Los protocolos de la Comunidad de Madrid para las residencias se vuelven contra Ayuso en los juzgados
En marzo de 2020 no existían cifras oficiales sobre cuántos ancianos morían en las residencias víctimas del coronavirus, pero las comunidades autónomas tenían claro que eran uno de los puntos negros del mapa de la enfermedad. Fueron los días en los que los militares entraron en los geriátricos para encontrar ancianos conviviendo con cadáveres, y también los días en los que la Comunidad de Madrid distribuyó unos protocolos que impidieron la hospitalización de miles de personas mayores que acabaron muriendo en las residencias sin acceso a un respirador o, directamente, a un médico.
La crisis sanitaria desbordó todas las previsiones y posibilidades del sistema sanitario español. Hospitales colapsados, sanitarios contagiados por la falta de material de protección y un desconocimiento entre la población sobre el funcionamiento de la enfermedad marcaron una primera ola que se cebó con las residencias. En Madrid, el 26 de marzo, la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció un "plan de choque" en los geriátricos: su Consejería de Sanidad asumía el mando único y establecía el traslado a hoteles o casas de ancianos sin infectar y sin patologías previas.
Lo que no explicaba ese comunicado, que atribuía personalmente a la dirigente regional la activación del plan de choque, era que en los días anteriores los altos cargos de la Sanidad madrileña habían firmado una serie de protocolos para residencias y hospitales en los que, en la práctica, obstaculizaban el traslado de miles de ancianos.
El documento llegó a tener seis versiones distintas, establecía criterios que giraban en torno al nivel de dependencia del enfermo o su discapacidad intelectual, y la propia Comunidad de Madrid se enzarzó con varias versiones sobre si fueron enviados o no a los centros. Enrique Ruiz Escudero terminó reconociendo que las versiones más graves de esos documentos sí llegaron a enviarse, después de que Isabel Díaz Ayuso lo negara.
Por el camino quedaron las críticas de Alberto Reyero, entonces consejero de Políticas Sociales, tanto en público como en privado. En público porque lo ha afirmado reiteradamente en entrevistas, intervenciones públicas y hasta en un libro. En privado porque se dirigió a Ruiz Escudero por email el 22 de marzo para alertarle de que no enviar a los ancianos a los hospitales supondría su muerte "en condiciones indignas". La pelea de la propia Comunidad, a nivel político, era responsabilizar al ejecutivo central y, en particular, al Ministerio de Derechos Sociales que dirigía entonces Pablo Iglesias.
Los devastadores efectos del COVID-19 en las residencias madrileñas desnudaron, por un lado, las carencias que estos centros arrastraban desde hacía años y que, tal y como explicó elDiario.es en este informe especial, siguen lastrando la vida de los internos. Por otro lado, quedó también al descubierto un desastre especialmente acusado en Madrid con más de 7.000 fallecidos en las residencias y una mortalidad cuatro veces más alta que en otras comunidades.
La Fiscalía llegó a abrir, en todo el país, más de 500 diligencias entre lo penal y lo civil, más de la mitad archivadas tres años después. Por su parte, familiares y afectados acudieron a los tribunales madrileños y las causas que sobreviven a la criba de los sobreseimientos e inadmisiones indagan en la misma dirección: los protocolos. De dónde salieron, por qué se firmaron y si eran o no de obligado cumplimiento. La última investigación reabierta en Collado Villalba apunta más alto: descubrir si la propia Isabel Díaz Ayuso puede ser responsabilizada.
El juzgado que, obligado por un organismo superior, ha reabierto una investigación por las muertes en una residencia de Torrelodones gestionada por Sanitas, arrancará la ronda de declaraciones el próximo siete de noviembre. Carlos Mur y Yolanda Fuentes, exaltos cargos de la Sanidad madrileña, y el exconsejero Alberto Reyero.
Todos tendrán que explicar lo que han relatado ya sobre los protocolos en otros juzgados y en la fallida comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. En el caso de Reyero, cómo se opuso a los protocolos en las primeras semanas de marzo de 2020 y cómo siempre lo ha relacionado con "la ausencia de medicalización de las residencias, la no derivación a plazas privadas o a IFEMA". Es decir, cómo la realidad y las medidas dejaron sin opciones a miles de ancianos, según su criterio.
Carlos Mur fue director general de coordinación socio sanitaria del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso hasta su destitución en mayo de 2020. Su salida de la administración madrileña, dijo la propia presidenta regional, no estaba relacionada con su papel en la elaboración de los protocolos que ahora investigan media docena de juzgados de Madrid.
Por el momento ha declarado ante dos juzgados de la Plaza de Castilla para lanzar el mismo mensaje. Los protocolos fueron creados a petición de los geriatras, que pedían alguna directriz en medio de la tormenta, pero no eran de obligado cumplimiento. Ha llegado a reconocer en sede judicial que no estaba de acuerdo con todo el contenido del protocolo pero que firmó para que los facultativos tuvieran algo en lo que apoyarse.
