El Congreso de los Diputados contará con una oficina de asesoramiento científico, después de que la Mesa del Congreso haya aprobado, por unanimidad, la formación de una entidad destinada a informar a los parlamentarios sobre el estado del conocimiento en materias de ciencia y tecnología.
La oficina tendrá el cometido de consultar a decenas de expertos y científicos para elaborar breves informes que asesoren de forma neutral a los partidos y que les ayuden a tomar decisiones y a legislar en base a evidencias científicas.
Este organismo dependerá de una comisión mixta de científicos y diputados que escogerán temas de especial relevancia, en campos tan diversos como la terapia génica, las nuevas tecnologías o los problemas sociales. Además, celebrará reuniones de forma periódica en la que se recibirán propuestas de ciudadanos, partes interesadas o expertos.
El acuerdo de la mesa, cuyos detalles serán publicados mañana, contempla la asignación de una partida en los presupuestos de la Cámara de 200.000 euros. No será hasta después de las elecciones del 28 de abril, cuando la mesa podrá poner en marcha esta oficina.
La presidenta del Congreso, Ana Pastor, se había comprometido a crear esta oficina «antes del final de esta legislatura»: «Necesitamos una fuente independiente y permanente de información para los legisladores», dijo Pastor en su discurso, citando ejemplos en los que es necesaria, como la eutanasia y los cuidados paliativos.
Al nivel de otros países europeos
Con esta decisión, la mesa aprueba formar una oficina siguiendo el modelo de países integrantes de la European Parliamentary Technology Assessment (EPTA), una red formada por 22 miembros, entre los que están el Parlamento Europeo, Alemania, Reino Unido o Francia, Finlandia, Grecia, Holanda, Noruega, Suecia o Suiza, y cuyos parlamentos se rigen por este método de asesoramiento científico e independiente.
La decisión se produce después de que el pasado noviembre se produjera un encuentro entre 75 diputados y más de un centenar de científicos de la iniciativa Ciencia en el Parlamento, un grupo formado por ciudadanos, investigadores y apoyado por instituciones, y que proponía la creación de dicha oficina, a imagen y semejanza de otros países europeos.
En dicho encuentro, los políticos y los científicos debatieron cuestiones como la inteligencia artificial, medidas de conciliación familiar y social, el cambio climático o medidas de prevención activa del suicidio, que ya han demostrado ser eficaces en otros países.
«Es bonito que el Parlamento haya aprobado una propuesta que venía de la sociedad civil, y que nació de científicos apoyados por muchas instituciones», ha explicado a ABC Andreu Climent, bioingeniero en el hospital Gregorio Marañón y uno de los fundadores de la iniciativa. «Los ciudadanos debemos darnos cuenta de que si nos movemos los políticos nos escuchan. La sociedad tiene que ser proactiva y proponer soluciones».
Está previsto que la oficina española se inspire en su contraparte británica, la Office of Science and Technology (POST), que se encarga de buscar asuntos que podrían ser relevantes en el futuro para elaborar informes breves. Además, esta oficina proporciona evidencias científicas al comienzo de debates políticos, en vez de reaccionar a las necesidades parlamentarias.
«La ciencia no tiene la solución para las cosas, tan solo puede informar», ha explicado Andreu Climent. «Los grupos parlamentarios tienen la obligación de tomar decisiones. Y nuestra hipótesis es que cuanto más informados estén, más probabilidad hay de que acierten».
