Condena del Tribunal de Cuentas por cobros indebidos en las nóminas de la Escuela de Hostelería de Islantilla
El Tribunal de Cuentas, en una sentencia a la que accedió este diario, estimó «íntegramente las demandas de responsabilidad contable por alcance interpuestas por el letrado de la Junta de Andalucía y por el Ministerio Fiscal» y cifró en casi 11.000 euros –10.947,47– «el principal de los perjuicios ocasionados por alcance a los caudales públicos». Se declara «responsable contable directo» al que fuera director gerente del ente Modesto F. J. a partir de febrero de 2006 y hasta diciembre de 2016, al que condena además al pago de casi 2.500 euros en intereses. Se declara «responsable subsidiaria» a María de los Ángeles. A. C., como interventora del Consorcio Escuela de Hostelería de Islantilla desde mayo de 2011 a 2013 y de quien «el fiscal aprecia una conducta gravemente negligente en el desempeño de sus funciones de control y fiscalización del gasto».
El Tribunal de Cuentas señala como hechos probados que se pagaron cantidades indebidas en diferentes conceptos (bolsa de vacaciones, complemento de antigüedad, plus de transporte, entre otras) a los trabajadores del Consorcio y al propio director gerente del ente durante los meses de julio a diciembre de 2012. El Tribunal de Cuentas considera que el director gerente sí realizó actuaciones «para la aplicación de la nueva normativa» y «de hecho la mayoría de las medidas en materia de retribuciones establecidas en el Decreto Ley 1/2012 se aplicaron correctamente al Consorcio». En los meses afectados, las nóminas «eran elaboradoras» por una empresa asesora, Utrece Consultoría Laboral. El órgano de control financiero considera que el director gerente «no actuó con la diligencia debida exigible a un gestor de fondos públicos».
La Cámara de Cuentas, en su día, no pudo concluir la revisión de la Escuela de Hostelería de Islantilla ante la «imposibilidad» de emitir una opinión de auditoria dada la «ausencia de estados financieros» de julio de 2010 a dicimebre de 2016, según se publicó en el BOJA. Las escuelas de formación de la Junta fueron investigada en el fraude de la formación y estuvieron cerradas por los impagos.