Poder Judicial tiene la potestad de ajustar sus salarios, señala ministra de Planificación

El Poder Judicial tiene la facultad de ajustar los salarios de sus funcionarios conforme a los lineamientos establecidos en la Ley Marco de Empleo Público, señaló la ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), Laura Fernández.

Estas declaraciones surgieron después de la exposición de Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en la Asamblea Legislativa, el pasado 15 de enero, cuando manifestó sus preocupaciones por la renuncia de especialistas debido a problemas salariales.

Incluso, el exministro de Seguridad, Gustavo Mata, afirmó que, en el Poder Judicial, se está viviendo una emergencia que afecta al OIJ, fiscales y jueces, debido a la fuga de personal especializado desde la promulgación de la reforma hace casi un año.

La ministra Fernández alegó que, de acuerdo con la legislación vigente, el Poder Judicial no solo tiene la potestad de ajustar los salarios globales de su personal, sino que hasta la fecha no se ha definido el nuevo salario ni la escala salarial global de sus funcionarios. Será hasta el mes de febrero, según acuerdo de Corte Plena, que ese poder del Estado establezca los globales definitivos, agregó.

Además, Fernández señaló que el Poder Judicial ha designado a todo su personal como exclusivo y excluyente, lo que le otorga la autoridad para establecer salarios globales para los funcionarios comunes, equiparándolos con otros cargos estatales como conserjes y conductores.

“No es propio argumentar que la salida de algunos funcionarios del Poder Judicial obedece a la implementación del salario global. Tengo entendido que una comisión interna está trabajando en la formulación del salario global y, pues, puedo suponer que las manifestaciones que ahora se están dando en diferentes medios buscan que esta comisión tome en consideración esas posiciones en la formulación”, señaló la jerarca.

Antecedente

La reforma al empleo público se implementó en marzo de 2023, estableciendo salario global para contener disparadores del gasto público como las anualidades.

Sin embargo, debido a la ausencia de una escala salarial global definitiva, las instituciones han estado aplicando provisionalmente el nuevo esquema.

Este sueldo, ya sea transitorio o definitivo, solo se aplica a las nuevas contrataciones. Los empleados actuales que perciban una remuneración inferior al nuevo esquema seguirán recibiendo una base más pluses.

En el caso de aquellos cuyos salarios excedan el global en su respectiva escala, mantendrán congelado su salario. Cuando el salario global alcance tanto a quienes ganan más como a quienes ganan menos, los funcionarios con el antiguo esquema deben migrar al nuevo sistema. En ningún escenario se les rebaja el salario a los empleados.

A solicitud de La Nación, la Oficina de Prensa del Poder Judicial informó de que, en la actualidad, se está implementando un salario global de manera provisional, mientras una comisión trabaja en la elaboración del sueldo definitivo. El transitorio fue aprobado mediante un acuerdo de Corte Plena el 8 de mayo de 2023.

Destacó que la escala salarial temporal se ha desarrollado siguiendo la metodología establecida por la reforma, la cual considera diversos factores para evaluar la labor desempeñada.

También subrayó que se cumplen rigurosamente todas las normativas relacionadas con la austeridad en el gasto público, situación que ha resultado en la renuncia de 834 funcionarios judiciales en los últimos cinco años.

Estas normativas a las que se hace referencia son la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en 2018, y la Ley Marco de Empleo Público. La primera incorpora la regla fiscal, que limita el crecimiento de los presupuestos y establece reducciones en la remuneración por dedicación exclusiva, así como la nominalización de los componentes salariales y topes salariales, según lo indicado por el Poder Judicial.

“Debido a esta fuga de talentos, el Poder Judicial se ha dado a la tarea de mejorar las condiciones laborales del funcionariado, se puede citar la Política Integral de Bienestar y Salud Laboral, la cual sería presentada a la Corte en las próximas semanas, la propuesta plantea implementar beneficios para las personas trabajadoras y optimizar el ambiente laboral”, informó la Oficina de Prensa.

Sin embargo, Laura Fernández enfatizó que no sería apropiado hablar de una afectación, ya que el salario global transitorio de esa institución deja el mismo monto en una misma categoría que el esquema anterior de una base más pluses.

Además, señaló que, en la formulación del salario global definitivo, será necesario aplicar el techo de ¢5.560.000 mensuales, que es el salario del presidente de la República, el cargo con la remuneración más alta dentro del Estado, conforme a la nueva ley.

Con la escala salarial transitoria, la Corte paga ¢599.906 a un auxiliar administrativo, mientras que un nuevo magistrado devenga ¢4.860.000 y un magistrado presidente ¢5.381.000. El fiscal general que sea contratado con el nuevo esquema gana ¢4.553.055 y el subdirector del OIJ ¢3.580.047 mensuales. Un integrante del Consejo Superior del Poder Judicial percibe ¢4.412.330.

El sistema de salario global representa un cambio significativo, al establecer remuneraciones con un monto único para cada categoría de puestos, en contraste con el antiguo esquema que comprendía salarios base más complementos, contribuyendo al incremento del gasto público.

El objetivo principal es que los salarios globales sean competitivos por sí mismos y generen ahorros en las remuneraciones del Estado. Esta medida se aplicará a las nuevas contrataciones, mientras que los empleados actuales experimentarán una transición gradual hacia la escala global.

El cálculo del salario global se basará en la evaluación de diversos factores para cada puesto de trabajo, como niveles de conocimiento y experiencia, peso en la consecución de metas institucionales, discrecionalidad para tomar decisiones y riesgos, entre otros.

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