«Millones de europeos quedarán en un limbo legal en el Reino Unido»

En su primer discurso en la Cámara de los Comunes como jefe del Gobierno el pasado 25 de julio, Boris Johnson reafirmó «inequívocamente» las garantías para los 3,2 millones de comunitarios que viven y trabajan en el Reino Unido, a los que agradeció «su contribución» a la sociedad británica y «su paciencia». Más aún, subrayó que bajo su gobierno tendrían «la absoluta certeza del derecho a vivir y permancer» en el país. Menos de un mes después, Johnson parece poner aún más a prueba esa paciencia.


La «absoluta certeza» ha dado paso a la intranquilidad con la advertencia lanzada el lunes por el Ejecutivo de Johnson de que la actual normativa que permite a los ciudadanos de la UE vivir y trabajar libremente en el Reino Unido «terminará» en caso de que el próximo 31 de octubre haya un Brexit sin acuerdo con Bruselas.


Fuentes del Gobierno apuntan que tras el Brexit podría prohibirse la entrada y permanencia en el Reino Unido a los europeos con antecedentes penales. En este sentido, se impondrían «revisiones de criminalidad más rigurosas» que impedirían la entrada a aquellos con delitos graves.


El fantasma del caso Windrush
«La propuesta del Gobierno de acabar con la libre circulación el 31 de octubre parece implicar que no habría un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020, incluso sin acuerdo, como es el caso hasta ahora», señala a ABC Silvia González, miembro del grupo de defensa de derechos de los comunitarios the3million. En ese periodo transitorio, los ciudadanos de la UE que vivan en el Reino Unido estarían cubiertos y protegidos por la legislación europea mientras obtenían el nuevo estatus migratorio.


Pero según la medida anunciada ahora por el Gobierno británico, «aquellos a los que no se haya concedido el estatus de residencia o pre-residencia en el momento en que la normativa de la UE deje de aplicarse pueden encontrarse en una especie de limbo legal, sin un estatus reconocido», explica González. «Esto es un cambio insensato del Gobierno, que no ha hecho públicos los detalles, por lo que urgimos a que clarifique el estatus de 2 millones de personas tras el 31 de octubre».


Esta organización, creada tras el referéndum del Brexit de 2016 para «proteger los derechos de las personas que han hecho del Reino Unido su casa», recomienda a los comunitarios presentar la solicitud de la residencia para asegurarse su estatus.


Según la integrante de The3million consultada por este diario, «estas últimas novedades no cambian el hecho de que, cualquiera que sea el plazo, los que no adquieran la residencia o pre-residencia se expondrán a perder su derecho a permanecer en el Reino Unido.