Presupuesto para el cambio, foto para Vox
El primer Presupuesto no socialista de la historia de Andalucía salvó su primer escollo después de que Vox retirara «in extremis» la enmienda a la totalidad presentada que, al igual que las del PSOE y Adelante Andalucía que sí fueron votadas y rechazadas por la mayoría de la Cámara, proponían devolver el proyecto elaborado por el Gobierno de PP y Cs. Para ello, el Ejecutivo y la formación de Abascal han alcanzado un «Acuerdo para avanzar hacia una nueva política presupuestaria que refleje el Gobierno del cambio en Andalucía», un documento de seis páginas y 34 medidas que hoy firmarán en público. Para Vox, han logrado introducir en la agenda política del nuevo Gobierno temas «hasta ahora tabú» como hablar de «violencia intrafamiliar» en detrimento de la «ideología de género» o de «inmigración irregular». Para el «Gobierno del cambio», puesto que el acuerdo habla de medidas a implementar entre 2019 y 2020, se garantizan los votos de Vox para las cuentas de este año y las del que viene y con ello «estabilidad» al menos hasta la mitad de la legislatura.
No lo puso fácil la formación de Abascal, que mantuvo hasta el final «la emoción» –término usado por el presidente del grupo parlamentario Francisco Serrano al llegar al Parlamento–. Ni la retiraron antes del inicio de la sesión ni Vox aclaró su intención de antemano. El portavoz parlamentario, Alejandro Hernández, usó su primera interpretación para atacar a PSOE y Adelante y de paso dar la razón al portavoz socialista, Mario Jiménez, de que efectivamente han entrado en la Cámara andaluza porque «la queremos suprimir, sin ningún género de dudas, pero por los cauces legales». Anunció «puntos de encuentro» en las negociaciones con un Ejecutivo al que agradeció su «disposición» pero interpeló al consejero de Hacienda, Juan Bravo, a que «ratifique los acuerdos que se esbozaron y en la siguiente réplica me pronunciaré» sobre la enmienda. El consejero cumplió con su papel de «negociador» dialogante hasta la extenuación del que hizo gala con todos los grupos afeando las «descalificaciones» y lamentando el «mal ejemplo» que «a todos nos debe hacer reflexionar si merecemos la silla que ocupamos».
Fue tras cuatro horas de sesión, y días de llamadas, reuniones y hasta un viaje a Madrid en la mañana de ayer del portavoz Elías Bendodo, para hablar directamente con la cúpula nacional del partido –justificado desde el Gobierno por la aún débil infraestructura territorial de Vox–, cuando Hernández anunció que retiraban su enmienda a la totalidad. Garantizaban así que las primeras cuentas de PP y Cs continúan su trámite parlamentario ya que sólo PSOE y Adelante votaron en contra (47 votos frente a 57). A partir de ahora, el montante total de las cuentas de la Junta para 2019, que asciende a 36.495,5 millones (1.700 más que los de 2018, actualmente prorrogados) no se podrá modificar pero sí partidas y programas concretos vía enmiendas parciales de todos los grupos que tendrán que contar con el apoyo mayoritaria del Parlamento en la votación final para su aprobación, el 18 de julio.
Vox negó las acusaciones desde la bancada del PSOE y de Adelante de que su postura era puro «teatro». «Aquí no se ha mercadeado con Andalucía pero ustedes llevan décadas comerciando con toda España poniéndolo en manos de los independientes», defendió Hernández, que rechazó que su formación se guíe por «interés partidista y electoral» sino por «la búsqueda del interés general» de los andaluces.
Tras días hablando de presupuestos «continuistas» y sin ningún reflejo del pacto de investidura que en su día firmaron con el PP para hacer presidente a Juanma Moreno, Hernández justificó su decisión de «renovar el voto de confianza al Gobierno en su conjunto» tras haber alcanzado un acuerdo sobre 34 medidas, 14 con «incidencia presupuestaria» y veinte con «incidencia normativa», en ambos casos para el bienio 2019-2020.
Entre las primeras, el documento recoge que en los Presupuestos de 2020 no se hablará de «transversalidad de género» sino del «principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres como mecanismo integrador de las distintas opiniones o ideologías en la materia», la creación de un órgano coordinador en la Junta para «apoyar el cumplimiento de la normativa vigente sobre inmigración irregular», la creación –en 2020– de un teléfono de atención a la violencia intrafamiliar y de programas de apoyo a mujeres embarazadas con dificultades. Entre las segundas, la mayoría aluden a la supresión, reducción de funciones y aumento del control financiero de los entes instrumentales; que las partidas para Memoria Democrática se usen sólo para exhumación de fosas y el banco de ADN y las asociaciones memorialistas no puedan destinar más de un 20% de las ayudas que reciban a su mantenimiento o actividades; o que la Junta diseñe un programa «1492. Programa Nuevo Mundo» para poner en valor de la «herencia histórica» que supuso el Descubrimiento de América. Dominan en el acuerdo alusiones a posicionamientos ideológicos de los que Vox ha hecho bandera pero cuya incidencia práctica es minimizada desde el Gobierno por cuanto o bien la competencia principal en la materia es estatal, como en el caso de la inmigración, o bien niegan que sustituyan lo que se hacía hasta ahora sino que son complementarias, como lo relativo a las políticas contra la violencia intrafamiliar, rechazando que implique suprimir las políticas específicas contra la violencia de género.
Vox comenzó su órdago exigiendo un gesto de Cs frente a sus «recelos» a retratarse con ellos y el partido naranja se mantuvo firme. Ayer hubo «foto» del portavoz de Vox estrechando la mano tanto a populares como a naranjas, con el presidente Moreno y el vicepresidente Juan Marín a la cabeza, quien a la salida admitió haber tenido sus «dudas con Vox» hasta el final mientras Moreno ve que lo de ayer en el Parlamento andaluz «abre la puerta a otros acuerdos en otros ámbitos territoriales».