Régimen de Blanqueo para la Construcción: de qué se trata la nueva medida que anunció Sergio Massa

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este sábado que a partir del lunes se publicará un Decreto para darle vigencia al nuevo Régimen de Blanqueo para la Construcción, que incorpora beneficios fiscales para las empresas del sector en el marco de la búsqueda del crecimiento y financiamiento de proyectos afines.

Esta medida integra la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda Nº 27.679, que fue prorrogada un año más por el Senado el pasado 10 de agosto.

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Este fue uno de los pedidos específicos que Massa le hizo al Congreso nacional, que también incluía el proyecto de promoción agroindustrial, la ley automotriz y autopartista, y la ampliación del régimen de fomento de la biotecnología incorporando la nanotecnología.

RÉGIMEN DE BLANQUEO: DE QUÉ SE TRATA

Desde el Palacio de Hacienda explicaron que la reglamentación de la AFIP estará vigente el miércoles y plantea una declaración voluntaria de tenencia de moneda nacional y extranjera.

Los fondos alcanzados por un impuesto especial serán del 5% en una primera etapa, vencidos los primeros 90 días será del 10% y luego del 20%.

"Esta medida de alivio fiscal es clave para impulsar el crecimiento y la financiación de una de las industrias más pujantes del país. Cuando trabaja la construcción, trabajan las actividades a su alrededor, se crean empleos, se mueve la economía y la Argentina crece", dijo Massa en la publicación del anuncio.

El ministro había adelantado la medida en un discurso hecho en el Consejo de las Américas el pasado jueves: "El lunes vamos a estar poniendo en marcha un régimen que promueve desde la libre disponibilidad de dólares y beneficios impositivos la posibilidad de aumentar la inversión privada en materia de construcción".

Todavía persiste la expectativa por otros proyectos anunciados junto al nuevo régimen para la construcción, los cuales incluyen tres mecanismos REPO de financiamiento, dos líneas de crédito (una para aumento de capacidad instalada y bienes de capital y otra vinculada a la primera exportación PYME) y un decreto que permitiría transformar los programas sociales en planes de empleo.

Este último habilitaría a quien hoy es beneficiario de un programa social acceder al mercado de trabajo, mientras que el empleador tiene bonificados los aportes y contribuciones (sólo paga obra social y ART y sindicato), y el Estado sigue pagando durante un año la base del programa y el empleador completa el salario de convenio.