No es nueva la obsesión de la izquierda por la presión fiscal, estrategia recaudatoria con la que financiar sus políticas de gasto. La inviabilidad de ese planteamiento, presuntamente social, ya era latente cuando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pactaron un Gobierno de coalición volcado en la asistencialidad y no en la generación de riqueza y empleo, las únicas variables de las que puede partir un verdadero aumento de los ingresos con los que sostener el estado de bienestar, ya inviable antes de que la pandemia provocara la quiebra de las cuentas públicas y el desplome de la actividad económica. Ni siquiera el Covid-19 ha hecho al Ejecutivo renunciar a sus dogmas y a unos «escudos sociales» que, lejos de proteger a la sociedad, van a dejarla a la intemperie de esta nueva crisis. Si algo define al borrador de presupuestos que maneja el Gobierno no es la reforma estructural de una economía asfixiada y necesitada de aliento liberalizador para volver a crear riqueza y puestos de trabajo, sino impuestos con los que retrasar e incluso frenar cualquier recuperación y ahuyentar la inversión.
A la subida del IVA a las bebidas azucaradas y los envases de plástico o la denominada «tasa Tobin», que van a castigar a sectores ya heridos por la pandemia y también al consumidor -de forma lineal, sin progresividad alguna- se suma un incremento impositivo, aún por determinar, para las rentas altas, las sociedades y el conjunto de las clases medias, a través de la supresión de numerosas exoneraciones fiscales. Según el manual que maneja el Gobierno de Sánchez e Iglesias, hay que hacer caja para sostener el gasto social, sin otro proyecto que el de satisfacer la demanda de quienes aún consideran que la demagogia genera riqueza, que los ajustes son cosa del pasado y que las políticas asistenciales y los guiños a funcionarios y pensionistas nos hacen más fuertes. El propio Ejecutivo, confiado en el maná procedente de Bruselas, es el mejor ejemplo de la amenaza que representa esta actitud.
Antes de que la pandemia se cebara con España, cuando nuestro PIB aún crecía a buen ritmo, la UE y el FMI insistían en la necesidad de acometer ajustes -recortes, en el lenguaje de progreso de la Moncloa- con los que frenar el déficit público, reducir la deuda, reformar el sistema de pensiones y acabar con la temporalidad del mercado laboral. La situación actual no ha hecho sino empeorar el panorama económico y aumentar el diámetro del agujero de las cuentas públicas, incapaces de sostener un gasto «social» que el Gobierno pretende mantener contra viento y marea. El nuevo golpe fiscal que prepara el Ejecutivo no solo contrasta con la relajación impositiva por la que apuestan nuestros socios comunitarios para superar esta bache, sino que atenta contra el interés general de una nación empobrecida.
