El Banco de España cuestiona la reforma fiscal del Gobierno: la subida de ingresos en 2025 se reducirá un tercio a partir de 2026

El Banco de España pone en cuestión “la reforma fiscal” que el Gobierno consiguió pactar con sus socios en noviembre, tras una negociación a izquierda y derecha agónica y, por momentos, rocambolesca. Según los cálculos del regulador, incluidos en su último informe de proyecciones económicas, los cambios en los impuestos aprobados en el Congreso y el compromiso sobre la prórroga del gravamen a las energéticas aumentarán en 4.500 millones la recaudación del Estado el próximo año —un 0,3% del PIB—, pero apunta a que esta cantidad se reducirá a 3.000 millones —un 0,2% del PIB— en los siguientes ejercicios, principalmente por “la rebaja progresiva a las pequeñas empresas”.

El informe del Banco de España, publicado este martes, lamenta que “aún existe una considerable incertidumbre sobre el reciente paquete de medidas fiscales”. De hecho, el compromiso sobre la prórroga del gravamen temporal a las energéticas —creado en 2022 por la crisis de inflación— está en vilo. De nuevo, por la oposición del PNV y Junts, que se negaron a sentarse la semana pasada en la primera reunión entre el Ejecutivo de coalición y todos sus socios parlamentarios para acercar posturas para la “definición de un nuevo impuesto sustitutivo sobre estas empresas”. Este mismo miércoles, han vuelto a darse otra oportunidad.

Por su parte, el Gobierno se ha tomado la aprobación de la “reforma fiscal” como el paso previo para lograr sacar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025. Aunque para el regulador y para muchos expertos es una reforma que, de momento, se ha quedado efectivamente en “paquete”. Es decir, es insuficiente.

“Se estima que el conjunto de medidas contenidas [en el Proyecto de Ley aprobado el 21 de noviembre en el Congreso, que esta misma semana pasa por el Senado y que el jueves volverá a la Cámara Baja] implicaría un aumento de los recursos públicos del 0,3% del PIB en 2025, magnitud que se iría reduciendo en años posteriores como consecuencia del carácter temporal de algunas de dichas iniciativas [como el impuesto a la banca] y por el efecto contrapuesto sobre los ingresos públicos que tendría la propuesta de rebaja progresiva del tipo impositivo para las pequeñas empresas —acordado por el PSOE con Junts—”, resume el Banco de España.

El “paquete” aprobado comprende, en primer término, la transposición de la directiva europea que pone un suelo del 15% al impuesto de Sociedades de las multinacionales en toda la UE y en otros países de la OCDE. En segundo, una subida de dos puntos al tipo de IRPF a las rentas del capital de más de 300.000 euros. También, la citada bajada de impuestos a pymes y micropymes. Además, se suman unas modificaciones para “atajar el fraude de los hidrocarburos”. Junto a la resolución de los problemas generados por “la fallida reforma fiscal” de Montoro (el ministro de Hacienda del Ejecutivo de Mariano Rajoy).

Asimismo, se prorrogó dos años más el límite del 50% para compensar bases imponibles negativas de los grupos que componen una multinacional, pudiendo integrar las cantidades no computadas en los diez ejercicios siguientes. Se excluye de la aplicación de esta medida a fundaciones que formen parte de las sociedades fiscales. Y, por último, al margen de otras medidas menores, se añadió el impuesto a la banca. Eso sí, de 2025 a 2027.

El Banco de España advierte del “efecto” de la temporalidad de estos dos últimos cambios en la reducción de la recaudación, ya en 2027 en el primer caso, y más adelante en el segundo.

La 'batalla' del impuesto a las energéticas

Mientras, sobre el gravamen temporal a las empresas energéticas, el regulador “asume que se extenderá solo a 2025, con una recaudación significativamente menor que la anticipada en septiembre [en 2023 fue de cerca de 1.000 millones], en línea con el acuerdo parlamentario de mínimos alcanzado, que está pendiente de materialización”. Es decir, el Banco de España asume una prórroga mediante un Real Decreto-ley, con lo que están de acuerdo ERC, EH Bildu y Podemos, que incorporará bonificaciones por inversiones 'verdes', según piden PNV o Junts.

Entre las medidas que se quedaron fuera del paquete fiscal destaca que Podemos sumó sus votos a los de PP, Vox y UPN para frustrar el intento del PSOE de eliminar, a partir del 1 de abril de 2025, la bonificación fiscal que tiene el diésel con respecto al gasolina. Este rechazo se traduce en una pérdida de ingresos públicos de cerca de 1.000 millones.

La reforma fiscal es una reivindicación histórica de los expertos y, también, un compromiso con la Comisión Europea, incluido entre los hitos del Plan de Recuperación. De hecho, el Ejecutivo comunitario todavía está estudiando si le da el visto bueno al paquete de medidas aprobado hasta ahora. Una decisión que desbloquearía el quinto desembolso de los fondos del 'Next Generation' al que está vinculado.

Por otro lado, la reforma es esencial para cumplir con las nuevas reglas fiscales de la UE, que obligan a limitar el gasto público y a reducir el déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos públicos).

Sobre todo, para no comprometer la capacidad de respuesta del Estado ante catástrofes que exigen un nuevo esfuerzo en el gasto público; como las medidas aprobadas en respuesta a la DANA que afectó a varias provincias españolas a finales de octubre. “Si bien con una considerable incertidumbre, se estima que dichas medidas implicarían un incremento del gasto de en torno al 0,5% del PIB, que se repartiría entre 2024 y 2025”, señala el informe del Banco de España.

En ese documento, el regulador ha vuelto a elevar la previsión de crecimiento económico de nuestro país al 3,1% este año y al 2,5% en 2025. El Banco de España suma tres décimas a la proyección de avance del PIB (Producto Interior Bruto) de 2024 y otras tres décimas a la del próximo ejercicio y señala que la inflación se moderará al objetivo teórico del entorno del 2% de media en 2025, desde el 2,9% en el que cerrará este año, dejando de dañar al 'bolsillo' de los hogares.

Este sólido crecimiento favorece el aumento de la contribución fiscal (el peso de los ingresos públicos respecto al PIB), que además presenta una brecha de entre cuatro y cinco puntos respecto a las principales economías de la eurozona.