Una nueva ILP pone a prueba la estrategia política de JpC y ERC
El texto de la ILP declara la independencia de Cataluña, en la exposición de motivos, y eleva a rango de ley, en su único artículo, la constitución de la República catalana «como un Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social»; además, pone en marcha «el proceso constituyente», abre negociaciones «con el Estado español», advierte a «la comunidad internacional» de la creación del nuevo país y apela a las organizaciones internacionales que reconozcan a Cataluña como «un Estado independiente y soberano». Finalmente, en la ILP se insta a la Generalitat que «adopte las medidas necesarias» para hacer efectiva «esta declaración de independencia y de las previsiones de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República».
En resumen, llevar al pleno parlamentario una versión de la declaración independentista que se leyó en el auditorio del Parlamento catalán el 10 de octubre de 2017, tras la secesión suspendida por Carles Puigdemont, entonces presidente autonómico.
Argumento de Forcadell
Más allá del fondo de la cuestión, que aparentemente tiene poco recorrido legal y jurídico, la ILP volverá a poner en tensión la relación de JpC con ERC en la Mesa y su estrategia conjunta. Hasta la fecha, una de las defensas políticas de los partidos independentistas es que los miembros del órgano rector de la Cámara legislativa autonómica no pueden entrar en el fondo de las iniciativas que les presentan, pues sería coartar la libertad de expresión, y, por lo tanto, no pueden vetar su tramitación.
Un argumento, en este caso jurídico, que también esgrime Carme Forcadell ante el Tribunal Supremo en el juicio al procés, para defender que ella, como presidenta del Parlamento de Cataluña, no podía impedir que se debatieran propuestas cuyo contenido chocaba con las advertencias del TC por ser manifiestamente ilegales.
Frente a este posicionamiento, los miembros de la Mesa de Cs y el PSC, que sí señalaron en el juicio que la Mesa tiene la obligación de impedir debates y votaciones de propuestas que son contrarias al ordenamiento jurídico. Unas declaraciones que se apoyaron en las de los letrados de los Servicios Jurídicos, que son los encargados de realizar los informes técnicos (no vinculantes) y que reconocieron que la Mesa, antes de la etapa de Forcadell, vetó debates e iniciativas parlamentarias.
Torrent, objetivo de JpC
Así, además, este caso volverá a poner en tensión la relación entre JpC y ERC, pues los primeros quieren seguir poniendo a prueba al presidente parlamentario, Roger Torrent (ERC), que ha cumplido con las decisiones judiciales, y no le perdonan -en JpC- que impidiese la reelección de Puigdemont. Los miembros de la Mesa contarán con un informe preceptivo de los letrados, presumiblemente negativo, a lo que Torrent se agarrará para tumbar la ILP.