EL progresivo deterioro de las condiciones laborales, especialmente notable entre los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo, amenaza con ampliar las dimensiones de una brecha salarial que no solo genera desigualdad social, sino que amenaza con quebrar un sistema de asistencia basado en la solidaridad y el crecimiento homogéneo, sin cortes generacionales, de la riqueza familiar. Elaborados a partir de los convenios colectivos firmados en lo que va de año, los últimos datos registrados por el Ministerio de Trabajo y la OCDE ponen de manifiesto un crecimiento sostenido de los sueldos, por encima del 2 por ciento y en ocasiones muy superiores al 3 por ciento. Las cifras resultan alentadoras, pero siempre que vayan ligadas al aumento proporcional de la productividad, variable de la que depende la competitividad y, a la postre, el crecimiento económico. Sin embargo, la situación previa a la crisis de hace ahora una década vuelve a repetirse: aumentan los salarios y desciende la productividad por hora trabajada, con una caída del 0,4 por ciento en el primer trimestre.
El desplome económico que siguió al estallido de la burbuja hipotecaria, con una masiva destrucción de empleo, hizo incrementar la productividad de España, que aún se beneficia en el mercado exterior de un ciclo marcado por su competitividad industrial. Sin embargo, esa mejora se hizo a costa de los salarios, variable que las empresas utilizaron para mejorar su productividad y también recomponer sus plantillas y reducir el paro. Con un crecimiento sostenido del PIB que supera el 2 por ciento, España puede y debe aumentar los salarios, pero no por decreto -con un SMI que lastra la contratación- y descuidando una productividad que es clave para seguir generando riqueza para todos.