Defender su contenido pero negar que fuera obligatorio es una manera, en la práctica, de desligarse de los resultados de su aplicación, en este caso dejar en residencias sin medicalizar a miles de personas mayores que formaban parte de la población más vulnerable, en ocasiones conviviendo con los cadáveres de sus compañeros.
Los geriatras que han comparecido en las causas abiertas han explicado que seguían el protocolo llegado desde la Consejería de Sanidad, mando único en ese momento. En marzo, según publicó Radio Madrid, Mur llegó a reconocer que las residencias no fueron medicalizadas porque la Comunidad de Madrid envió sus medios técnicos y personales por dar prioridad, entre otros, al hospital de IFEMA.
Tres años y medio después del estallido de la pandemia, los protocolos vuelven a la Puerta del Sol por conducto judicial. Con varios juzgados de la capital investigando su origen y aplicación, la causa reabierta en el juzgado de Collado Villalba cumple con lo que dijo el Tribunal Supremo en diciembre de 2020 cuando rechazó medio centenar de querellas y denuncias, algunas de ellas contra Ayuso y su gobierno por las muertes en residencias: hay que investigar antes de exigir responsabilidades a la cúpula regional.
En la primera batería de diligencias no está solo escuchar los testimonios que ya han escuchado otros juzgados. La instructora ha pedido a la Comunidad de Madrid toda la documentación disponible: el plan de choque del 26 de marzo y todos los protocolos, con todas sus versiones, remitidos a los centros en esas primeras semanas de pandemia. Y cuántos trajes de protección y recursos sanitarios envió la Comunidad a las residencias.
La causa se dirige contra la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y sus entonces consejeros Enrique López y Enrique Ruiz Escudero, pero el juzgado no puede ser quien impute a la dirigente regional. Como presidenta de la Comunidad de Madrid está aforada ante el Tribunal Supremo, por lo que el recorrido de la causa pasa por, en todo caso, recopilar indicios y enviar el caso hasta el alto tribunal si la instructora considera que se le deben exigir responsabilidades legales por los protocolos y las muertes en la residencia de Torrelodones.
Además de las investigaciones judiciales y de la Fiscalía, las muertes masivas de ancianos en residencias madrileñas durante la pandemia se ha reflejado en dos comisiones: una en la Asamblea de Madrid y otra comisión ciudadana formada por distintos expertos. En el caso de la primera, llegó a celebrarse durante un tiempo pero el PP consiguió su desaparición con el apoyo de Vox después de la victoria electoral de Isabel Díaz Ayuso en 2021.
En las pocas sesiones que llegaron a celebrarse antes de los comicios de mayo, comparecieron los mismos altos cargos que ahora desfilan por distintos juzgados de Madrid: Carlos Mur y Alberto Reyero pero también, por ejemplo, el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología o Antonio Burgueño, ex director general de Hospitales durante la crisis. Mur, por ejemplo, descargó la responsabilidad de los protocolos en sus superiores. Burgueño, por su parte, calificó de "lamentable" que no se medicalizaran las residencias.
Esa comisión desapareció de la Asamblea de Madrid y los afectados decidieron crear la suya propia: una comisión ciudadana. Impulsada por Marea de Residencias y Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid, esta comisión ha juntado a expertos de diversos ámbitos como el exmagistrado José Antonio Martín Pallín, presidente de la comisión, la escritora Anna Freixas, la epidemióloga María Zunzunegui, el profesor de derecho constitucional Fernando Flores o la politóloga Cristina Monge.
Eduardo Ranz, en la primera sesión de la comisión, calificó de "fundamental" esta iniciativa. "Para reparar esta herida tan reciente, que necesitamos que el corazón deje de sangrar", afirmó. "Recuerdo caos, desinfección, poca limpieza, estaba súper mal gestionado", relató una trabajadora de una residencia pública madrileña que compareció en la comisión. "Era dejarles a su suerte, no tenemos ni tomas de oxígeno", explicó otra trabajadora del mismo centro.
Varios familiares relataron también cómo dejaron de recibir información sobre personas mayores ingresadas y cómo, incluso, dejaron de poder hablar con ellos. "Mi madre desarrolló una cardiopatía, tiene un tercer gado de dependencia y está en una residencia y pasan hambre. La Comunidad de Madrid va recordando cada vez más, no tiene ninguna empatía pero sí mucho edadismo, y eso nos está destrozando", dijo una mujer que perdió a su padre durante la pandemia y relató cómo es la vida de su madre actualmente.
"Nadie nos ha preguntado cómo estáis o qué necesitáis, nos sentimos abandonados", relató entre lágrimas en la primera sesión de la comisión ciudadana. "Que por fin se haga justicia con la generación que más luchó, que se partió el alma por sacar a sus hijos adelante y que murieron solos".