La proliferación de rebrotes del coronavirus, especialmente en diversas zonas de Cataluña, en cuya frontera con Aragón ayer fue desplegado el Ejército, demuestra que el progresivo «desconfinamiento» tras la suspensión del estado de alarma no está controlado. El Gobierno de Sánchez, que se arrogó el mando único contra la pandemia con una suficiencia sobreactuada y un intervencionismo autoritario como nunca se dio en democracia, vuelve a emitir señales confusas. Llegó tarde al diagnóstico de la tragedia, la gestionó pésimamente, nos hizo creer -40.000 muertos después- que el verano debilitaría la enfermedad y ahora echa balones fuera delegando en las autonomías toda responsabilidad. Sánchez se ha cansado de recibir querellas y reproches, y de someterse a un desgaste que solo el CIS tiene la desvergüenza de negar. Por eso, donde antes afirmaba que el Gobierno necesitaba aprobar sucesivas prórrogas del estado de alarma para proteger a la ciudadanía porque no había plan B, ahora sostiene lo contrario. El plan B era la cesión de la gestión del coronavirus a las autonomías, y que cada cual se apañe. Es cierto que la pandemia no causa ahora el colapso hospitalario de ayer, que el diagnóstico es más eficaz y que la respuesta está más organizada. Pero Sánchez no ha aprendido nada, porque no es explicable que cuatro meses después España sea víctima de profundas lagunas legales, de contradicciones legislativas y de criterios judiciales divergentes para poder adaptarse a la evolución de la pandemia. Es inasumible que el Gobierno se limite a vanagloriarse de su gestión, cuando una prestigiosa institución como la Universidad de Cambridge demuestra con pruebas que España es, de 33 países estudiados, el que peor ha gestionado el virus en la OCDE. Tiempo ha tenido de poner en claro el panorama legislativo y, sobre todo, de pactar con la oposición una réplica común y de Estado.
Ahora todo es confusión. Unas autonomías imponen por decreto la mascarilla, y otras no; unas refuerzan su estructura sanitaria, y otras no; unas imponen restricciones masivas, y otras no. Cientos de miles de españoles no saben a qué atenerse. Solo la indolencia del Gobierno, que ayer tuvo que movilizar a la UME, es tan preocupante como su ineficacia jurídica, porque a día de hoy sigue sin haber un plan. Lo más grave es la confusión ciudadana que se genera, la incertidumbre legal y la sensación de abandono que muchos españoles sienten, sin saber qué hacer con su negocio, sin recibir las ayudas prometidas o intuyendo un futuro trágico para su supervivencia económica. Por eso conviene apelar a una radical responsabilidad individual y colectiva, ya que sin ella muchas celebraciones estivales de ocio masificado sin precaución seguirán siendo temerarias. La lucha contra el Covid-19 solo puede ser común porque el virus sigue ahí, y mata.
