¿Debe la educación ser obligatoria hasta los 18 años? Sí, "pero con un sistema más flexible"
¿Debe España aumentar su edad de escolarización obligatoria hasta los 18 años? La comunidad educativa, agrupada en el Consejo Escolar del Estado, cree que sí. Lleva varios años proponiéndolo, de hecho, en su informe anual sobre el sistema educativo. De momento la idea ha caído en saco roto, pero recientemente ha sumado un aliado influyente: el PSOE llegó a filtrar que el presidente, Pedro Sánchez, hablaría de ello en el debate de investidura, aunque finalmente no entró en el discurso.
El Consejo Escolar del Estado, un órgano consultivo del Gobierno, sostiene que esos dos años extra de permanencia obligatoria en las aulas servirían para bajar el abandono temprano educativo en España (quienes dejan de estudiar a los 16), uno de los principales lastres del sistema con un 14% en 2022. En Europa solo Rumanía está por detrás.
En términos prácticos, extender la educación obligatoria hasta los 18 tampoco requeriría un despliegue enorme de infraestructuras. Actualmente, un 95% de los jóvenes de 16 años está escolarizado y un 90% a los 17.
El coste aproximado de la medida rondaría los mil millones de euros, según la Cadena Ser. Otra cosa es dónde están escolarizados estos alumnos, explican algunas directoras de instituto, y si es la mejor opción para ellos.
"O hacemos un sistema más flexible y atendemos a lo que les gusta o no servirá para nada extender la educación", opina Rosa Rocha, directora del IES Guadarrama y presidenta de ADIMAD, la asociación de directivos de centros de Secundaria públicos de Madrid. Rocha cree que la idea puede ser buena, pero que requiere reformar el sistema porque obligar a quien no tiene interés en estudiar a quedarse dos años más en la escuela puede ser contraproducente si no se le ofrece algo atractivo, que encaje a un perfil de estudiante que al que la vía académica no le resulta interesante. "Si no, tendremos gente frustrada, desde los educadores hasta ellos mismos. Un horror para ellos, para los profesores...".
En esta edición no, pero el Consejo también habla de flexibilidad como elemento clave. "Debe haber un incremento de la libertad individual en la elección de diferentes vías formativas y una mayor flexibilidad en la organización de sus enseñanzas", se leía en uno de los informes anteriores. También es importante permitir que se compatibilicen los estudios con los trabajos a tiempo parcial a partir de los 16 años, edad legal de trabajar y el motivo por el que algunos estudiantes dejan los institutos.
Cuando se menciona la ampliación de la educación obligatoria se suele recurrir al caso de Portugal. El país vecino realizó esta misma subida (de 16 a 18 años) hace unos años siguiendo las recomendaciones de la UE, que también apoya la propuesta, y se produjo casi un milagro. Desde 2009 (un plazo de tiempo breve en términos educativos), cuando realizó el cambio, el país vecino ha bajado su abandono educativo temprano desde el 28,3% (estaba entonces prácticamente igual que en España) hasta dejarlo en el 6% que se registró en 2022. Los factores para que esto ocurra son muchos, siempre lo son en este sector, pero los expertos opinan que este fue uno importante.
Como los lusos, varios países europeos –entre ellos algunos de los más ricos– ya tienen una escolarización obligatoria hasta los 18 años.
Al Ministerio de Educación le parece un debate "muy interesante", aunque de "larguísimo recorrido" y con "implicaciones económicas, de infraestructuras, etc. muy importantes tanto para el Ministerio, como especialmente las comunidades autónomas", que tienen las competencias. No es ahora mismo la prioridad del departamento que dirige Pilar Alegría, explica un portavoz, que ha optado por otra línea de acción en cuanto a la escolarización.
"Nosotros hemos apostado por la educación temprana. Aunque la educación es obligatoria a partir de los 6 años, en 3-6 la tenemos prácticamente universalizada, estamos en el grupo de cabeza de Europa. Y en la pasada legislatura hemos dado un importante empujón en 0-3", explica. "El objetivo [de legislatura, firmado con Sumar] es ampliar a 2 años la universalización y seguir avanzando entre 0 y 2", recuerda el portavoz, que distingue entre universalización y obligatoriedad.
Porque una pata de la escolarización es cuándo se acaba, pero también hay que considerar los años de permanencia en el sistema, y en ese apartado España está en la mitad inferior de Europa.
Laura Julià es directora del IES Fuente de San Luis, en Valencia, y cree que alargar la escolarización no tiene mucho sentido, aunque realiza un discurso parecido al de Rocha, excepto en si debe ser obligatorio o no quedarse en el instituto. "No lo veo útil. Sí me gustaría que estuvieran en el sistema educativo hasta los 18, pero si el sistema ofreciera al alumnado programas diferentes, vacantes en los ciclos formativos...", reflexiona. "Porque el sistema ahora mismo no está planteado para estudiantes a los que no les gusta estudiar, no les da opciones y no podemos obligarles a que se queden ofreciéndoles lo que les ofrecemos".
Esta directora cree que pese a las altas tasas de escolarización, el sistema está fallando a este perfil de alumno. "A los ciclos formativos [de FP] les tenían que dar muchísima más fuerza y crear muchas más vacantes, porque los alumnos se están quedando fuera. Y cuando no les cogen en un ciclo se meten en el Bachillerato para no perder un año, pero no son perfiles de Bachillerato y les acaba tirando para atrás y los perdemos", explica.
En la misma línea se manifiesta la principal asociación de las AMPA del país, Ceapa. "Si aumentar la educación hasta los 18 años es para que el fracaso y abandono escolar en vez de a los 16 se produzca a los 18, no tiene sentido. Necesitamos que el sistema funcione, que se eviten las repeticiones sin sentido (no dejarles pasar sin más), pero no tener a la gente en las aulas dos años más porque sí. Sabemos que quien no quiere estudiar se dedica a molestar a los que sí", reflexiona María Capellán, presidenta de Ceapa.
María Luz González, responsable de Políticas Públicas del sindicato STEs, introduce una visión diferente. Cree que la idea "podría ser buena" si el objetivo final es de alguna manera retrasar el momento en el que el alumnado tiene que elegir el perfil académico (o laboral) que querrá tener en el futuro. Que se creara algún tipo de itinerario más o menos común hasta los 18, y a partir de ahí establecer los itinerarios.
"Decidir en 4º de la ESO (con 16 años) si hago una FP o un Bachillerato es demasiado pronto", señala. Es consciente de que esta vía es prácticamente irrealizable en este momento porque exigiría darle la vuelta entera el sistema, pero cree que ahí está el punto interesante de esta propuesta.
Un pensamiento similar, al menos en el fondo, tiene la directora Rocha. "La madurez del alumnado a esta edad es muy variable", apunta. "Hay casos, yo conozco bastantes, de personas que no tenían ningún interés por los estudios, pero a los 17 de repente descubren que sí quieren estudiar. A estos es importante no perderlos por el camino", observa, porque en ese caso sí que es más difícil recuperarlos.
Su compañera Julià también ha visto estos casos. "Muchos entran en un ciclo medio de FP y luego se estimulan y pasan al superior e incluso hacen un máster [de FP, la nueva ley los contempla]". Pero para eso tienen que llegar hasta ahí. Esta directora aprovecha para lanzar otra reivindicación, clásica del profesorado y que afecta a todos los aspectos de la Educación. "Si tuviéramos unas ratios de alumno por grupo más pequeñas, si en vez de 30 tuviéramos 15 o 20 la atención individualizada sería mejor" y aumentarían sus opciones, cierra.