La Junta Electoral traslada a la Fiscalía la desobediencia de Torra
La Junta Electoral Central ha resuelto remitir un escrito de denuncia al Ministerio Fiscal contra el president de la Generalitat, Quim Torra, por colgar un cartel a favor de los presos políticos en el Palau de Sant Jaume sólo un día después del ultimátum para que quitara los lazos amarillos por tratarse de "símbolos partidistas".
Para la Junta Electoral, según ha sabido Confidencial Digital, este hecho es constitutivo de un presunto delito de desobediencia, con lo que han decidido, tras una reunión de casi tres horas, presentar una denuncia contra Torra ante la Fiscalía.
Y es que, si bien el cartel con un lazo amarillo ha desaparecido de la fachada del Palau, desde esta mañana luce un cartel a favor de los 'presos políticos', un signo que la Junta Electoral considera manifiestamente partidista.
Según ha sabido ECD, la Junta Electoral ha acordado, además, la apertura de expediente sancionador contra Torra y ordenar al conseller de Interior, Miquel Buch, que disponga la retirada del cartel por parte de los Mossos d'Esquadra.
La Fiscalía catalana debe decidir
Ahora, la Fiscalía Superior de Cataluña, dirigida por Francisco Bañeres, debe decidir si admite el escrito de la Junta Electoral Central e iniciar diligencias de investigación contra Torra por un presunto delito de desobediencia.
En caso de que lo haga, la causa sería remitida al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es el que tiene competencia para juzgar a Torra por estar aforado al ser el líder del Ejecutivo catalán.
El cartel que exhibe la fachada de la sede de la Generalitat reza: "Libertad presos políticos y exiliados" en catalán e inglés, junto con un lazo que en lugar de amarillo, como el que lucía ayer, es de color blanco y está cruzado por una franja roja. Ha sido colocado en la mañana de este jueves en el balcón del Palau por varias personas.
Además, funcionarios de la Generalitat han colgado en una ventana de la fachada una nueva pancarta, más pequeña, con el dibujo de un rostro y la misma franja roja tapando su boca, con el lema "Libertad de expresión".
Un pulso de diez días
La Junta Electoral ordenó a Torra el pasado 11 de marzo que retirara las esteladas y los lazos amarillos de los edificios públicos en un plazo de 48 horas.
Así lo acordó en una reunión de más de tres horas, en la que concluyeron que se trata de "símbolos partidistas utilizados por formaciones electorales concurrentes a las elecciones". Torra presentó un recurso que fue desestimado.
El jueves 14, cumplido el plazo, la Generalitat seguía luciendo en la fachada un enorme lazo amarillo, símbolo de protesta contra la prisión de los acusados del 1-O.
Nuevo plazo de 48 horas
El lunes siguiente, 18 de marzo, ante la permanencia de los lazos amarillos en el Palau de Sant Jaume y en más edificios públicos, la Junta Electoral advirtió a Torra de que podría incurrir en responsabilidades penales si no ordenaba su retirada. Le dio un nuevo plazo, esta vez de 24 horas, para hacerlo.
Además, requirió directamente a la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, para que informara sobre si el president cumplía lo ordenado.
Ya entonces varios consellers ordenaron la retirada de esteladas y lazos amarillos de los inmuebles que dependen de sus departamentos.
Torra, sin embargo, se mantuvo en su postura e intentó ampliar su recurso, alegando que "no todos los edificios públicos en Cataluña son propiedad de la Generalitat" y que "el deber del presidente es respetar el derecho a la libertad de expresión de los empleados públicos que desempeñen su labor en estas infraestructuras".
La Junta Electoral le respondió que todos los edificios públicos dependen de alguna conselleria y que en cualquier caso, podía remitir un escrito señalando cuáles escapan a la competencia del Govern, cosa que Torra no ha hecho.
En cuanto al derecho de la libertad de expresión, la Junta respondió que "no incluye la utilización de edificios y lugares públicos de forma partidista", tal y como recoge el Estatuto del Empleado Público.
Torra acude al Síndic
El martes 19 por la tarde, Torra anunció que pediría un informe consultivo al Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, sobre la retirada de los lazos amarillos.
El titular del Síndic, Rafael Ribó, recomendó el miércoles al president que ordenara dejar los edificios públicos libres de este símbolo y de cualquier otro con reminiscencias partidistas.
Sólo después de este informe, Torra ha consentido que se quite el cartel con los lazos amarillos de la fachada de la Generalitat, pero colocando en su lugar un cartel igualmente partidista, según la Junta Electoral.