Un estudio de la Universidad de Alicante -por encargo de la Generalitat Valenciana- advierte de que la tasa turística que imponen Compromís y Unides Podem al gobierno de Ximo Puig agravará la inflación actual y resultará «contraproducente» en destinos como Valencia e «infructuosa» en los de sol y playa. Presentado en Benidorm por el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer , este trabajo titulado «La Tasa Turística: un análisis sobre su idoneidad en la Comunitat Valenciana» concluye que la implantación de este nuevo tributo «en síntesis, actualmente y, al menos, en el medio plazo no sería oportuna y no estaría relacionada con la actividad turística en general, sino con un determinado modelo de desarrollo turístico». Supondría un aumento de tarifas y esto dejaría «muy comprometida la rentabilidad del sector cuando más lo necesita, agravada por competir con destinos de similares características de otras comunidades sin esta tasa como Andalucía, Canarias o Murcia». Por zonas, el estudio diferencia el caso de Benidorm como «referente» de turismo de sol y playa y «uno de los destinos más sostenibles tanto de España como de Europa», lo que favorece un menor coste de los servicios. También destaca que la mayor parte del tejido productivo recae sobre miles de propietarios locales. En cuanto a los otros principales destinos de sol y playa asociados en gran parte al turismo nacional (Torrevieja, Gandia, Dénia, Peñíscola, Xàbia o Calp), considera que el alcance de la tasa sería limitado y, por tanto, «infructuoso». Es algo que estima recurrente en la mayoría de destinos de sol y playa de la Comunitat. En los destinos urbanos, el informe señala que Valencia y Alicante necesitan fortalecer su marca turística mientras Castellón de la Plana y Elche requieren de una demanda mayor, con lo que «la política de reducción de tarifas sigue siendo relevante en estos destinos y, consecuentemente, contraproducente la aplicación de la tasa». Por último, en destinos de interior o rurales como Alcoy, Requena o Morella también estima «contraproducente» la aplicación de la tasa por su efecto en las pernoctaciones y en la consolidación de empleos donde más se necesita. Colomer se ha opuesto reiteradamente a esta nueva carga fiscal consensuada entre los socios de los socialistas en el Ejecutivo valenciana, pendiente de tramitación parlamentaria y que tendría carácter voluntario a aplicar por cada ayuntamiento a partir de 2024. Según recoge el informe, la tasa por pernoctación está consolidada en muchas ciudades a nivel internacional y se identifica como un impuesto finalista en el que «su recaudación debería destinarse a compensar al destino por parte de los visitantes de los costes de los servicios se consumen (...), aunque no siempre esa finalidad se cumple y puede destinarse a corregir déficits de financiación en otras parcelas». Tras recordar que se aplica en Cataluña desde 2012 y en Baleares desde 2016, repasa argumentos a favor como que los turistas no pagan impuestos por el consumo de recursos en el destino. Pero matiza asimismo que «no es cierto, porque los impuestos recaudados en la Comunitat vinculados a la actividad turística en 2019 ascendieron a 3.849 millones, lo que supone el 15,3% del total». Para los expertos, son tributos «cuantiosos y superiores a los correspondientes a la tasa», con lo que entienden que el esfuerzo se debería centrar en gestionar «lo mejor posible» los ingresos actuales antes que aplicar otros y destacan además las aportaciones para los próximos años previstas por la Generalitat con fondos europeos Next Generation. A su juicio, tampoco hay que «pasar por alto» la reducción del 10% de las tasas autonómicas anunciada recientemente por el 'president', Ximo Puig, que supondría «una cierta contradicción« con la implantación de un impuesto a las pernoctaciones. «Discriminación a los alojamientos reglados» Otra de sus advertencias es que la tasa dejaría fuera a las formas de alojamiento entre particulares no declaradas, lo que «supone un elemento discriminatorio». Apuntan al respecto que el alojamiento reglado solo supone el 44% de los turistas en la Comunitat y «apenas un 23% de las pernoctaciones» frente al 60% en Catalunya y el 80% en Balears. También señalan que la tasa actualmente está en vigor en ciudades con «iconos mundialmente reconocidos» como París, Venecia o Barcelona que cuentan con «una demanda más rígida» y necesidades específicas por su masificación en comparación a los destinos valencianos. En esta línea, los investigadores rechazan la afirmación «poco contrastada» de que un máximo de tasa de 14 euros por persona y viaje no desincentiva la demanda, «sobre todo en lugares con el riesgo de touroperadores que planteen destinos alternativos» . Si se aplicara en la Comunitat, el alojamiento reglado ya habría subido la tarifa, vaticinan. Por contra, en su opinión, para que la tasa no supusiera problemas salvo un posible impacto reputacional, debería ser asumida por las empresas , aunque remarcan que esto pondría en riesgo su supervivencia y el empleo ya afectado por el contexto de crisis. Y aseguran que la «realidad» de la aplicación en otros destinos es que la recaudación acaba destinándose a otras partidas no relacionadas con el turismo. En cuanto a la situación actual del sector, los expertos reconocen que se aprecia un cierto « efecto rebote» en los últimos meses tras dos años de pandemia, a pesar de la inflación actual. Recuerdan además que ante una situación de crisis, el sector de la Comunitat «suele responder mediante una reducción de tarifas» para mantener la demanda. «Injusta y turismofóbica» El alcalde de Benidorm, Toni Pérez , ha concluido que es «contraproducente, contradictoria e injusta» y tras la exposición de su análisis por los profesores María Reyes González y Armando Ortuño , ha concluido que se trata de «un nuevo impuesto político que pretende inocular en la sociedad el concepto de que el turista no deja nada en destino». Tras lo que precisó que nada es más opuesto a la realidad. También ha lamentado que en este tema «falta mucho diálogo» y sobran «monólogos y tutela del municipalismo». Su conclusión es que perjudica a Benidorm y es un impuesto que se pretende «en un momento en que fiscalmente se deberían bajar impuestos a nivel autonómico y nacional», e insiste el alcalde en que «se penaliza lo que funciona», calificando de « sentimiento turismofóbico» el insistir en su aplicación en «una comunidad que tiene una ley de hospitalidad». En equipo redactor del estudio lo han integrado los profesores Armando Ortuño Padilla, Mª Reyes González Ramírez, José Luis Gascó Gascó, Jairo Casares Blanco y Francisco Monllor Fuster, todos ellos miembros del IUIT de la Universidad de Alicante. Al acto moderado por el secretario autonómico de Turismo han asistido representantes de asociaciones turísticas y del sector, ediles y diputados autonómicos.
