BN y BCR advierten de aumento de tasas de interés por proyecto para centrar liquidez del Estado
Gerentes de los bancos Nacional (BN) y de Costa Rica (BCR) advirtieron en la Asamblea Legislativa que el actual proyecto de ley para centralizar la liquidez de las instituciones del Estado, aumentaría las tasas de interés de los créditos, reduciría el volumen de su oferta y distorsionaría el mercado secundario de títulos valores.
La iniciativa, propuesta por la Contraloría General de la República (CGR), plantea trasladar al Banco Central de Costa Rica (BCCR) las cuentas de las instituciones públicas, con el fin de reducir presión a las transferencias que el Gobierno debe hacer a diversas entidades porque se conocería, en tiempo real, la verdadera liquidez de cada una.
El ahorro al centralizar esa liquidez, de acuerdo con la CGR, sería del 1% del producto interno bruto (PIB) anual (¢432.000 millones si se usa de referencia la proyección de crecimiento del 2022) por la reducción en el pago de intereses (0,5%), costos operativos (0,4%) y comisiones bancarias (0,1%).
Allan Calderón Moya, gerente de estrategia y experiencia al cliente del BN, y Douglas Soto, gerente del BCR, afirmaron en la comisión legislativa de asuntos Hacendarios que el aumento en las tasas de interés derivarían del retiro de las cuentas de las instituciones en esas entidades, para trasladarlos al BCCR.
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“No sabemos si el impacto es desde los ¢160.000 millones hasta ¢750.000 millones de posibles salidas al pasarse a Caja única”, indicó Calderón Moya. La duda en el monto, añadió el gerente del BN, obedece a que el proyecto no aclara el concepto de liquidez.
“Para nosotros los banqueros la definición es importante porque con base en eso es como hacemos la asignación de las colocaciones de créditos. Lo cierto, añadió, es que se generaría un hueco al retirar esos recursos, lo que implicaría salir al mercado a captarlos para afrontar los problemas de liquidez.
“Ese impacto puede llegar a ser, a pesar de la gradualidad (en la aplicación) del proyecto, de hasta un 20% del saldo total de pasivos en el Banco Nacional”, indicó Calderón Moya.
El hueco en la liquidez y la presión por captar recursos en el mercado nacional, para volver a realizar préstamos, añadió, aumentaría la tasa básica pasiva (referencia para los créditos en colones) entre un 0,5% y 1%.
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Al mismo tiempo, el faltante reduciría aproximadamente 1,2% la oferta crediticia total del sistema financiero. “Serían ¢50.000 millones de colones menos que, en caso del Banco Nacional, dejaríamos de colocar por efecto de esa iliquidez. Estamos hablando de alrededor de 730 créditos a la actividad productiva y 1.200 en vivienda”, detalló Calderón Moya.
Por otra parte, el gerente del BN, indicó que para liberar recursos de las instituciones, se tendría que vender títulos valores en el mercado secundario, por entre ¢300.000 millones y ¢400.000 millones, para trasladarlos al BCCR.
“Esa presión en el mercado, inmediatamente, tiene implicación directa sobre los precios hacia la baja y va a repercutir sobre todos los poseedores de los instrumentos financieros”, advirtió el gerente del BN.
Por su parte, Douglas Soto, gerente del BCR, añadió que, con una situación económica adversa, con medidas del BCCR para controlar la inflación, la liquidez del banco se vería afectada en alrededor de ¢400.000 millones por las salidas.
“Tendremos menos recursos para afrontar las demandas de créditos y, por ende, tendríamos que salir al mercado financiero a buscar esos recursos para satisfacer las demandas de créditos. Eso va a hacer crecer las tasas activas. Suponemos un crecimiento de tasa activa de 100 puntos bases (1%)”, aseguró Soto.
Frente a esas circunstancias, Soto sugirió a los diputados establecer un plazo de implementación del proyecto de 60 meses, en vez de 48 meses como lo establecería la actual redacción, para que los efectos sean menores.
La centralización de la liquidez, de acuerdo con el proyecto planteado por la CGR, evitaría que las entidades públicas guarden su dinero en numerosas cuentas de bancos comerciales.
Esta dispersión provoca que las instituciones reciban transferencias del Gobierno Central, acumulen millonarios superávits y luego le presten los fondos al propio Gobierno mediante la compra de bonos para ganar intereses, según el ente contralor.