El nearshoring y los ‘cuellos de botella’
“México está en el mejor momento para recibir nuevas inversiones. ¡La relocalización ya es una realidad!”.
Esa fue la frase con que la Secretaría de Economía remató un tuit donde informó que al cierre del primer trimestre del año, la inversión extranjera directa ascendió a 18 mil 636 millones de dólares.
Dicho monto, según la dependencia, es 48 por ciento superior al de igual periodo de 2022, sin considerar las inversiones extraordinarias por la fusión Televisa–Univision y la reestructura de Aeroméxico.
Si bien la cifra está sujeta a revisión, el flujo trimestral representa un retroceso de 4 por ciento respecto al dato preliminar reportado para el primer trimestre del año pasado.
El nearshoring en México, que no es otra cosa más que la relocalización en el país de plantas manufactureras y proveedores de la industria estadounidense ubicados en otras regiones, sobre todo en Asia, sigue siendo parte del debate público.
El anuncio del establecimiento de la gigafactory de Tesla en Santa Catarina, Nuevo León, mediante una inversión que asciende a 5 mil millones de dólares para producir un millón de autos eléctricos al año, revivió la discusión sobre el impacto de la relocalización de cadenas productivas.
El Banco Interamericano de Desarrollo calcula que la relocalización de empresas en la región puede representar una ganancia de 64 mil millones de dólares en nuevas exportaciones latinoamericanas de bienes, donde México sería el país más beneficiado con más de 35 mil millones de dólares al año, seguido de Brasil con 7 mil 800 millones.
Esto se debe a diversos factores, comenzando por la cercanía geográfica de México con Estados Unidos y la existencia del T-MEC, que le da acceso al mercado norteamericano.
Además de su cercanía con EU, que es el incentivo principal, otros factores que hacen atractivo a México como destino para el traslado de la producción de empresas que surten al mercado estadounidense son el nivel de salarios y la existencia de una fuerza de trabajo calificada.
Esta semana Banco Base publicó un amplio reporte donde analiza detalladamente las condiciones para aprovechar las oportunidades que se abren ante la relocalización de cadenas productivas.
De entrada, plantea que si México sentara las bases para aprovechar al máximo la oportunidad del nearshoring, la inversión extranjera directa alcanzaría flujos anuales de entre 55 y 60 mil millones de dólares durante los próximos tres a cinco años.
Esto brindaría la oportunidad de que las exportaciones no petroleras se duplicaran en ocho años.
Además, el PIB de México crecería alrededor de 3.5 por ciento anual, habría mayor creación de empleo formal, la tasa de informalidad bajaría de 50 por ciento –actualmente es de 55 por ciento– y el tipo de cambio bajaría de su nivel actual y se estabilizaría en alrededor de 16 pesos por dólar.
En su reporte, Banco Base advierte que para que México aproveche la oportunidad del nearshoring se deben dar tres condiciones:
1. Gobernanza que genere certidumbre: Estado de derecho, baja inseguridad pública y políticas económicas internas que fomenten buen ambiente de negocios.
2. Paquetes de estímulos fiscales orientados al recibimiento de nearshoring.
3. Búsqueda activa de inversiones extranjeras que desean relocalizar su producción: promoción de México en el exterior como destino atractivo de inversión física.
Para que México pueda aprovechar las oportunidades que se abren en distintas industrias con la reconfiguración de cadenas productivas, sin duda tiene que atender los factores considerados como desincentivos, donde las condiciones relacionadas con el Estado de derecho son las más preocupantes.
El comentario viene a cuento por el anuncio de que, a las 6:00 horas de este viernes, personal armado de la Secretaría de Marina tomó las instalaciones de Ferrosur, empresa de transporte ferroviario de Grupo México, en el tramo que va de Coatzacoalcos a Medias Aguas, Veracruz.
En paralelo, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el que declara de “utilidad pública” y se ordena la ocupación temporal e inmediata del tramo ferroviario por parte del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, empresa de participación estatal mayoritaria.
Aunque las reformas recientemente aprobadas y promulgadas a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario incorporan la figura de asignación otorgada por el presidente para que paraestatales operen ferrocarriles por tiempo indefinido, no deja de ser inquietante la toma de activos de movilidad por parte de fuerzas castrenses.
El hecho genera incertidumbre y puede convertirse en un inhibidor de nuevas inversiones.