El Gobierno enfría la reforma de la sedición y busca a ERC en vivienda y 'ley mordaza'
Pedro Sánchez ve el camino expedito para la aprobación de los que serán los últimos Presupuestos de la legislatura después de que ERC, PNV y EH Bildu hayan renunciado a presentar enmiendas a la totalidad. Aún así, en el Gobierno son conscientes de que tendrán que ceder en la negociación que, más allá de las transferencias e inversiones autonómicas, se centrará en leyes encalladas, como la de vivienda o la derogación de la ‘mordaza’. Lo que enfrían en el Ejecutivo es la reforma del delito de sedición, a pesar del compromiso alcanzado con ERC en la mesa de diálogo para impulsar medidas para la “desjudicialización” del conflicto catalán antes de que acabe el año.
El presidente del Gobierno reiteró este viernes su intención de modificar el Código Penal para homologarlo al resto de democracias europeas. “Ese compromiso se tiene que fraguar en las Cortes y para eso necesitamos apoyos parlamentarios y, a día de hoy, no parece que los tengamos. Pero tenemos el compromiso de que si se produce una mayoría parlamentaria, cumpliremos con un compromiso de investidura, uno personal mío”, aseguró Sánchez, que lanzó la patata caliente a ERC.
El Gobierno ha superado la mayoría absoluta que se requiere para cambiar el Código Penal en multitud de ocasiones con sus aliados parlamentarios. Pero lo que consideran en el Ejecutivo es que los republicanos tienen dificultades para aceptar modificaciones en la tipificación de la sedición que sería tanto como asumir que el 1-O se cometieron delitos en Catalunya. También apuntan a que cambios hacia la homologación con otros países europeos facilitarían el regreso de Carles Puigdemont, que hasta ahora se ha librado por el rechazo de las euroórdenes en países como Alemania o Bélgica.
No obstante, se supone que Moncloa y el Govern trabajan desde hace tiempo en una serie de cambios legales que pasarían por la reforma de la sedición (que beneficiaría principalmente a dirigentes como Marta Rovira) y que estarían dirigidas también a decenas de cargos intermedios que aún se enfrentan a procedimientos que implican penas de inhabilitación y cárcel por delitos de malversación relacionados con el procés. Ese fue el compromiso en la reunión de la mesa de diálogo en julio. Fuentes gubernamentales aseguran que no se han producido prácticamente avances.
"Todo el mundo cuenta las cosas como le parece más conveniente, pero también es evidente que la misma mayoría que sirvió para hacer una investidura y en alguna ocasión ha servido para hacer unos Presupuestos, y la misma mayoría que tal vez pueda acabar votando unos Presupuestos, es perfectamente capaz de votar una reforma del Código Penal", fue la respuesta que le dio el mismo viernes el líder de ERC, Oriol Junqueras, a Sánchez.
Tanto el Gobierno como la dirección de ERC quieren separar públicamente la denominada desjudicialización de la negociación presupuestaria o de otras leyes en el Congreso. Los de Oriol Junqueras prefieren poner el foco en el incumplimiento de las inversiones y en las transferencias así como en vivienda en un momento en el que gobiernan en solitario con una importante presión de Junts, su competidor en el independentismo. “Esquerra Republicana considera imprescindible que todos los actores contribuyan a generar las condiciones de confianza necesarias para mantener vivas las negociaciones en marcha, con el objetivo de poder llegar a acuerdos”, señalaba de forma genérica el comunicado en el que los republicanos anunciaban que no presentarían enmienda a la totalidad a las cuentas de 2023. .
“Hablamos de Presupuestos cuando hablamos de Presupuestos y puede ser que a lo largo de la tramitación ERC quiera meter alguna ley que esté en tramitación en el Congreso, insisto ley en tramitación”, afirmó el jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En el Gobierno dan por hecho que la ley de vivienda será uno de los principales escollos con los aliados de izquierdas, que exigen más ambición en la regulación de los precios del alquiler. Fuentes gubernamentales admiten que “hay poco margen” dado que quieren imponer límites solo a los grandes tenedores y “proteger” a los pequeños propietarios.
La otra exigencia que en el Gobierno creen que se van a encontrar por parte de sus aliados es el desbloqueo de la ‘ley mordaza’. Y cuanto más se estiran los plazos de trabajo, más cunde el pesimismo sobre una posible fumata blanca. Tras casi tres años de legislatura se han celebrado un total de 28 reuniones previas a la ponencia que, en teoría, debía conducir a la derogación de la ley de seguridad ciudadana instaurada por el PP y contra la que la izquierda manifestó una oposición frontal. De hecho, siempre fue un compromiso electoral de Pedro Sánchez y de Unidas Podemos y aparece como tal en el acuerdo de coalición.
El último de los encuentros se celebró este jueves, aunque está previsto que se retomen la semana que viene. Por primera vez se ausentó de esa cita el portavoz de Junts, pero el resto de asistentes pudieron constatar que el bloqueo sigue intacto. “Ojalá la semana que viene podamos contar otra cosa, pero cada vez lo vemos más negro. No se avanza, se ha enfriado todo y no hay percepción de que el acuerdo esté cercano”, cuenta a este periódico uno de los diputados que acudió a la reunión. Es sintomático que ni siquiera los grupos parlamentarios más abiertamente contrarios a la ley mordaza contemplen ya a estas alturas que sea posible cumplir con el compromiso de derogarla, y todo el mundo vería con buenos ojos una mera reforma.
“Se trata de que seamos capaces, al menos, de eliminar los artículos más lesivos, que son los que siguen encallados”, plantea otro diputado que explica que durante todo este tiempo se habían conjurado para avanzar en aquellos asuntos más fácilmente abordables para dejar para el final los más complejos de acordar. “Pero es que con esos asuntos no se mueven en nada, y son los más importantes”, apunta en referencia a la falta de acuerdo con el PSOE y a elementos como las pelotas de goma, los delitos de desobediencia, las faltas de respeto la autoridad o la responsabilidad civil de los convocantes de manifestaciones en las que se produzcan disturbios.
Todos esos temas son líneas rojas para formaciones como EH Bildu y ERC, cuyo apoyo es imprescindible para que salga adelante cualquier reforma de la ley. En el caso de las pelotas de goma, fuentes de la negociación apuntan a que el PSOE se niega a firmar un compromiso que implique la prohibición de uso o ni siquiera la sustitución de esos elementos antidisturbios por otros parecidos pero que estén fabricados de un material menos lesivo. Y se apoyan para ello en informes del Ministerio del Interior. Fuentes gubernamentales sostienen que es “imposible” renunciar al uso de ese tipo de material y que hay protocolos de actuación con distintos grados. No obstante, en el Gobierno se declaran “optimistas” sobre los avances en la ley mordaza, aunque admiten que ese es un gran escollo y apuntan también a un enquistamiento respecto a las devoluciones en caliente.
Una situación parecida a la de los apartados que tienen que ver con la desobediencia o faltas de respeto a la autoridad, que para muchos grupos implica que, en la práctica, se reproduzcan situaciones de sanciones arbitrarias en los que la ciudadanía o incluso los medios de comunicación quedan en situación de total indefensión frente a una actuación policial que pueda resultar injusta. Y hay un temor cada vez más generalizado entre los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno en el Congreso: el de que toda la actividad legislativa que no sea desbloqueada antes de final de año caiga irremisiblemente en el olvido. Porque nadie confía en que la efervescencia electoral de 2023 permita resquicios a cualquier actividad política que no sea la pura campaña.