuenta con licencias operativas. Sostiene que las normas deben ofrecer certeza jurídica y que “no hay ninguna licencia otorgada […] ni de exploración, ni de explotación”. Por tanto, carecen de facultad legal para ejecutar actividades mineras.
- Morales considera que, debido a la falta de licencias y consulta, “todavía no nos corresponde informar del proyecto, porque no hay proyecto”.
- Subraya que las licencias ambientales representan únicamente una viabilidad preliminar y no autorizan acciones sobre el terreno.
- Criticó que el MARN plantee una posible revocatoria con base en hallazgos “inconclusos”, y cuestionó que “cualquier incomodidad social o política” pueda detonar acciones administrativas que afectan la certeza jurídica y desalientan la inversión.
Lo que sigue. La ministra Patricia Orantes defendió el derecho de las comunidades a expresar su preocupación y reiteró que el proceso se apega a la ley.
- El MARN comunicará su decisión el 30 de julio. Si revoca alguna licencia, el MEM podría actuar en consecuencia.
- El caso revela tensiones entre la vía administrativa, los derechos comunitarios y la confianza en las instituciones. Mientras la empresa argumenta que no hay proyecto jurídicamente vigente, las comunidades temen los impactos de una eventual explotación.
- El desenlace marcará un precedente sobre cómo el Estado equilibra desarrollo económico, protección ambiental y gobernanza.