El futuro del 'Pissarro' del Thyssen cae en manos del Tribunal Supremo de California

El futuro de 'Rue Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia', de Camille Pissarro , que se disputan el Thyssen -Bornemisza y la familia del dueño original del cuadro, tardará un tiempo en resolverse. La batalla legal entre los herederos de Lilly Cassirer y la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza se ha alargado durante 23 años y se extenderá más: un tribunal de apelación federal de EE.UU. decidió este lunes despejar una vez más la resolución del asunto y decidió consultar la cuestión principal del caso -qué legislación debe aplicar, si la de España o la de California, para decidir la propiedad del cuadro- al Tribunal Supremo de California. El cuadro se disputa desde 2005, cuando Claude Cassirer, nieto de Lilly Cassirer, y otros herederos exigieron su restitución, después de haberlo visto en las paredes del Thyssen en una visita a Madrid en 1999. La obra fue robada por los nazis a Lilly Cassirer, aunque después el estado alemán compensó a la familia en 1958 con el precio justo del cuadro. La justicia estadounidense dio la razón a la institución española: había que aplicar la ley española, cuya justicia ya había fallado a favor del Thyssen. Pero los Cassirer recurrieron y el asunto llegó el año pasado al Tribunal Supremo de EE.UU., que les otorgó una victoria y estableció que la norma procesal que se debe aplicar es la de California. Noticia Relacionada arte estandar Si André Butzer, expresionista a destiempo Carlos Delgado Mayordomo Es el mercado –y ahora el Museo Thyssen– los que avalan cierto tipo de pintura como la que representa este autor alemán La decisión del Supremo estableció que el tribunal federal inferior debería decidir si esa legislación procesal establece que la ley sobre propiedad robada que aplica en el caso es la española (el cuadro se quedaría en España) o la de California (regresaría a manos de los Cassirer). El tribunal del Noveno Circuito de EE.UU., formado por tres jueces, escuchó a las partes el pasado mes de diciembre. Cinco meses después, defiende que el asunto «supone ramificaciones importantes y no resueltas de política pública» y pide al Supremo de California que lo resuelva. No ha sido una decisión unánime. Dos de los jueces defendieron derivar el asunto al Supremo estatal, mientras que el tercero, Carlos Bea, disintió y defendió en una opinión particular que la legislación que debe aplicar es la española. Para Bea, es «evidente» que la ley que se debe aplicar es la española, defiende para justificarlo que el estado que tiene «interés predominante» en el caso es España y critica con fuerza a sus dos compañeros de tribunal por no hacerlo y acudir al Supremo de California. Como explica el propio magistrado en su decisión, la elevación del asunto al Supremo supondrá una patada a seguir considerable en la resolución del caso. De media, este tipo de preguntas al Supremo de California se contestan en un plazo de 500 días. «Es un retraso innecesario. La respuesta es obvia», dice Bea. «Los principios sobre ley aplicable exigen la aplicación de la ley española». Si ese plazo se cumple, no se sabrá nada nuevo sobre el futuro del 'Pissarro' hasta finales del año que viene.