La jueza que investiga a Rajoy encarga a la policía intercambiar con España información sobre la operación Cataluña

La jueza de Andorra que investiga si el Gobierno de Mariano Rajoy presionó a los responsables de la Banca Privada Andorrana (BPA) para acceder a información de las cuentas de Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras, ha encargado a la policía del principado que lleve a cabo todas las investigaciones oportunas por el «esclarecimiento de la verdad». Para ello, la instructora les autoriza a intercambiar información sobre la operación Cataluña con las autoridades españolas y otros «cuerpos judiciales extranjeros». «Dada la naturaleza de las infracciones y las circunstancias en las que se habrían cometido, y ha habida cuenta de que los hechos guardan cierta relación con la entidad BPA es necesario nombrar a los agentes de policía judicial que han tenido conocimiento de las diferentes causas judiciales que afectan a la entidad BPA«, argumenta la magistrada en una providencia fechada el pasado mes de mayo a la que ha tenido acceso ABC. Así que serán los agentes de la unidad de investigación económica y financiera del principado, a los que se les hará entrega de la copia íntegra de la causa, los que liderarán las pesquisas. Fue el pasado mes de junio cuando la justicia del Principado de Andorra imputó al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presuntos delitos de coacciones contra los órganos constitucionales. También al que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por presuntos delitos de coacciones, amenazas, extorsión y chantaje, además de un delito de falsedad.  La instructora, entonces, libró una comisión rogatoria a España para que designaran un abogado. La lista de investigados la completan el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez y el exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó. Las pesquisas arrancaron en 2016 a raíz de una denuncia presentada por el dueño de la BPA, Higini Cierco . En su declaración en sede judicial aseguró que tanto él como otros responsables del banco fueron coaccionados y extorsionados por el inspector Celestino Barroso, agregado de Interior de la embajada española en Andorra y por el que fuera jefe de Asuntos Internos Marcelino Martin Blas. Según su versión, les amenazaban con el cierre de la entidad bancaria si no facilitaban datos de cuentas de líderes independentistas. La querella entonces se amplió y el Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA) y la entidad de Juristes Drets reclamó la imputación del entonces Director Adjunto Operativo de la policía, Eugenio Pino- superior de ambos-,y el inspector jefe Bonifacio Diez Sevillano, a los que también acusaban de utilizar «vías ilegales» para la obtención de información bancaria. Todos ellos ya fueron citados ante la justicia pero nunca se presentaron. La jueza ha vuelto a remitir comisiones rogatorias insistiendo en su comparecencia. Sobre el papel del exministro Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez y el exdirector de la Policía, Ignacio Cosidó, los querellantes destacan que eran los superiores de los agentes policiales que actuaron sobre el terreno. A Rajoy, le acusan de «haber intimidado al Jefe de Gobierno andorrano y sus ministros» durante una visita oficial que tuvo lugar en el Principado el 8 de enero de 2015 para que intervinieran y liquidaran la BPA. Los querellantes les atribuyen, además, un ilícito de creación, uso y comercialización de documento falso por enviar información «falsa» al FinCEN americano (Finanzas Crime Enforcement Network, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos), para que emitiera una alerta en contra de la BPA, «sobre una hipotética práctica de blanqueo de capitales por parte de la entidad bancaria andorrana, que habría precipitado su intervención y liquidación el 10 de marzo de 2015».