Sequías de han duplicado en última década; urge ley general de Aguas: IMCO

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que el número de sequías se ha duplicado a nivel nacional en la última década, un fenómeno que se agrava por el aumento de la temperatura debido al cambio climático, por lo que la aprobación de una nueva Ley General de Aguas —asignatura pendiente del Congreso de la Unión desde 2012— es urgente e inminente para desarrollar una regulación que fomente una eficiente gestión de los recursos hídricos.En México, la gestión de los recursos hídricos se divide entre la federación, los gobiernos locales y los organismos de cuenca, por lo que al compartir responsabilidades entre múltiples actores, es más fácil evadir el cumplimiento de las reglas, señaló el IMCO, pero el problema del agua en México se remite a una serie de desafíos relacionados con la gestión y el acceso a los recursos hídricos.Tras realizar un análisis del marco normativo, el IMCO indicó que para iniciar el camino hacia la resolución del problema, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) debe promover una mayor coordinación entre los responsables de la gestión del agua. Además, es necesario abordar el problema de la ausencia de actualización de los lineamientos para la extracción y uso de aguas, así como de las disposiciones para otorgar concesiones. Esto permite un control más estricto del empleo de los recursos hídricos con fines sostenibles y una mayor transparencia hacia los usuarios.Barreras para una mejor gestión del agua en MéxicoAdemás de la falta de coordinación entre actores públicos y privados, algunos de los obstáculos que identificaron son la falta de coordinación entre los actores del gobierno a distintos niveles, lo que dificulta el desarrollo y aplicación de políticas públicas eficientes para manejar los recursos de manera sostenible. “Esta es una de las principales razones que explican el pobre desempeño y mala gestión de las políticas públicas del agua en México. Legalmente, un estado puede cambiar su uso de suelo y afectar el régimen hídrico de toda la cuenca sin que otras entidades -potencialmente afectadas- puedan hacer algo al respecto”.El instituto también identificó la ausencia de actualización de las disposiciones para otorgar concesiones, ya que actualmente, la demanda de agua no está basada en la oferta real, y dicha demanda puede variar año con año debido a las sequías y a la disminución de las precipitaciones. Actualmente, la autorización de la utilización del agua —otorgado a través de una concesión— no está basada en la capacidad máxima de renovación del agua de los acuíferos o de las aguas superficiales. Aunque la disponibilidad puede variar a través de los años debido al cambio climático, esto no se refleja en la asignación de concesiones, de tal forma que existe el riesgo de sobreexplotación. La agricultura y el abastecimiento público son los sectores más vulnerables.Otras barreras son las eficiencias en los sistemas de medición y monitoreo, ya que 97 por ciento de los títulos de concesión registrados en el Registro Público de Derechos de Agua (Redpa) no tienen medidor y 93 por ciento no han sido verificados, lo que promueve el uso desmedido y ha provocado que las tomas clandestinas se hayan vuelto cada vez más comunes. “En México la extracción de aguas superficiales se realiza a través de infraestructura que suele ser financiada por el usuario final. Esto implica que los usuarios acceden al recurso directamente y promueve que dispongan de este para sus cometidos sin una regulación, medición y monitoreo pertinentes”.Asimismo, destacó que entre 2011 y 2018 el promedio de visitas de vigilancia anuales fue de 8 mil 129, mientras que entre 2019 y 2022 fue de 2 mil 334, lo que implica que México experimentó una reducción significativa en la vigilancia del uso del agua. El instituto destacó una importante reducción de financiamiento a la Conagua, pues el presupuesto de este organismo disminuyó aproximadamente 50 por ciento entre 2014 y 2022. Es decir, pasó de 63 mil millones de pesos a 30.3 mil millones, lo que afecta principalmente el área de vigilancia y monitoreo. A pesar de que en 2023 se incrementó a 68 mil 450 millones, sigue siendo insuficiente.“Las autoridades en los tres niveles de gobierno necesitan transitar hacia un marco legal y regulatorio que permita asegurar el acceso equitativo al agua y que garantice el derecho de los ciudadanos a un suministro de agua seguro, limpio y asequible. Aprovechar el mandato de expedir una nueva Ley General de Aguas será clave para iniciar el camino hacia una legislación y gestión más eficientes”.A partir de su diagnóstico, el IMCO propuso una serie de recomendaciones para la gestión sostenible del agua, una de ellas es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la Unión garanticen recursos suficientes para que la Conagua pueda invertir en tecnología y recursos humanos con el fin de desarrollar un sistema de información de recursos hídricos robusto y confiable. Además, recomienda que la Conagua y el Congreso de la Unión ajusten los volúmenes abiertos a concesionar para extracción de agua superficial o subterránea que reflejen la disponibilidad anual y no superen la disponibilidad ambientalmente sostenible. Y finalmente, que Conagua y Profepa garanticen inspecciones y vigilancia suficientes para los sistemas de aguas. Aunque es un mandato por ley, en la práctica estas acciones son limitadas e insuficientes para los riesgos que enfrenta el país en términos de contaminación y sobreexplotación, lo que abre camino a la corrupción y promueve un uso ineficiente del agua.​SCZ