Ultrarricos y empresas tóxicas: un riesgo para la democracia
Esta semana, el nuevo gravamen a las grandes energéticas vuelve al Congreso. En él, el Gobierno incorpora las demandas del PNV y de Junts, y rebaja su potencial recaudatorio en aras de un pretendido incentivo para las inversiones en transición ecológica, cuya integridad y adicionalidad habría que garantizar
El inicio del mandato de Donald Trump y su mecenas y vocero digital Elon Musk refleja la huida hacia adelante de parte de la oligarquía fosilista, imperialista y tecnofeudal. El “drill baby drill” -perfora, colega, perfora-, el plan de acaparamiento de recursos estratégicos y los esteroides a la extrema derecha europea para contrarrestar cualquier signo de regulación y contrapoder democrático, son su carta de presentación. Un gobierno oligárquico -con 16 ultramillonarios en su núcleo duro-, que reviste sus intereses económicos de ultranacionalismo y negacionismo y frente al que hay que responder desde la resistencia, la reafirmación y la resiliencia democrática.
Avanza la onda expansiva de esta oligarquía desacomplejada y negacionista. Esta semana durante el desarrollo del Foro Económico Mundial en Davos veremos cómo la oligarquía ultra desplegará su agenda de intereses. Por lo pronto, los Bancos Americanos ya han abandonado la Net Zero Banking Alliance, que, pese a su greenwashing recurrente, situaba a la gran banca de ese país en la esfera del Acuerdo de París. Y veremos si Estados Unidos abandona el Acuerdo de París, para unirse al selecto club negacionista, formado por Irán, Libia y Yemen.
En España, las señales prematuras de la onda expansiva llegaron de la mano del CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, que en la asamblea general de accionistas de 2024 acusó a Greenpeace de ser responsable del aumento de emisiones en España. Más recientemente, un Imaz desacomplejado amenazó con desinversiones millonarias si se prorrogaba el gravamen a las grandes energéticas y, unos días después de la DANA, se jactaba públicamente con un “the tax is over”, al sucumbir Junts al chantaje de las desinversiones en Tarragona. En la onda expansiva del “drill baby drill”, la sociedad civil y los impuestos estorban. Los gravámenes a energéticas y banca implantados en 2022, con una recaudación conjunta de unos 2.900 millones en 2023 -1.200 y 1.900 respectivamente-, han apoyado la financiación del bono social eléctrico o las ayudas al transporte público que alivian el incremento del coste de vida causado por los beneficios de las grandes energéticas en el contexto de la guerra de Ucrania. Desde Greenpeace solicitamos que la extensión del gravamen destinara parte de lo recaudado al escudo social, económico y de reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA.
Junts no fue el único partido sensible a los grandes accionistas del oligopolio, BlackRock, Santander, Criteria Caixa, las petrodictaduras árabes, el Estado italiano, la República Popular China... El 19 de diciembre Junts, PNV, PP y Vox unieron fuerzas para tumbar el gravamen, obligando al Gobierno a aprobar uno nuevo justo antes de Nochebuena. Denunciamos este servilismo, resaltando, por un lado, el contraste entre la euforia económica del oligopolio energético -cuyos beneficios históricos han sido un 17,3% mayores en 2024 que en 2022-, y su responsabilidad en la crisis climática -Repsol genera el 62% de las emisiones del IBEX- y, por otro, el estrés económico y climático que enfrenta gran parte de la ciudadanía. Los argumentos del “expolio fiscal” y la falta de seguridad jurídica para invertir carecían de fundamento. En 2023, el gravamen representó sólo el 5% de las inversiones y el 12% de los dividendos de las energéticas, ambos en niveles récord. El infierno fiscal descrito por Imaz es en realidad pagar un tipo efectivo sobre beneficios del 6,8%, mucho menor que el de cualquier PYME, y disponer de una surtida red de filiales en guaridas fiscales -según Oxfam, Repsol tiene 49, Iberdrola 42 y Naturgy 36-.
Esta semana, el nuevo gravamen vuelve al Congreso. En él, el Gobierno incorpora las demandas del PNV y de Junts, y rebaja su potencial recaudatorio en aras de un pretendido incentivo para las inversiones en transición ecológica, cuya integridad y adicionalidad habría que garantizar. En 2023, las inversiones fósiles del oligopolio alcanzaron 6.500 millones poniendo en riesgo los compromisos climáticos y a la ciudadanía. Por ello, y con todos los defectos a corregir en proceso parlamentario, la aprobación del gravamen supondría un espaldarazo a unos recursos públicos necesarios para compensar la factura social y climática.
En medio de la ola expansiva reaccionaria, el debate sobre el gravamen ejemplifica claramente la lucha entre los intereses de la ciudadanía y los de la oligarquía. Una oligarquía irresponsable que acapara riquezas, contamina nuestro planeta y pone en riesgo la democracia debe rendir cuentas por ello. Gravar la inmensa riqueza acumulada por las empresas contaminantes y los ultrarricos - el coreado “Tax The tox” y el “Tax The Super Rich”- son centrales en la agenda climática. Nos jugamos nuestro bienestar más básico, tener un transporte público de calidad, una vivienda asequible y con confort térmico, el apoyo a los agricultores familiares en su adaptación al cambio climático, la protección frente a eventos climáticos extremos, la salud…, y en última instancia, la democracia y el futuro.