Yaneisy Pérez, otra víctima de Planificación Física
LA HABANA, Cuba. – Un caso como el de Yaneisy Pérez Cateura es un rotundo mentís a la afirmación oficial de que “la revolución a nadie deja desamparado”. Yaneisy no solo se ve desamparada, abandonada a su suerte, sino que encima de eso, han abusado de ella, al violar flagrantemente sus derechos más elementales.
Yaneisy Pérez, de 39 años, madre soltera de dos hijos (una de siete y otro de 17), paciente de VIH-Sida, sin trabajo, sin pensión, vive en casa de unos amigos desde hace más de un mes. Por un delito cometido por su hermano hace más de dos años, funcionarios de Planificación Física la desalojaron a la fuerza, el pasado 30 de agosto, de la casa que estaba construyendo desde hace 14 años, en el terreno, propiedad de su familia, aledaño a la casa donde nació.
Dicha casa, de la que no le han permitido llevarse los materiales de construcción y varios muebles, se halla ubicada en una finca llamada El Palmar, poblada por una veintena de familias, en el reparto “Frank País”, cerca de Managua, al sur de La Habana.
El 10 de abril de 2017, la policía descubrió que Yuniel Pérez Cateura, el hermano de Yaneisy, presuntamente sin conocimiento de ella, tenía sembrada marihuana entre la maleza del terreno.
La orden de registro que mostraron los policías que arrestaron a Yuniel vino a nombre de Yaneisy. Un oficial del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) le advirtió que si la hallaban culpable le quitarían la patria potestad de sus hijos. Pero ella logró probar su inocencia.
En juicio celebrado el 15 de enero de 2018 a Yuniel Pérez lo condenaron a seis años de cárcel.
En la sentencia no se hablaba de decomiso de la casa o el terreno. Sin embargo, el plantío de marihuana sería el pretexto que utilizaron, dos años después, para desalojar a Yaneisy.
El pasado 19 de agosto, una inspectora de Planificación Física le notificó a Yaneisy que tenía un plazo de 72 horas para abandonar su vivienda por ser “ocupante ilegal”.
Yaneisy le explicó que en el año 2013 le habían impuesto una multa de 500 pesos y le aseguraron que luego de pagar la multa, sería legalizada su situación. Por tanto, se negó a firmar la notificación. La funcionaria la convenció de que firmara diciéndole que era necesario que firmara para que pudiera hacer la reclamación correspondiente.
Yaneisy asegura que aquello fue una trampa que le tendieron. “Al decir en la notificación que mi hermano era un caso 232, me vinculaban a mí con la droga”, explicó a CubaNet.
Cuando acudió a reclamar a la sede del gobierno provincial, sin haber visto su carnet de identidad, le dijeron que su dirección no coincidía con su actual paradero. Un funcionario que dijo llamarse Eliecer la trató despóticamente, en forma descompuesta, a gritos.
“Me dijo que yo era una ilegal, una quita y pon, que me había metido en la casa cuando mi hermano, que era un delincuente, un drogadicto, cayó preso”, refiere Yaneisy.
No solo desalojaron a Yaneisy y sus hijos. También expulsaron, sin darles derecho a albergue, a ocho parientes suyos (tíos y primos) que vivían en la casa original de la familia.
Yaneisy asegura que en las viviendas de donde los expulsaron a ella y su familia, actualmente viven funcionarios del Ministerio de la Construcción de Cuba.
Yaneisy Pérez, desesperada, no ceja en sus reclamos. Hace varias semanas escribió una carta donde explicaba su caso al presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Ya no tiene a quien más reclamar.
Hasta el momento, Yaneisy no ha recibido respuesta alguna de las instancias a las que ha recurrido.
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