La Xunta «no va a renunciar a ninguna vía» para que el Estado le pague la deuda de 700 millones

El anuncio de la Generalitat de Cataluña de que presentará una demanda al Gobierno por impago puede generar un efecto dominó en otras comunidades autónomas con reclamaciones al Estado pendientes de ser satisfechas. Es el caso de Galicia, que viene reclamando de forma insistente, desde hace meses, la transferencia de 700 millones de euros. Tras el movimiento catalán, el Gobierno gallego asegura que «no va a renunciar a ninguna vía para hacer efectivo el ejercicio de sus derechos en defensa de los intereses de todas las gallegas y gallegos», según consta en la posición oficial trasladada desde la Consellería de Facenda.


«La reclamación de Cataluña pone de manifiesto que se trata de un problema global que afecta a todas las comunidades autónomas y que por lo tanto necesita una solución global e inmediata», se incide desde la Xunta. Por tanto, «el Gobierno central debe ejercer su responsabilidad de gobernar y transferir de manera urgente a las comunidades autónomas unos fondos que ya están recaudados y en su poder para no comprometer el normal funcionamiento de los servicios públicos».


«Galicia fue la primera comunidad autónoma que demandó una solución para esta situación y lo hizo incluso antes de que el Gobierno central estuviese en funciones», se recuerda desde el Gobierno gallego.


Del «agujero» de 700 millones de euros, preocupan especialmente 530 millones, correspondientes a las entregas a cuenta e IVA de 2017, por estar incluidos en los Presupuestos de este año. «Se trata de fondos que son nuestros y necesitamos ya», remachan desde la Xunta.


Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado con insistencia al gabinete Sánchez para que resarza la deuda. Sin éxito. Llegó incluso a mantener un encuentro informal con la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, aprovechando su visita a Galicia, pero no logró arrancar ningún compromiso. Se topó, en cambio, con el argumento de que el Gobierno tiene las manos atadas mientras no esté constituido. Feijóo propuso emplear la herramienta de los reales decretos, fórmula que la ministra ni siquiera mencionó.