El juez García Castellón ralentiza durante dos años el recurso que le pide investigar la Operación Catalunya
5 de noviembre de 2021. En esa fecha, el juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que comanda el magistrado Manuel García Castellón, comunicó a Jordi Pujol Ferrusola que había recibido su recurso contra la negativa del instructor a investigar la Operación Catalunya. Más de dos años después, no hay constancia en el caso de que el juez haya resuelto el recurso.
El silencio procesal alrededor de la petición del hijo mayor del expresident es un nuevo ejemplo de la resistencia de los tribunales españoles en investigar las maniobras de la brigada política del PP. La única excepción fue el intento más flagrante de adulterar el caso Pujol por parte de la policía, el conocido como el caso del 'pendrive', que fue descubierto por la propia Audiencia Nacional y terminó en una condena (ahora recurrida ante el Supremo) al exdirector adjunto operativo Eugenio Pino.
La primera petición de los Pujol para que el caso Villarejo también investigara la Operación Catalunya se produjo el 20 de febrero de 2020. Ante la falta de respuesta, la defensa insistió siete meses después. Finalmente, en octubre de 2021 el juez García Castellón, tras pedir un informe a la Policía, denegó investigar las maniobras del comisario jubilado José Manuel Villarejo y el resto de policías imputados en el caso Tandem contra la familia, que espera juicio por el origen de la fortuna familiar escondida en Andorra durante décadas.
En línea con las tesis de la Fiscalía, el juez García Castellón concluyó que las notas informativas en las que Villarejo plasmó los movimientos y presiones en Andorra de la brigada política para obtener los datos bancarios de los Pujol sí podían considerarse como "evidencia de la comisión de hechos delictivos en perjuicio" de la familia. Pero se negó a investigarlas porque, según el juez, los hechos ocurrieron en el principado pirenaico.
El juez también argumentó que las notas informativas aprehendidas al comisario y redactadas por él recogen su actividad de “captación de información de interés policial en relación a posibles casos de corrupción vinculados a la familia Pujol, así como la obtención de información sobre cuentas donde en los últimos años han ingresado comisiones a la familia Pujol”. Tal y como informó elDiario.es, esas notas no han aparecido en la causa de los miembros de la familia del expresident, pero sí sirvieron para elaborar los pseudoinformes que se publicaban en medios de comunicación coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista.
La negativa del juez a investigar la Operación Catalunya dentro del macrosumario sobre las maniobras de Villarejo y el resto de la brigada política del PP contrasta con las más de 30 piezas abiertas en la causa. Más allá de abarcar una multitud de hechos delictivos cometidos presuntamente por el comisario, en la causa sí se investigan otras utilizaciones de los recursos y plantilla de la Policía para atacar a rivales políticos del PP, como el caso del robo del móvil de una colaboradora de Pablo Iglesias o para intentar frenar la investigación de la corrupción del partido conservador en el caso Gürtel mediante el espionaje a su extesorero Luis Bárcenas.
Cabe reseñar además que la familia Pujol tiene en la Operación Catalunya una de las líneas de defensa para el juicio por su fortuna que esperan desde hace años, pero que todavía no tiene fecha. De cara a esa vista, las defensas del expresident de la Generalitat y sus siete hijos han pedido a la Audiencia Nacional desclasificar todos los documentos relacionados con las maniobras parapoliciales del Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy contra sus adversarios políticos y que sus responsables policiales declaren como testigos.
En su recurso contra la negativa de García Castellón, formulado ante el propio instructor, el letrado Albert Carrillo replicó la tesis del juez y recordó que es precisamente la Audiencia Nacional la instancia que tiene competencias para investigar los delitos presuntamente cometidos en el extranjero por parte de ciudadanos españoles.
Solo la absolución de los policías investigados en Andorra por las maniobras para obtener datos bancarios de la familia en el BPA, argumentó el recurso, cerraría la vía a investigar a la brigada política del PP en España. Pero en realidad ocurre lo contrario: el procedimiento sobre la Operación Catalunya en Andorra sigue abierto pero en vía muerta por el freno de la Justicia española a las comisiones rogatorias de colaboración solicitadas por la jueza del principado.
El recurso de Pujol Ferrusola se registró en el juzgado el 5 de noviembre de 2021. El juez de apoyo de García Castellón, Joaquín Gadea, dio dos días a la Fiscalía y al resto de partes para presentar alegaciones para resolver el recurso una vez formuladas. Pero nada más se sabe sobre ello más de dos años después. La decisión de García Castellón sería recurrible ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional.