El Observatorio contra la Violencia de Género confía en acabar con «las manadas»

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona , se ha mostrado «convencida» de que «las manadas», en referencia a las violaciones grupales, terminarán desapareciendo. A su juicio, tanto el elevado reproche social que existe hacia estos ataques contra la libertad sexual de las mujeres como las «graves» condenas a las que se enfrentan los agresores, «tienen un efecto desincentivador».

«Yo estoy convencida de que con el tema de 'las manadas' acabaremos. Quizá es más difícil acabar con el tema de los asesinatos de violencia de género, pero con la visibilización que se está dando a 'las manadas', con la falta de tolerancia a ningún tipo de ataque contra la libertad e indemnidad sexual y con las sentencias ejemplares como las que se están dictando, se acabará con estos comportamientos», ha señalado en una entrevista con Europa Press.

Así de contundente se ha mostrado Carmona unas semanas después de que el Tribunal Supremo (TS) decidiera elevar la condena de nueve a 15 años de prisión a los cinco miembros de La Manada que violaron a una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016. En la sentencia definitiva, el alto tribunal reprocha a la Audiencia de Navarra un «error en la calificación jurídica» de los delitos --inicialmente considerados como abuso sexual-- y afirma que los cinco varones cometieron violaciones múltiples contra la joven, que sufrió una situación intimidante y «en ningún momento prestó su consentimiento».

«Las personas que se dedican a eso son personas que se agrupan y se coordinan para llevar a cabo ese tipo de acciones. Cuando vean que la sociedad no lo tolera y que en España cumplen sentencias tan graves como la que se acaba de dictar, pues algún efecto desincentivador tiene que tener, estoy convencida», ha asegurado Carmona, también secretaría de un juzgado de Violencia sobre la Mujer en Sevilla.

Para ella, el caso de La Manada de Pamplona ha marcado «un antes y un después» sobre todo porque «se están visibilizando más, sin duda alguna» este tipo de delitos. Según sostiene, la repercusión mediática que tuvo el caso de los Sanfermines y la visibilidad que se le ha dado, «está provocando que haya más denuncias».

«El hecho de que se esté visibilizando, de que se estén atreviendo, de que no haya tolerancia ya a este tipo de delitos, y que no haya impunidad, es lo que más nos importa», ha dicho Carmona, que ha destacado la dificultad de denunciar este tipo de ataques. «Crea una sensación de vergüenza, de culpa, de victimización terrible», ha manifestado.

Según ha reivindicado Carmona, este tipo de delitos «no pueden quedar impunes» porque quién haya violado, «si no le pasa nada, seguirá violando». A su juicio, el agresor tiene que saber que va a recaer sobre él «toda la acción de la justicia», y las últimas sentencias son «ejemplares» en este sentido.

Así pues, ha celebrado la sentencia del TS sobre La Manada porque «crea jurisprudencia». «Es fuente del derecho y, por tanto, tiene que impregnar la doctrina del resto de las sentencias que se dicten en España sobre este particular», ha agregado.

Además, considera que este pronunciamiento «pone en marcha» las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017. Dicho pacto establece que la legislación sobre delitos sexuales debe modificarse para introducir en ella la perspectiva de género. «Es lo que hace esta sentencia: introducir la perspectiva de género en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual», ha reivindicado.

Reforma de los delitos sexuales necesaria

Ahora bien, ha apuntado que también «es necesaria» la reforma de la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal. «Es importante que la ley se acompase a lo que diga el Tribunal Supremo», ha declarado a Europa Press.

Según ha explicado, «si todas las demás sentencias interpretaran conforme a lo que ha hecho el TS no haría falta esa modificación penal». Sin embargo, ha apuntado que, debido a que existen «conceptos jurídicos indeterminados» --como es el consentimiendo o la intimidación, por ejemplo-- la propia sociedad española pide que «estén más determinados y fijos, y que no se dejen tanto al arbitrio o al concepto que cada juez tenga sobre lo que es consentimiento». «Sería bueno que se adaptara el Código Penal a lo que nos ha dicho el TS», ha insistido al respecto.

Mientras tanto, el CGPJ ha puesto en marcha cursos de formación continua con perspectiva de género, que han sido diseñados por el Observatorio, tal y como establece el Pacto de Estado. También se está trabajando en la especialidad jurídica de violencia sobre la mujer, tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada en diciembre de 2018.

«Cuanto más especializados estemos en un tema y en una jurisdicción en concreto, más profesional y más efectiva será la justicia sin duda», ha apostillado, destacando que la violencia sobre la mujer es «una materia con una entidad suficiente jurídicamente y profesionalmente complicada» como para requiera de una especialización.

«La formación de los jueces es la clave»

«Estamos convencidos de que esto se soluciona con formación. La formación es clave --ha agregado-- Hay que tener perspectiva de género para interpretar la legislación, pero también es necesario tener una especial sensibilidad, y eso se puede adquirir».

Respecto a la implantación de las medidas del Pacto de Estado, Carmona ha remarcado que todavía está pendiente «la más importante», que a su juicio es la modificación del artículo 1 de la Ley contra la violencia de género para ampliar el concepto a todas las violencias machistas, no solo a las perpetuadas únicamente en el ámbito de la pareja o expareja.

Esa extensión del concepto la marca el Convenio de Estambul, que fue ratificado en el año 2014 por España. Sin embargo, tras cinco años, no se ha trasladado esta ampliación del concepto a la legislación. «En España es urgente habida cuenta la preocupación social que se está viendo con los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y la cantidad de 'manadas' que hay», ha defendido Carmona.

Eso sí, ha dicho que entiende que para poder hacerlo «es absolutamente necesario que haya un Gobierno y estabilidad política», teniendo en cuenta que hace falta una mayoría parlamentaria.

En cualquier caso, ha afirmado que esta «gran reforma» va a implicar, entre otras cosas, que los juzgados especializados amplíen sus competencias, que los recursos asistenciales que hay --como casas de acogida o ayuda psicológica para mujeres maltratadas-- se amplíen a esas victimas de violencia machista.

«No me cabe la menor duda de que cuando tengamos un Gobierno y unos parlamentos ya en funcionamiento esto se va a implementar sin duda alguna, pero hace falta estabilidad política», ha insistido, subrayando además que España está a «años luz» del resto de países en la lucha contra la violencia de género.

El Pacto de Estado da un plazo de cinco años para la implantación de sus más de 200 medidas. «Hemos pasado dos años, espero que en los tres siguientes se cumpla», ha apuntado la jueza, que ve «importantísimo» que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género incluya en su contabilidad oficial, aunque sea aparte, a las víctimas fuera del ámbito de la pareja o expareja, como Diana Quer o Laura Luelmo. «Comprendo que está en funciones, pero espero que en la próxima legislatura lo hagan; tienen que hacerlo porque está en el Pacto de Estado», ha concluido.