El Gobierno abre la puerta a compensar los costes extra de las aseguradoras de Muface

La hucha sigue abierta para Muface. Pese a los 4.500 millones de euros que el Gobierno ha puesto sobre la mesa para atraer a las aseguradoras a la segunda licitación —“dinero de todos”, llegó a decir el ministro Óscar López—, la mutualidad se abre ahora a que la administración pública compense los costes extraordinarios de las empresas que prestan asistencia sanitaria privada a un millón y medio personas, entre funcionarios y sus familiares. En concreto, ante situaciones sobrevenidas, como situaciones de inflación desbocada o crisis sanitarias.

El pliego de condiciones para los años 2025, 2026 y 2027, que el Gobierno quiere cubrir mientras se replantea este modelo asistencial, establece la posibilidad de modificar el concierto y restablecer su “equilibrio económico-financiero” cuando confluyan tres factores: un cambio “extraordinario e imprevisible de las circunstancias” durante la ejecución del contrato; un aumento sustancial de la onerosidad de la prestación como consecuencia de ese cambio; y que no haya medios alternativos para paliar ese desequilibrio.

La redacción no es nueva. Se encuentra en términos similares en el concierto que caduca este día 31, y que Función Pública ha prorrogado, y en los pliegos del anterior, para los años 2020 y 2021. Sin embargo, en esta ocasión, Asisa, la única compañía de las tres que prestan asistencia que todavía no se ha descartado, ha pedido a la mutualidad que aclare esa cláusula y si, de concurrir a la licitación, estaría protegida por la doctrina de “riesgo imprevisible”.

En su respuesta a esta consulta vinculante presentada por Asisa, la mutualidad estima que “en caso de darse circunstancias excepcionales, es perfectamente aplicable la doctrina del riesgo imprevisible a pesar de no estar contemplado expresamente en el clausulado”. No obstante, aclara que “no toda alteración del equilibrio de las prestaciones del contrato da derecho al contratista a reclamar” compensaciones, sino “los supuestos tasados” que suponen “variaciones significativas en el coste de la prestación del servicio de asistencia sanitaria o en su frecuencia de uso”.

La mutualidad cita dos ejemplos, llamativos por conocidos: “el aumento del precio de los actos médicos producido por una situación de inflación muy superior a la prevista en el contrato, o la aparición de una situación sanitaria que incremente significativamente la frecuencia en la prestación del servicio sanitario”. “Obviamente, es una alfombra roja para que las aseguradoras reclamen”, comenta un directivo del sector, que considera que este pronunciamiento es un paso en la línea de salvar el concierto y que se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno de alargar el plazo para concurrir a la licitación, que finalizaba inicialmente el día 15 y lo hará finalmente el próximo lunes 27.

Desde el sector de las aseguradoras y la sanidad privada llevan tiempo señalando tanto a la crisis sanitaria de 2020 como a la inflacionista de 2022 como dos factores que ahondaron en la crisis de un modelo con problemas que venían de lejos. “Este Gobierno se ha encontrado un problema que se ha ido generando durante años, incluso décadas, y que se han ido agravando durante los sucesivos convenios”, indican. Precisamente, la pandemia ha aumentado la frecuentación y la inflación, los costes médicos, aseguran.

Fuentes de Asisa indican a esta redacción que aún están estudiando la respuesta de Muface, que conocieron este viernes, y que contiene “muchos matices”. Porque la compañía planteaba también si un incremento del 5% de los costes de ejecución de los servicios, acreditados mediante las cuentas auditadas, generaría la obligación pública de reequilibrarlo. Ya aquí, el licitador enfrenta varias sentencias. Por un lado, dos que señalan que un desequilibrio “importante o significativo” se produce en base a un 2,5% del importe del contrato. Por otro, otra que estima que un 2,57 y un 3,14% no lo hace.

Desde la compañía, sobre la que están puestos todos los ojos del sector y de un millón de funcionarios y medio millón más de familiares, trasladan que están “estudiando la respuesta” de la mutualidad de cara a la próxima licitación. “No estamos en eso”, responden estas fuentes al ser preguntadas sobre una hipotética reclamación sobre el concierto actual.

Adeslas anunció a finales de diciembre que no se presentaría a la nueva licitación, argumentando que las condiciones propuestas por Función Pública, que suponían un incremento de la prima del 33,5% en tres años, les generarían unas pérdidas de 250 millones de euros, casi las mimas que las registradas entre 2022 y 2024. DKV, que tomó la misma decisión, señaló que perdería más de 70 millones de euros. “El gasto de prestaciones médicas en el último concierto ha sido sustancialmente superior a la prima”, indicaban en un comunicado. Fuentes de esta compañía indican que “cualquier escenario legal está abierto”, de cara a una posible reclamación.

Pese a que en sus declaraciones públicas el ministro López ha hablado del “dinero de todos” para financiar el seguro privado de un millón y medio de ciudadanos, el empeño del Gobierno es que la licitación salga adelante. “El Gobierno va a trabajar para que los mutualistas tengan tranquilidad, para que reciban sus prestaciones y eso es lo que estamos haciendo. Y, como hay plazo todavía, hasta el 27 de enero, voy a seguir trabajando en lo mismo, en garantizar que se renueve ese concierto, en este caso por tres años más”, indicaba la semana pasada.

El futuro de Muface es un tema especialmente sensible para decenas de miles de funcionarios. UGT y Comisiones Obreras han solicitado este lunes una reunión urgente con el propio López para “alcanzar soluciones que aseguren la atención sanitaria del funcionariado”. “Hasta hoy, y pese a los intentos del Ministerio de Función Pública por calmar a las personas mutualistas, no hay nada claro respecto a su futuro. Ahora, las aseguradoras, en su ambición insaciable de rédito económico, siguen presionando para que el Gobierno aumente la financiación”, indican.

En concreto, estos sindicatos piden al Gobierno “certezas y garantías” para los mutualistas que optaron por el seguro privado en lugar de la sanidad pública y “las medidas que hagan falta para evitar el colapso” de esta última si la licitación no llega a buen puerto.

Por su parte, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha amenazado a Muface con emprender “acciones administrativas, civiles y penales por los casos de desatención sanitaria”, que atribuyen a las aseguradoras. En un comunicado, señalan que la organización “ya está asesorando a los mutualistas para que presenten la debida queja, tanto a Muface como a la entidad aseguradora y, a partir de ahí, se emprenderán las acciones judiciales que correspondan”.