Rajoy añade su 155 a la pócima de la rebelión
La tesis de que la violencia ha impregnado el proceso rupturista en Catalunya hasta sostener una acusación por rebelión recibió este miércoles una contribución inesperada. Ocurrió durante las declaraciones como testigos de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría ante el tribunal del procés. En su interés por justificar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ambos coincidieron en describir un insoportable clima de violencia durante las cinco semanas previas a la suspensión de la autonomía. Violencia, sí. El ingrediente que la Fiscalía y Vox se esfuerzan por conseguir para dar con la pócima de una condena por rebelión, delito castigado con hasta 25 años de cárcel.
La insistente mezcla de los siete vehículos de la Guardia Civil dañados, con el pasillo menguante ante la Conselleria de Economia y el plan fantasma que incluía la violencia, pero solo como amenaza, cuenta desde ayer con el aliño de las declaraciones miméticas de Rajoy y Sáenz de Santamaría. Centradas como estaban Fiscalía y acusación popular en los acontecimientos del 20 de septiembre, ayer llegó el momento de la protesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, contra el registro de Unipost o ante los hoteles de los policías y guardias civiles de la Operación Copérnico, por citar los pocos ejemplos concretos que mencionaron los testigos sin entrar en detalle.
El fiscal Javier Zaragoza preguntó por la mañana a Soraya Sáenz de Santamaría si aquello del 20 de septiembre se reprodujo en las semanas que le siguieron. La respuesta encajó como un guante en la tesis del Ministerio Público sobre el carácter violento del procés. “Sí, prácticamente nos encontramos con imágenes en que en cualquier actuación judicial que se llevaba a cabo; registros, en domicilios, en naves, en detenciones... Se daban aglomeraciones con imágenes de naturaleza violenta”, le respondió la exvicepresidenta. El término “naturaleza violenta” acababa de presentar su firme candidatura a estar presente en el escrito de conclusiones de la Fiscalía.
“Pero además sufrimos mucho políticamente como consecuencia de que muchos alcaldes y concejales, en un clima de acoso masivo generalizado y sistemático, recibían amenazas y coacciones. Y yo hablé con alguno de ellos para transmitirle también mi apoyo porque es muy duro vivir lo que estaban viviendo en ese momento”. “Acoso masivo generalizado”, segunda expresión candidata a consagrarse en la petición de un cuarto de siglo de la cárcel de la Fiscalía para Oriol Junqueras y algunos años menos para el resto.
Los abogados de las defensas enseguida vieron la que se les venía encima y pidieron explicaciones. ¿De dónde procedía la información sobre esa violencia? Llegaban del Ministerio del Interior, de la Delegación del Gobierno, replicó Sáenz de Santamaría, y “las vimos en televisión, como toda España”. Planteamiento, nudo y desenlace sobre quiénes eran los responsables: los acusados. Ellos sabían que se podían “volver a encadenar situaciones violentas como la del 20 de septiembre” porque, según la exvicepresidenta, así se lo habían comunicado los Mossos d'Esquadra. Pese a ello siguieron adelante con el plan del referéndum.
A uno de los abogados de la defensa se le ocurrió plantear que podían tratarse de “escraches”. “Yo sé lo que es un sufrir un escrache y eso en Cataluña no fue. Fue un acoso violento”, afirmó Sáenz de Santamaría. La testigo a cuando la PAH fue a su casa a gritar contra la política de vivienda del Gobierno y su abogado acusó a los activistas de acoso y desobendiencia. La causa fue archivada.
Como cabía esperar de una intervención “mariana”, con Rajoy descendió el dramatismo y aún más el esfuerzo por el detalle. Era violencia, sí. Y sirve como argumento para eternas condenas de cárcel. También. Él estaba “francamente, seriamente, preocupado”. De los días anteriores al 20 de septiembre no recuerda ningún acto violento, confesó al letrado de Junqueras. Y en los días siguientes al 20 de septiembre se pronunció públicamente en cuatro ocasiones sobre asuntos que concernían a los consellers defendidos por Francesc Homs y en ninguna utilizó el término violencia, según le recordó el letrado.
Él, Rajoy, tiene “una idea general” de lo que pasó. Y esa idea es que se produjeron “acontecimientos que no son propios de un país como el nuestro”. ¿Cuáles eran? Pues la protesta ante la conselleria, ante el TSJ de Catalunya, en “domicilios particulares”...
“¿Y los alcaldes?”, le preguntó el abogado Jordi Pina, que defiende a Rull, Turull y Jordi Sánchez. “¿Cuántos alcaldes tenía el PP y Ciudadanos?”, insistió el letrado. Antes de que Rajoy pudiera contestar que ninguno, el presidente del tribunal cortó por improcedente la pregunta. “Muchos alcaldes socialistas, según tuvimos oportunidad de ver en los medios de comunicación. Decir que no hubo ningún acoso, ninguna crítica, contra ningún alcalde es estar ciego”, acertó a decir Rajoy. De esa clarividencia a una petición de 25 años de cárcel apenas hay un parpadeo.