Corea del Sur se asoma al abismo tras un autogolpe
El presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, declaró ayer la ley marcial en la nación, en un sorpresivo anuncio que desencadenó un decreto militar prohibiendo todas las actividades políticas, incluidas protestas y funciones de partidos políticos. Una decisión que el líder justificó acusando a la oposición de simpatizar con Pyongyang, de conspirar un golpe de Estado, y paralizar a su Gobierno usando el control del Parlamento. El inesperado decreto, emitido por el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Park An-su, entró en vigor a las a las 23:00 hora local (14.00 GMT), del martes con el objetivo «de proteger la democracia y la seguridad pública ante lo que se considera amenazas de fuerzas antiestatales». «Todas las actividades políticas, incluidas las relacionadas con la Asamblea Nacional, asambleas regionales, partidos políticos, la formación de organizaciones políticas, así como manifestaciones y protestas, están prohibidas», afirmó Park. Además, el decreto sometió a control a los medios de comunicación y editoriales, y ordenó el regreso inmediato de los médicos en huelga en un plazo de 48 horas.
El general advirtió que cualquier intento de socavar la democracia o provocar una subversión sería sancionado, y que quienes infringieran la ley marcial podrían ser arrestados sin necesidad de orden judicial. Con esta medida, se suponía que el militar asumía el control de los asuntos administrativos y legales en las regiones afectadas, con autoridad para llevar a cabo arrestos y regular los medios de comunicación bajo la supervisión del ministro de Defensa y del presidente. Poco después del discurso presidencial, circularon imágenes impactantes que mostraban a decenas de agentes antidisturbios y policías armados enfrentándose a manifestantes airados frente a la Asamblea Nacional. Estos eventos reflejaron la profunda división en la sociedad surcoreana y el descontento generalizado ante la reciente escalada política.
Con todo, el Parlamento convocó una sesión plenaria para responder a la drástica medida.Tras la aprobación de una resolución que levantó la ley marcial, se observó un fuerte despliegue policial cerca de la Oficina Presidencial de Yongsan con equipos antidisturbios y barricadas, manteniéndose en alerta máxima. Se prohibió la entrada a la mayoría de los ciudadanos, restringiendo también el acceso al Ministerio de Defensa Nacional. Los militares exigieron que el presidente surcoreano se retractase para desactivar la ley marcial. Algo que no ocurrió hasta horas después, cuando el presidente surcoreano acorralado por las críticas internas y externas que habían despertado su medida excepcional, anunció que daba marcha atrás. Durante la tarde de ayer se hizo evidente que Yoon había adoptado esta drástica medida como respuesta a una serie de turbulencias políticas. Tras perder el control del Parlamento a comienzos de este año, su administración ha batallado contra una oleada de proyectos de ley y mociones de la oposición diseñadas para debilitar su gobierno.
Previamente, el líder surcoreano lanzó acusaciones severas contra el Partido Democrático, su principal adversario político, al que tachó de «cómplice de Corea del Norte y promotor de actividades que amenazan la estabilidad del Estado». En un discurso contundente, Yoon se refirió a una moción del partido que buscaba destituir a fiscales clave y rechazar la propuesta presupuestaria gubernamental, afirmando que «tales acciones constituyen un comportamiento antiestatal, diseñado para incitar a la insurrección». Justificó la imposición del estado de sitio como una medida crucial para erradicar lo que llamó «fuerzas antiestatales pro-Norte», considerándolo esencial para proteger las libertades y la seguridad del pueblo surcoreano, así como para garantizar la estabilidad del país y legar un futuro sostenible a las próximas generaciones. «La Asamblea Nacional se ha transformado en un monstruo que socava la democracia liberal», advirtió, subrayando que el país enfrenta una crisis profunda, «tambaleándose al borde del colapso». Desde su llegada al cargo en 2022, el mandatario ha enfrentado importantes obstáculos para implementar su agenda en un parlamento controlado por la oposición. Esta situación ha despertado sospechas sobre la repentina declaración del Estado de emergencia, considerado por algunos como una estrategia política para consolidar su autoridad.
Estados Unidos no tardó en reaccionar y afirmó ayer que espera que las autoridades surcoreanas respeten el voto de los congresistas para rescindir la ley marcial impuesta por el presidente Yoon Suk Yeol. «Desde luego que esperamos que se respeten las leyes y reglamentos de cada país. Eso incluye la votación de la Asamblea Nacional», declaró a periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel.