Presidente de Guatemala cita a reunión a la fiscal que lideró ofensiva en su contra
Ciudad de Guatemala. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, citó a la fiscal general Consuelo Porras, a quien señaló de liderar un intento de “golpe de Estado”, a una reunión para el próximo miércoles en la que se espera que le pida la renuncia como previamente ha anunciado.
El mandatario, quien asumió el poder en la madrugada del pasado lunes, "envió este viernes una invitación formal a la fiscal general" para que "sostengan una reunión en el despacho presidencial", señaló el gobierno en un comunicado, sin precisar si le pedirá que dimita.
La cita está prevista para el 24 de enero a las 10:00 a. m. locales en el Palacio Nacional de la capital, según el texto.
El presidente socialdemócrata, de 65 años, anunció que esta misma semana citaría a Porras para pedirle la renuncia. Por ley, el mandatario no puede remover al fiscal general.
“La citaremos al despacho para pedirle la renuncia. Lo he dicho públicamente y lo reitero: en esa cita le solicitaré la renuncia y espero que tenga el buen sentido de entregarla”, dijo Arévalo el miércoles en una entrevista con la cadena de televisión CNN en español.
Porras, de 70 años y considerada por Estados Unidos como "corrupta" y "antidemocrática", es acusada por Arévalo, manifestantes y la comunidad internacional de "socavar" la democracia y poner en riesgo la transición presidencial por cuestionadas investigaciones.
La Fiscalía de Porras emprendió una persecución judicial contra Arévalo después de que este dio la sorpresa al colarse al balotaje en junio.
También logró que un juez suspendiera al partido de Arévalo, Semilla, por supuestas ilegalidades en su conformación en 2017.
Además, la Fiscalía considera que las elecciones del año pasado son "nulas" por presuntas irregularidades en las actas que contienen los votos.
Todas esas acciones fueron calificadas por Arévalo como un "golpe de Estado" para evitar que asumiera la presidencia.
Antes de los comicios, Porras arrastraba acusaciones de perseguir penalmente a fiscales, jueces y periodistas -muchos de ellos en el exilio- en represalia por sus investigaciones contra la corrupción.