La Moncloa prepara un final de curso «muy político» y cargado de actividad. El objetivo principal es sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Pero el Gobierno va a incrementar también la intensidad de su agenda más ideológica, con la vocación de seguir marcando distancias con el PP, al que seguirá hostigando como un partido «carente de sentido de Estado». Un final de año que entre el proyecto de cuentas públicas y la agenda legislativa prevista espera consolidar el bloque de alianzas de la investidura, incluso ampliarlo. Los últimos meses serán para consolidar un pacto de legislatura que permita a Pedro Sánchez prolongar su mandato hasta que él considere.
El punto más acuciante en la agenda es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el sistema de elección de vocales y permitir que una mayoría absoluta del Congreso sea suficiente para renovar el órgano. Con los tiempos que maneja el Gobierno es factible dejarla encarrilada antes de fin de año. En La Moncloa no han digerido bien las advertencias europeas, y eso condiciona la fuerza de la negociación. Pero aseguran que todos sus movimientos estaban meditados de antemano: presentar la reforma y presionar con ella al PP. Después de que Sánchez accediera el viernes a retirar la reforma si el PP está dispuesto a pactar, en el Gobierno insisten: «O negociación ya o seguimos adelante con la reforma». El matiz no es menor, porque el PP exige la retirada de la reforma para empezar a negociar. Pero en el Gobierno aseguran que no lo harán y que solo decaerá «si hay pacto, no si hay una negociación». Y esto se completará con la decisión del Gobierno de proceder a renovar otras instituciones como el Defensor del Pueblo o RTVE sin el PP.
Pero para garantizar la legislatura la clave de bóveda son los Presupuestos. «Los necesitamos ya», dicen en el Gobierno. La presentación del borrador por parte de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se está retrasando. La intención inicial era solemnizar este acuerdo a finales de septiembre. Han existido escollos en materia de fiscalidad y gasto entre los socios, pero se insiste en que «la cosa va muy bien».
La sedición
Ya se han mantenido contactos con otros grupos parlamentarios. Y el calendario que hay ahora mismo encima de la mesa contempla la aprobación del proyecto en el Consejo de Ministros del 27 de octubre. En el Gobierno, tras las dudas del verano, están muy animados con la actitud conciliadora de ERC.
Su buena disposición se cimentó sobre la reforma del Código Penal. Fuentes gubernamentales aseguran que esta reforma, trabajada entre el Ministerio de Justicia y la Vicepresidencia primera, está ya «muy avanzada». Habrá una rebaja de los tipos delictivos de la sedición cuando no medie violencia organizada bajo el pretexto de «adaptarlas en perspectiva comparada con los textos nacionales de otras legislaciones europeas». Cuando se pregunta, en cambio, por el indulto la respuesta es que quedan muchos meses y que el Gobierno no va a especular con su decisión. ERC siempre genera incertidumbre en las filas socialistas. Pero la sensación es que no se producirá la ruptura de 2019. «Ahora van en serio. Han dado muchos pasos y parece claro que es su carta de presentación para las catalanas», reflexiona un ministro.
El Gobierno va a seguir dando protagonismo a la Ley de Memoria Democrática. El Consejo de Ministros ya aprobó en septiembre el Anteproyecto y desde este departamento se anticipan «avances» para las próximas fechas. Antes de final de año también se quiere presentar el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con el que se pretende que sean los fiscales los que asuman la instrucción de los delitos. Un debate que lleva tiempo suscitándose en el ámbito judicial, pero que ahora promete ser un importante elemento de confrontación con el PP. Además, levanta ampollas en la Magistratura que considera que esta reforma es problemática cuando es el Gobierno quien escoge al fiscal General del Estado.
Díaz y Montero
El final de año también se promete intenso en materia laboral. El tira y afloja en torno a la derogación o no de la reforma laboral y su profundidad se mantiene en el Gobierno. Pero hay espacios de consenso y uno de ellos es empezar a retocar la negociación colectiva y los mecanismos de contratación y subcontratación. La ministra Yolanda Díaz trabaja también en la nueva «Ley Rider» que pretende combatir los falsos autónomos de las plataformas digitales de reparto.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció una reforma de le ley del aborto para volver a la legislación anterior a la reforma del PP. No lo contemplaba el plan normativo, por lo que existen incógnitas dentro del propio Ejecutivo: «No sabemos cómo lo van a hacer». El final del año también alumbrará la Ley orgánica de libertad sexual. El Anteproyecto ya pasó por el Consejo de Ministros a comienzos de legislatura, causando una importante división entre los socios. El texto ha tenido que volver a rehacerse pero está preparado para que el Gobierno de luz verde para remitirse al Congreso de los Diputados.
Durante todos estos meses, además, se retomará la negociación para completar las transferencias al País Vasco. Con el hito de la transferencia de la gestión de prisiones en el primer trimestre de 2021. La alianza con el PNV ofrece al Gobierno a su socio más estable. En paralelo a la actuación del Gobierno, en el Congreso de los Diputados va a empezar ya la redacción del articulado de la ley para despenalizar la eutanasia. Fue la primera norma que el Congreso admitió a trámite esta legislatura.
Nada hace pensar ya que la segunda ola de la pandemia vaya a ser un paréntesis esperado en la recuperación que el Gobierno proclamó que ya empezaba hace unos meses. Más bien el Gobierno se prepara para una lenta y pesada digestión de esta segunda ola. Y con la certeza de que las bajadas de la curva se alternarán con nuevos incrementos. Hay miembros del Ejecutivo que aseguran que desde este momento quedan dos años de excepcionalidad.
Pero pese a esa acuciante realidad, el Gobierno, al contrario de lo que sucedió en primavera, no quiere que la cuestión sanitaria paralice el resto de su acción política. Consciente de que la mera gestión de la catástrofe sanitaria y económica puede arrasar al Gobierno,
