Ministra Maisa Rojas recalcó compromiso del gobierno con un proceso de transición socioecológica justa
Este miércoles la comisión de Medioambiente del Senado llevó a cabo la sesión especial en la que participaron la ministra de la cartera, Maisa Rojas, y el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, con el objeto de profundizar en los alcances del cierre de la Fundación Ventanas de Codelco, cuyo proceso aseguraron desde el gobierno tomará por lo menos cinco años.
En la instancia, el jefe comunal insistió en que la decisión del Ejecutivo no fue informada a la comunidad y manifestó sus reparos respecto de las medidas de protección para los trabajadores contratistas.
En concreto, apuntó que en el anuncio del gobierno “se indica la protección a los trabajadores contratados directamente, pero me deja bastantes cuestionamientos pensar en los contratistas que se les garantiza cinco años, pero eso justamente es el proceso que dura el desmantelamiento de la planta y después van a quedar totalmente vulnerables. Lo segundo es que cuando hablamos de inversión local no estamos considerados dentro del discurso del gobierno como comuna y yo creo que eso es tremendamente relevante”.
“Por eso considero que esta decisión, al no ser considerados como autoridades locales junto a nuestra comunidad, nuestros dirigentes sociales, los propios sindicatos de las otras empresas del cordón industrial, tenemos mucho que decir. Por lo tanto, este es un proceso que podría haber sido distinto, pero los efectos que estamos viendo, que está generando un movimiento nacional con pérdidas para Chile importantísimas, creo que no era para que llegáramos a eso”, expresó Morales.
Frente a estos cuestionamientos, la ministra Maisa Rojas recalcó el compromiso del gobierno con procesos de transición socioecológica justa y señaló que la gerencia de relacionamiento con contratistas está instalando una mesa de “transición justa” para la fundición, en el cual van participar los ministerios de Medioambiente, Trabajo y Previsión Social y de Economía.
De esta forma, la secretaria de Estado comentó que “lo que queremos es que sea algunos representantes del CRAS (Consejo para la Recuperación Ambiental y Social) también se involucren en esta mesa con los contratistas en particular, para que lo que se discuta en esa mesa esté igual bajo el paraguas de este plan más integral que es social y ambiental”.
Asimismo, especificó que en este sector son 21 empresas con 350 trabajadores, quienes se desempeñan en los rubros de aseo, seguridad, alimentación y mantención. “Mientras el proceso de cierre, que por lo menos se va a demorar cinco años en que concluya, estos trabajos no se deberían perder”, complementó.
Por otra parte, sostuvo que respecto de la contaminación en la zona, en la que se emplaza un polo industrial de 20 empresas, es “multifactorial”, añadiendo que “el primer evento fue por compuestos orgánicos volátiles que están asociados a las empresas que trabajan con combustibles, hidrocarburos. Después hubo un evento de dióxido de azufre y es ahí donde la fundición es responsable de casi el 62%. Entonces, es evidente que si la fundición deja de funcionar el riesgo de que tengamos nuevos eventos de intoxicación por dióxido de azufre baja muchísimo”.
También recalcó que “tenemos un Plan de Prevención y Descontaminación para las regiones de Concón, Quintero y Puchuncaví. Las emisiones que están regladas en ese plan que está vigente desde 2019 han bajado. Los datos muestran que efectivamente el material particulado, dióxido de azufre, óxido nitroso han bajado; sin embargo, esto es una constatación, no ha evitado que existan eventos agudos de intoxicación como el que vimos el 6 de junio ¿Las empresas están cumpliendo? Sí, están cumpliendo; sin embargo, el plan que está aprobado no está evitando el riesgo a que existan intoxicaciones agudas y, por lo tanto, afectación a la salud”.
Posterior a la sesión, el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán– quien participó en la instancia- exigió al presidente Gabriel Boric que “le ponga discusión inmediata el proyecto de ley que tipifica el delito de daño ambiental, que además es muy transversal, y que nos va a permitir que las personas jurídicas sean responsables penalmente del daño ambiental, como también poder establecer las condiciones en que puedan funcionar en zonas como Quintero y Puchuncaví que represento en el Parlamento. Tenemos que terminar con las mal llamadas zonas de sacrificio”.