Los pozos ilegales de la Casa de Alba junto a Doñana han causado un daño ambiental que puede ser "irreversible"

La extracción ilegal de agua por parte de la Casa de Alba en su finca Aljóbar no sólo ha generado un impacto negativo al medio ambiente valorado en más de seis millones de euros, sino que este daño puede ser “irreversible”. Esto viene provocado por la extracción sin control, pero se agrava porque la situación del acuífero roza la sobreexplotación y además lleva cinco años reduciendo su nivel, una masa subterránea que está interconectada con la de Doñana y de la que se han sustraído recursos –con ocho pozos sin licencia– para el riego en una hacienda que está ubicada en el término del municipio sevillano de Aznalcázar.

Así lo determina el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que alude a los “efectos adversos significativos” que esto ha tenido para que determinados hábitats o especies alcancen un estado favorable de conservación. El informe con estas conclusiones ya ha sido entregado al juez que investiga por delito ambiental a la empresa de la casa ducal que gestiona estas tierras, Eurotécnica Agraria. La Fiscalía de Medio Ambiente, por su parte, considera que hay “base suficiente” para continuar la instrucción a la vista del análisis de los agentes.

La investigación de la Guardia Civil concluye que el acuífero Aljarafe Sur sufre un índice de sobreexplotación del 0,91%, a lo que se une un descenso importante de su nivel en los últimos cinco años. En este contexto, sacar agua sin permiso “supone daños importantes sobre el ecosistema, que pueden llegar a ser irreversibles”, lo que achaca a las “interconexiones naturales” existentes entre suelo, agua y biota.

Más necesidades que recursos

El estudio del Seprona recuerda que la finca tiene permiso de riego desde 1998, pero que se han detectado ocho pozos que se usan de manera ilegal, aunque la Casa de Alba mantiene que nunca se ha sacado más agua de la oficialmente concedida. Pese a esta afirmación, la Guardia Civil concluye que la superficie en cultivo tiene unas necesidades hídricas “que superan con creces” los recursos disponibles con la autorización de extracción que otorgó en su día la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo estatal encargado de dar estas autorizaciones.

La causa judicial ahora en curso se inició en 2023 al detectarse que en Aljóbar, que gestiona la empresa Eurotécnica Agraria (propiedad de los Martínez de Irujo, que se van rotando en la presidencia), se estaban utilizando de manera ilegal ocho pozos. Esto llevó al cierre cautelar de las instalaciones por orden del juez, que meses después –y en contra del criterio del fiscal– levantó este veto en mayo de 2024 con la condición de que no se utilizaran. Pese a esta advertencia, una nueva inspección en noviembre certificó que se habían vuelto a activar, lo que en diciembre llevó a la Confederación Hidrográfica a cerrarlas otra vez.

Además de incidir en que el acuífero afectado es “sensible al bombeo de agua”, la Guardia Civil pone el acento en que está “hidráulicamente conectado” con la masa subterránea Almonte-Marismas, una de las que abastece a Doñana y que está formalmente declarada en mal estado. Si encima está vinculado con el aluvial del río Guadiamar, “nutriendo el parque nacional”, el análisis apunta a que “la importancia de la sobreexplotación del acuífero adquiere un carácter muy relevante”.

En el proceso judicial abierto está citada a declarar como investigada Eugenia Martínez de Irujo que al investigarse los hechos ocupaba la presidencia rotatoria de Eurotécnica Agraria. La empresa esgrimió en su momento que la duquesa de Montoro “no ha participado nunca en la gestión de la explotación”, además de apuntar que, en cuanto al riego, “en ningún momento ha superado el volumen máximo aprobado por la Confederación Hidrográfica” pese a admitir que había ocho pozos no regularizados.

Cálculo económico del daño

En su evaluación, el Seprona calcula la cuantía económica total del daño ambiental provocado en una horquilla de entre 6,1 y 6,5 millones de euros. La cantidad es fruto de la suma de tres valores: el del recurso extraído, el de restauración y el de la pérdida de servicios ecosistémicos.

El grueso de la cifra obedece al primer concepto, el valor del agua “extraída ilegalmente”, ya que concluye que entre 2014 y 2021 se sacaron sin permiso entre 3,8 y 6,6 millones de metros cúbicos (es decir, de 3.800 a 6.640 millones de litros), cuando la finca tiene un derecho de riego de 605.150 metros cúbicos anuales. Este recurso obtenido de manera “irregular” y el beneficio que ha generado se movería en un valor que oscila entre 5,8 y 6,1 millones de euros.

Los otros dos parámetros se mueven en cantidades más modestas, ya que el coste de la reparación primaria se cuantifica en 201.000 euros. Por su parte, la pérdida de los valores de servicios ecosistémicos en la zona afectada se movería –aplicando un cálculo conservador– entre 62.500 y 113.300 euros.

Eurotécnica Agraria está tramitando los permisos para utilizar los ocho pozos ilegales, un proceso que inició ya con la investigación judicial en marcha. En la causa se investiga no sólo un posible delito ambiental, sino también otro de desobediencia por no permitir los responsables de la finca en un primer momento la entrada para una inspección, algo que la empresa también niega.