Desmontando la «administración paralela»
El consejero de Hacienda es el encargado de encontrar encaje al desmontaje de la «administración paralela» puesto como condición por Vox para la aprobación de las cuentas, que se someten este miércoles al debate a la totalidad en el Pleno. El portavoz de la formación de Abascal en el Parlamento, Alejandro Hernández, señaló a LA RAZÓN que serán «razonables y no vamos a pedir cosas que no se puedan conceder». «Todo lo que se haga tiene que hacerse desde la más estricta legalidad y con el respeto a todos los derechos adquiridos por los trabajadores», señaló. Bravo recalcó ayer que es necesario poner «orden» en los entes instrumentales de la Junta, donde se puede trabajar «más y mejor».
El consejero, en una entrevista en Canal Sur, abogó por poner «orden» donde no lo haya en base a lo que digan las auditorías independientes. Muchísimos trabajadores de estos entes han planteado que se puede trabajar «más y mejor», incidió. Sobre posibles despidos, apuntó que la Junta no ha dicho que «tengamos que reducir, sino que lo que queremos es ordenar». Uno de los aspectos claves es que «no vuelva a entrar nadie por la puerta de atrás». «Queremos dar transparencia a todo el proceso, que la gente sea lo más eficiente posible y poner orden», abundó.
En relación a lo que Vox denomina el «desmantelamiento» de la «administración paralela, el proyecto de Presupuestos recoge todo un marco normativo para darle encaje. Entre otros puntos, la «Disposición adicional vigésima» sobre «Reestructuración del sector público instrumental y reasignación de bienes inmuebles para uso administrativo». El proyecto señala que «la apuesta por la credibilidad y la estabilidad de las cuentas públicas se predica, en primer lugar, dirigiendo la mirada hacia la propia Administración de la Junta, buscando la eficiencia, ya desde la propia configuración y funcionamiento del sector público instrumental, manteniendo así la senda emprendida en 2019 para aumentar el número de organismos que abandonan el régimen de presupuesto estimativo de explotación y capital». Las cuentas abogan expresamente por «perfeccionar el control de la Administración y mejorar su campo de actuación, analizando la situación y composición del sector público instrumental con vistas a optimizar su contribución a los fines de política económica para el que ha sido concebido». Para «coadyuvar en la línea emprendida para la racionalización del sector público instrumental, como medida de eficiencia presupuestaria» –dice el proyecto– «resulta imprescindible que, junto con las pertinentes dotaciones económicas, se trasladen al ordenamiento jurídico autonómico, las disposiciones que faciliten una ordenada regulación de los procesos que esta racionalización va a comportar». Así, en 2019 «se introdujo en la Ley el régimen de transformación de los entes instrumentales, el régimen patrimonial de las fundaciones disueltas, las reglas que facilitarán la adscripción del patrimonio de estos entes, etc.,» y en 2020 «se introducen las restantes disposiciones que, como fiel reflejo de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regulan otros aspectos útiles para dicha reordenación, como son los nuevos supuestos de disolución o extinción (disposición final segunda), el régimen de supervisión continua (disposición final primera) que permite decidir sobre cada ente su necesidad de continuar con la actividad o reformar su objeto o el establecimiento (disposición final octava) de la obligación al Consejo de Gobierno de clarificar el régimen jurídico actual de potestades públicas, delimitando aquellas tareas relativas a las mismas que pueden efectuarse por personal funcionario y aquellas que pueden, ‘sensu contrario’, llevarse a cabo por parte del personal contratado y que, por lo general, conforma la dotación de capital humano de los entes instrumentales a reordenar». Destacan las normas para el control interno y la contabilidad pública, denominada «Supervisión continua», y la disposición final segunda con la finalidad de completar las causas de disolución y extinción para las agencias, en base a si cumplen con su fin y a su equilibrio financiero.