Si la Ley de Memoria Histórica aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue un trampantojo, ya que la memoria es individual y la historia es colectiva –lo que llevaría a que habría tantas historias como individuos–, el proyecto de Ley de Memoria Democrática recién aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez roza el fraude de ley. Se trata de una norma que trastoca fechas, asume funciones del Poder Judicial y ha sido negociada con los partidos a los que favorece esa ley, y ello roza la prevaricación. A estos extremos llega un señor dispuesto a todo para perpetuarse al frente del Gobierno, a tal nivel de servidumbre ha llegado su partido, y tal es el desconcierto que existe en la oposición. Soy consciente de las gravísimas acusaciones que acabo de hacer, pero he esperado inútilmente reacciones indignadas de todas partes. El hecho de que el Gobierno haya negociado con EH-Bildu, los herederos de ETA, que se investiguen las violaciones de derechos humanos en España hasta diciembre de 1983, cuando ya estaba vigente la Constitución e incluso había habido un cambio de gobierno, con Felipe González, cuya idoneidad democrática nadie pone en duda, puede entenderse como que el franquismo aún regía. Y se nos dice que es solo una extensión de la norma anterior mientras se determina qué víctimas pudo haber entre quienes defendieron la llegada de la democracia frente a la dictadura. Pero el mero hecho de debatir con los sucesores de los asesinos de casi mil inocentes muestra una debilidad ante ellos y un agravio a las víctimas. Algo parecido puede decirse del encuentro entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès, de presidente a 'president', para ver el modo de reanudar la llamada 'mesa de diálogo' sobre el problema catalán. Como acuerdo solo hubo que volverá a reunirse la mesa en Madrid antes de que finalice este mes de julio. Pero hubo un encuentro previo entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la consejera catalana de la Presidencia, Laura Vilagrà, del que salió un 'acuerdo marco para el diálogo y la negociación', en el que ambos gobiernos «acuerdan contribuir al fin de la judicialización del conflicto político, garantizando la seguridad jurídica». No solo son palabras mayores, sino que también son las palabras que vienen buscando los independentistas: sacar el 'problema' catalán de los tribunales y convertirlo en simple divergencia ideológica. Por ese camino, pronto lo veremos convertido en un apéndice de la Liga de Fútbol Europea. Lo que más indigna a quien pueda analizar los términos de ese 'acuerdo marco' es que esto ocurra precisamente cuando quienes más odian a España, la extrema izquierda y los cesionistas, atraviesan sus horas más bajas. La agresión de Vladímir Putin a Ucrania desde hace ya cinco meses ha revelado lo que es el comunismo: una ideología semirreligiosa que exige a los ciudadanos la entrega no solo de su cuerpo, sino también de su espíritu, y que reniega de los tres principios de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. «Libertad, ¿para qué?», preguntó Lenin a Fernando de los Ríos cuando le preguntó sobre ella. En cuanto a la igualdad, no existen mayores diferencias sociales que en el sistema comunista, donde la élite del partido, aparte de gozar de todas las comodidades propias de la burguesía que pretenden erradicar, puede comprar en ciertos establecimientos de lujo con rublos convertibles. Al menos en el capitalismo, los dólares de un Rockefeller son los mismos que los de su chófer. De la fraternidad es mejor no hablar: ya ven ustedes lo que las tropas rusas están mostrando en Ucrania, a la que quieren destruir completamente al no conseguir rendirla por su eficaz resistencia en buena parte de sus territorios. No importa cómo acabe aquella masacre. Este baldón va a pesar sobre la extrema izquierda como una piedra de molino al cuello. Y no se trata sólo de la resurrección de un Iván el Terrible, sino del sistema en sí, se asiente donde se asiente, sea en China, en Cuba, en Nicaragua o en Venezuela. El mismo, por cierto, que quieren vendernos en pleno año 2022 los socios del Gobierno, tanto los de la coalición, es decir, Podemos en sus distintas facciones, y en segundo lugar todos los nacionalistas e independentistas que promueven regímenes de extrema izquierda. De hecho, eso es lo que puede decirse de los nacionalistas, secesionistas, independentistas, o como quieran llamar a quienes dedican su tiempo y esfuerzos a diferenciarse de España, con un parlamentario que suele ser el más osado y con menos escrúpulos de la provincia. ¿Qué harían Zamora, Teruel o la propia Vizcaya o Barcelona sin la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante la oleada de pavorosos incendios que sufren? Es algo que empieza a calar en el gran público y que ha contribuido al desprestigio del nacionalismo, en guerra abierta entre ERC y Junts tras el fracaso de su 'procés', y que solo ha logrado hacer retroceder a Cataluña, que un día fue casi la única región española con auténtico nivel y presencia europea respecto al resto de España. No renuncian a su sueño como nación y Estado, pero prefieren ir paso a paso. Y mucho me temo que la famosa «desjudicialización» de que les hablaba les permita obtener la amnistía para ese catalán errante por las capitales europeas que es Carles Puigdemont, ahora que la Abogacía General comunitaria es partidaria de su entrega a España porque se ha pervertido el sistema de la euroorden. La última causa de este incendio es un personaje siniestro, y no lo digo por su ideología, que se reduce a 'su persona', sino por su narcisismo, osadía y labilidad, que los últimos años entra y sale de la escena política española consumiendo asesores como las diligencias consumían caballos. Ahí tienen a Adriana Lastra, «más roja que su falda», lista para un cargo de relumbrón sin poder alguno, ahora que el señorito ha decidido hacerse proamericano y 'chupa' cámara junto a Su Majestad el Rey Felipe en cuantos eventos puede. Aunque su mayor fallo no es ese, sino su ignorancia. Y él lo sabe.
