Cada 90 minutos una mujer desaparece en Perú | INFORME

Cada 90 minutos desapareció una mujer en Perú en lo que va de año, en su gran mayoría niñas o adolescentes, aunque el número de víctimas puede ser aún mayor en las regiones del país en las que se mantienen las restricciones para transitar por la pandemia de la COVID-19. Un total de 4.052 mujeres

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Cada 90 minutos desapareció una mujer en Perú en lo que va de año, en su gran mayoría niñas o adolescentes, aunque el número de víctimas puede ser aún mayor en las regiones del país en las que se mantienen las restricciones para transitar por la pandemia de la COVID-19.

Un total de 4.052 mujeres fueron reportadas a las autoridades como desaparecidas entre enero y septiembre último, de las cuales 2.894 eran niñas y adolescentes, es decir, 15 mujeres al día, de acuerdo al más reciente informe de la Defensoría del Pueblo.

Sólo durante la cuarentena que se aplicó en Perú entre el 16 de marzo y el 30 de junio para evitar los contagios por la pandemia, se reportaron 915 casos de niñas y mujeres desaparecidas.

En abril hubo un decrecimiento de 170 denuncias, pero a partir de mayo las cifras comienzan a subir nuevamente a 234, en junio a 358, en julio más de 500 y en agosto superaron las 600 desapariciones.

SUFRIMIENTO ETERNO

«Es tan doloroso el fenómeno de la desaparición que no sabes si la persona está viva o muerta, su condición legal es de una persona que existe pero no está contigo. Eso genera un sufrimiento eterno, una incertidumbre permanente para la familia de no saber qué hacer», expresó a Efe la adjunta de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar.

La preocupación de la Defensoría radica en que los casos de desaparición de menores aumentaron durante la pandemia, pero en las regiones que mantienen una cuarentena focalizada se han llegado a duplicar, como en la región selvática de Ucayali que se han incrementado de 7 casos en agosto a 20 en septiembre, o en la amazónica San Martín de 7 a 14 casos.

En la región costeña de Tumbes, fronteriza con Ecuador, los casos se quintuplicaron en septiembre y en la andina de Huancavelica pasaron de cero a tres.

INDICIOS DE OTROS DELITOS

Revollar indicó que la Policía Nacional y el sistema de justicia tienen que tener en cuenta que «de 100 feminicidios ocurridos de enero a septiembre, en 25 se ha denunciado previamente la desaparición de estas mujeres».

«Entonces, sí hay una conexión entre lo que pasa con ellas y las formas de violencia que pueden ser causa de la desaparición, muchas veces, pero también consecuencia. Temas de feminicidio o trata de personas y una serie de situaciones y vejámenes que podrían estar consideradas, si no se toman en cuenta para una investigación inmediata», precisó.

Patricia Acosta lleva más de cuatro años buscando a su hija Estefany Díaz y a sus nietas de cinco años y ocho meses, que desaparecieron con ella después de asistir a una fiesta infantil en el distrito de Ventanilla, en la provincia del Callao, vecina a Lima.

«Estoy luchando cuatro años y cinco meses sin saber de ella. Desapareció yendo a la matinée de una vecinita frente a mi casa, salió invitada por una prima hermana, desde ese momento no sé nada de mi hija ni de mis nietas, he estado buscándola en todos sitios», contó Acosta en entrevista con Efe.

NEGLIGENCIA POLICIAL

La mujer denunció que en la comisaría policial «ha habido bastante negligencia, a pesar de que habían dos niñas desaparecidas. Cuando fue mi yerno a poner la denuncia no se la recibieron, le dicen que ‘de repente se fue con otra persona'».

Las personas que acompañaron ese día a Estefany evadieron a la policía dando una dirección falsa y hasta el momento las investigaciones no han tenido resultado.

Para la madre de la joven, la «clave de la verdad» está en el teléfono móvil de Estefany, pero hasta la fecha no se ha logrado descifrar su geolocalización por retrasos en la investigación fiscal.

PANDEMIA NO DETIENE VIOLENCIA DE GÉNERO

Una trágica muestra de que la pandemia por la COVID-19 fue también el peor momento para la violencia ejercida contra las mujeres es el caso de Leslie Valeria Vicente, una joven de 19 años que se fue a trabajar a la ciudad selvática de Tingo María para poder comprar un ordenador portátil que le permita seguir estudiando en la universidad en forma remota.

«Fue asesinada el 15 de julio, no hay ningún sospechoso, le pido al fiscal que se ponga una mano al pecho, es un dolor grande, no es fácil estar parada aquí hasta el día de hoy», declaró a Efe su madre Clavelina Félix Espinoza.

«Como pobres sólo nos queda pedir justicia para encontrar a la persona que le hizo daño a mi hija, tenía 19 años, tenía una meta, quería salir adelante, cómo le hicieron esto injustamente, ¿en qué país vivo?», expresó la madre de Leslie.

Ambas mujeres pertenecen al colectivo «Familias Unidas por Justicia – Ni una asesinada más», que reúne a 25 familias que reclaman celeridad en la justicia por tener casos de desaparecidas y de víctimas de feminicidio entre sus integrantes.

La promotora del grupo, Magaly Aguilar, afirmó que «la impunidad que existe en el país es atroz, es una burla lo que hace el Estado peruano» con las familias de las desaparecidas o víctimas de feminicidio.

Aguilar lucha para que el asesino de su hija Sheyla Torres, violada y degollada por su exnovio Romario Aco en 2018, sea condenado a cadena perpetua, después de haber recibido 15 años de prisión.

RECLAMAN REGISTRO NACIONAL Y ALERTA DE EMERGENCIA

La adjunta de la Defensoría señaló que las denuncias de desaparición de mujeres deben ser mayores a las reportadas por la Policía por eso insistió en que el Gobierno cumpla con poner en funcionamiento el registro y el portal de personas desaparecidas, la línea 114 y un sistema informático de activación de alertas de emergencia por desaparición.

Revollar aclaró que la desaparición de las personas no es un delito, pero se han encontrado evidencias de conexión con otros ilícitos, como la trata de personas.

«Hay una proporción entre los lugares de desaparición y los sitios donde hay trata, como por ejemplo Lima, en (el distrito de) Santa Anita», indicó la adjunta.

Además, remarcó la necesidad de trabajar a nivel social y formativo para evitar la fuga de adolescentes de sus hogares, especialmente de la población LGTBI, por ser víctimas de violencia, maltratos e insultos, lo que las expone finalmente a otros delitos en las calles.

CON INFORMACIÓN DE EFE

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