Human Rights Watch pide a la Unión Europea sanciones contra Ortega
La Unión Europea (UE) debería aumentar la presión contra el Gobierno de Daniel Ortega para que ponga fin a las violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía Nacional, señaló Human Rights Watch en una carta enviada a la alta representante de la UE Federica Mogherini y a los ministros de Relaciones Exteriores de los 28 Estados miembros de la UE. Según el organismo, la UE debería imponer sanciones individuales contra altos funcionarios nicaragüenses implicados en graves violaciones de derechos humanos y condicionar cualquier apoyo a la Policía Nacional.
El organismo recordó que la represión contra manifestaciones antigubernamentales de parte de la Policía Nacional y paramilitares, que empezó en abril de 2018, dejó un saldo de más de 300 muertos y más de 2000 heridos. Un informe presentado por Human Rights Watch el 19 de junio de 2019 documentó abusos atroces, incluyendo torturas, infligidos a muchos de los cientos de personas detenidas por policías o secuestradas por bandas armadas partidarias del Gobierno.
“El presidente Daniel Ortega no restablecerá voluntariamente las garantías básicas de derechos humanos que su Gobierno se esmeró en desmantelar”, expresó José MiguelVivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. “Es crucial que haya una presión internacional fuerte y persistente para que cesen los abusos generalizados en Nicaragua, en particular a través de sanciones individuales contra altos funcionarios implicados en graves violaciones de derechos humanos”.
Los procesos judiciales contra personas detenidas en el contexto de las protestas estuvieron plagados de violaciones de las garantías de debido proceso y otros derechos fundamentales. El Gobierno ha tomado represalias contra periodistas independientes, oenegés y monitores internacionales de derechos humanos.
Según HRW, la UE debería imponer sanciones individuales contra altos mandos del Gobierno implicados en graves violaciones de derechos humanos. Estos incluyen a Ortega y otros seis funcionarios a cargo de fuerzas policiales implicadas en abusos o de un centro de detención donde se practicaron torturas, o que conforme a la legislación nicaragüense tenían la obligación de investigar presuntas violaciones de derechos cometidas por policías y de sancionar a los responsables.
"La UE también debería supeditar toda asistencia financiera futura a la Policía Nacional de Nicaragua a que se realicen investigaciones exhaustivas de violaciones de derechos humanos y a esfuerzos verificables por las autoridades dirigidos a desmantelar y juzgar a integrantes de las bandas armadas partidarias del Gobierno", dijo Human Rights Watch.
El organismo valoró que la presión internacional ha sido importante para que, recientemente, el Gobierno liberara a más de 392 detenidos acusados de haber cometido delitos en el contexto de las protestas. Sin embargo, estimó que "estas excarcelaciones no deben esconder que muchas de estas personas seguían sujetas a medidas restrictivas de su libertad al 19 de junio". A su vez, sostiene que otras 100 personas fueron detenidas y liberadas en marzo en relación con nuevas manifestaciones y no se ha procesado penalmente a ningún miembro de las fuerzas de seguridad responsables de abusos.
HRW también recordó que la alta representante de la UE ha expresado preocupación reiteradamente por la situación en Nicaragua. En enero, varios ministros de Relaciones Exteriores de la UE destacaron su “disposición a hacer uso de todos los instrumentos de actuación [de la UE]” a fin de “responder a cualquier nuevo deterioro de los derechos humanos y del estado de Derecho”.
"Pese a un pedido realizado por el Parlamento Europeo en marzo, la UE todavía no ha impuesto sanciones individuales contra ningún funcionario nicaragüense implicado en violaciones de derechos humanos. Algunos funcionarios nicaragüenses ya han sido sancionados por Estados Unidos y Canadá", anotó HRW.
Asimismo, señaló que el presupuesto de 2018 aprobado para la Policía Nacional de Nicaragua indicaba que un tercio de los fondos —USD 1.2 millones de USD 3 millones— prevenían de donaciones de la UE. En octubre de 2018, la delegación de la UE en Managua confirmó a Human Rights Watch que había asignado ocho millones de euros al Gobierno nicaragüense, incluida la Policía, para un proyecto de lucha contra la delincuencia organizada y prevención del abuso de estupefacientes que se extendió durante el período 2014-2018. "No obstante, no respondieron a la pregunta acerca de qué proporción de ese dinero se destinó a la policía o si estaba previsto renovar el proyecto", criticó.
Human Rights Watch afirmó que en junio, parlamentarios de la UE les informaron que “las instituciones europeas responsables” les habían indicado que “en cuanto empezó la crisis” habían interrumpido el “único proyecto que involucraba a cuerpos de seguridad”.
"Señalaron que el único apoyo que por el momento se brindaba a Nicaragua beneficiaba a la población y eran tramitados por medio de organizaciones de la sociedad civil e instituciones internacionales. El presupuesto aprobado para las fuerzas policiales correspondiente al año 2019 no hace referencia a donaciones de la UE", añadió.
“La presión que puede ejercer la Unión Europea es clave para que el Gobierno de Ortega cese los abusos y las víctimas obtengan justicia”, opinó Vivanco. “Es urgente que la Unión Europea priorice redoblar la presión sobre las autoridades nicaragüenses”.