La Eurocámara pide perspectiva de género en los fondos comunitarios y un Pacto Europeo de Cuidados
Que se reconozca y combata el impacto de la pandemia del coronavirus sobre las mujeres, una crisis que está acentuando desigualdades previas. Es lo que pide el Parlamento Europeo, después de aprobar este jueves resoluciones relativas a la perspectiva de género en la crisis de la COVID (485 votos a favor, 86 en contra y 108 abstenciones) y la estrategia de la UE para la igualdad de género (464 votos a favor, 119 en contra y 93 abstenciones). Son resoluciones no vinculantes, que no obligan a la Comisión Europea a modificar sus propuestas ni a los Estados miembros a aplicar determinadas medidas, pero que fijan una serie de prioridades por parte de los eurodiputados.
Entre otros asuntos, el informe sobre la Estrategia de Igualdad pide la creación de un Pacto Europeo de Cuidados (o “pacto asistencial para Europa”) al mismo nivel que el Pacto Verde; y la resolución sobre el impacto de la COVID-19 reclama una estrategia. Las conclusiones de la Eurocámara son que la propuesta de Directiva de conciliación –que debe ser integrada en las legislaciones nacionales antes de agosto de 2022– "resulta insuficiente". Por eso, se pide a los Estados miembros que vayan más allá aplicando, por ejemplo, medidas para "la promoción de la igualdad de los hombres como cuidadores o el reconocimiento del papel de los cuidadores informales, garantizando su acceso a la seguridad social y su derecho a una pensión de jubilación".
Con respecto a la transparencia salarial, la Comisión Europea ha ido aplazando la presentación de una Directiva específica. No obstante, la resolución de la Eurocámara no exige que las empresas tengan planes de igualdad ni que los Estados dispongan de mecanismos sancionadores si estas incumplen la legislación laboral al respecto. Eso sí, el Parlamento pide que se cree un grupo de trabajo específico sobre igualdad dentro del Consejo Europeo, "para que se aplique la perspectiva de género al más alto nivel de decisión y en todas las políticas y normas comunitarias".
El Parlamento Europeo también pide que se revise la Directiva de igualdad para incluir una definición de trabajo de igual valor: "Se considerará que el trabajo es de igual valor si, partiendo de una comparación entre dos grupos de trabajadores que no se han formado de forma arbitraria, el trabajo realizado es comparable, teniendo en cuenta factores tales como las condiciones de trabajo, el grado de responsabilidad atribuida a los trabajadores y los requisitos físicos o mentales del trabajo".
Así mismo, se pide "elaborar los presupuestos, planes de recuperación y respuestas a la pandemia con perspectiva de género", así como "asignar una financiación considerable a cargo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a medidas para la igualdad de género, en particular en sectores altamente feminizados y para la promoción de los derechos de la mujer".
María Eugenia Rodríguez Palop, jefa de la delegación de Podemos en la Eurocámara, ha participado en la elaboración y negociación de las resoluciones desde las comisiones de Mujer y Empleo, y afirma: "La valoración general de los textos es positiva, pero creemos que es necesario hacer más énfasis en el refuerzo de los sistemas públicos de salud, y exigir que tanto el acceso a la sanidad como al resto de servicios asistenciales (residencias, guarderías, atención a personas dependientes...) sea 'gratuito y accesible', y no 'asequible'. Esta expresión se repite en ambos textos y responde a una lógica mercantilizadora de la salud y de los cuidados".
La eurodiputada socialista Lina Gálvez también ha afirmado que "la peor parte se la están llevando las mujeres" y ha pedido "transversalidad de género en las leyes, las políticas y el presupuesto para avanzar en un pacto de cuidados, añadido a las transiciones verde y digital, para que los cuidados no caigan de manera no reconocida y no pagada en las mujeres".
En paralelo, la extrema derecha en el Parlamento Europeo ha intentado eliminar, con sus enmiendas, cualquier referencia a la perspectiva de género y a desigualdades específicas que soporten las mujeres, rechazan la existencia de la violencia de género, concepto que piden sustituir por "violencia interpersonal", al tiempo que se oponen a incorporar la violencia contra las mujeres a la lista de eurodelitos, así como a la ratificación del Convenio de Estambul y las menciones al acceso a derechos sexuales y reproductivos.