Archivan la denuncia contra el Gobierno de Rajoy por el proyecto Castor
Xnet denunció la posible existencia de responsabilidades contables derivadas del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 3 de octubre de 2014, por el que se aprobó el real decreto-ley en el que se acordó abonar a la sociedad Escal UGS, controlada por ACS, de 1.350,7 millones de euros a través de Enagás Transporte, a la que se reconoció un derecho de cobro a cargo del sistema gasista con cargo a la factura mensual durante treinta años.
La plataforma pidió, en la denuncia que formuló el 30 de julio de 2019, que se declarara la responsabilidad contable del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sus ministros.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, en un escrito con fecha 30 de septiembre, justifica su rechazo en que los daños de la responsabilidad deben ser efectivos, evaluables económicamente e individualizados, y que dicha responsabilidad contable no puede surgir en el contexto de una controversia relativa a la oportunidad de una u otra decisión económica y financiera.
Además, dice que al denunciante le corresponde probar que se ha ocasionado un daño económico, real, efectivo e individualizado en los fondos públicos, así como la cuantía del mismo.
La Fiscalía explica, asimismo, que la denuncia se refiere a incumplimientos genéricos de la Administración, que no se refieren a una cuenta determinada o a actos concretos de administración, custodia o manejo de caudales públicos, y que el daño no está individualizado.
También recuerda que la sentencia del Tribunal Constitucional de 2017 que anuló los puntos del real decreto-ley relativos a la indemnización a los promotores del almacén de gas Castor, no cuestiona el importe de las mismas, sino que no se justificaba la extraordinaria y urgente aprobación de la norma que fijó la indemnización.
Por ello, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas archiva las diligencias abiertas por la denuncia de Xnet, representada por Simona Levi, aunque recuerda que ello no impide al denunciante ejercitar ante la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, si lo estima oportuno, la acción pública.
Querella desestimada
Xnet, junto al Observatorio de la Deuda en la Globalización y el Institut de Drets Humans, ya presentó una querella ante la Audiencia Nacional, que fue desestimada, contra cinco exministros, dos ex altos cargos y dos empresarios, entre ellos el presidente de ACS, Florentino Pérez, por presuntos delitos de prevaricación, estafa, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos en la construcción de esa instalación.
El almacén de gas submarino Castor, ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), tuvo que ser paralizado cuando, al inyectar gas, se registraron en la zona cientos de pequeños seísmos y desde entonces está hibernado.
En diciembre de 2017, el Constitucional anuló varias disposicioens del real decreto-ley que el Gobierno aprobó en 2014 y, como consecuencia de ello, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) paralizó los pagos en enero de 2018.
Los pagos iban a parar a los bancos que se quedaron con los derechos de cobro por la cantidad que adelantaron para que Enagás hiciera el pago a Escal UGS, así como a Enagás (operador del sistema gasista), al que se encomendó las labores de mantenimiento del almacén.
La CNMC ordenó, asimismo, en julio de 2019 que Santander, Caixabank, Bankia, Enagás y Escal UGS reintegraran al sistema de gas natural 368,4 millones de euros que cobraron antes de suspenderse los pagos.