La Agencia Valenciana Antifraude, que controlarán el PP y Vox con una nueva normativa, recupera 5,3 millones
La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) logró facilitar a lo largo del pasado año la recuperación de 5,1 millones de euros de dinero público gracias a los diferentes procedimientos abiertos, una cuantía importante teniendo en cuenta que el coste real ejecutado de la Agencia fue de 3,8 millones de euros, por lo que se obtiene una ratio de retorno económico estimado de 134,74%.
Además, en los años que lleva la AVAF en funcionamiento son más de 34 millones de euros recuperables los que se han conseguido sin contar activos reputacionales con lo que se ha generado un retorno de recursos públicos de más del doble de lo invertido, es decir, por cada euro destinado al funcionamiento de la Agencia se recuperan 1,35 euros, solo derivado de los trabajos de investigación.
Estos son algunos de los datos aportados este martes por el director de la Agència Valenciana Antifraude (AVAF), Joan Llinares, en la presentación de la memoria de 2023 en Les Corts. El responsable del organismo también ha destacado que en 2023 hubo un total de 556 denuncias, lo que supone un crecimiento del 22,73%, y ha puesto de relieve que 22 administraciones, la mayoría ayuntamientos, no siguieron sus recomendaciones, ocho más que en 2022. El 40% de las denuncias versaron sobre recursos humanos, principalmente en relación a procesos selectivos.
Las administraciones que no aceptaron las recomendaciones fueron los ayuntamientos de Albal, Alcoi, Alicante, Aras de los Olmos, Benidorm, Borriana, Callosa de Segura, Canet d'en Berenguer, Castelló de Rugat, Chiva, Cortes de Pallás, Elche, Foios, Godella, Rojales, Tous, Turís, València, Vilamarxant (19), Mancomunitat del Carraixet, Divalterra (Diputación de Valencia y Consorcio Valencia Interior.
Entre las denuncias recibidas, el 56% (309) hacían referencia a la administración municipal, seguida en un 12% (66) por la Generalitat y en otro 12% (65) por el sector privado.
Sobre la nueva normativa anunciada para nombrar al director de la entidad, Llinares, ha defendido que la proposición de ley que ha registrado el PP para modificar la ley fundacional de la entidad recoge propuestas que había hecho el propio organismo "en muchos aspectos, por no decir la mayoría" y ha señalado que la introducción de una segunda vuelta para elegir a su sucesor por mayoría absoluta es una forma de "desbloqueo".
Así lo ha asegurado Llinares este martes tras presentar la memoria de Antifraude de 2023 en Les Corts, donde ha considerado que es "ideal" elegir a la persona que le suceda en el cargo (que dejará el 25 de mayo de este año) por mayoría cualificada del parlamento (tres quintos de los diputados), pero ha señalado que aunque "le guste más" esa fórmula, no puede "cuestionar la legitimidad" de alguien elegido por mayoría absoluta.
Llinares ha señalado que la proposición de ley, que registró el PP en solitario, sin Vox, "no modifica el procedimiento por el cual el parlamento tiene que elegir el candidato", ni cambia "el sistema de participación e iniciativa de la sociedad civil para presentar candidaturas". De hecho, Llinares ha señalado que la inclusión de una segunda ronda para elegir al director por mayoría absoluta está "prevista en otras normas nacionales y estatales". Sí ha justificado que la mayoría de tres quintos a él le ha dotado de una "legitimidad" junto a su equipo directivo, que espera que suponga la "continuidad" de la agencia.
Llinares ha anunciado la sanción disciplinaria a una trabajadora del organismo de 18 meses de suspensión de empleo y sueldo por presuntas filtraciones de documentos internos respecto a la investigación de supuestos casos de acoso sexual en el seno de la agencia, unos casos que él negó categóricamente hace unos meses.
Según ha explicado, hay dos procedimientos disciplinarios abiertos contra dos trabajadoras del organismo por presuntas filtraciones de datos confidenciales relacionadas con el expediente informativo abierto por las acusaciones de acoso sexual.
El pasado 14 de noviembre, Llinares compareció en el parlamento valenciano para negar la existencia de acoso sexual en Antifaude, conclusión que aseguró que se había alcanzado tras varias investigaciones. Además, aseguró que se mantenían abiertos expedientes a dos funcionarias por presuntas filtraciones de datos confidenciales relacionados con este asunto.