La patronal pide a las VTC que ignoren el decreto catalán de las precontrataciones
Órdago de la patronal de las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC). Unauto Cataluña pedirá a sus asociados que, a partir del próximo 1 de marzo, utilicen el registro electrónico estatal y no el de la Generalitat para dejar constancia de sus trabajos. De hacerlo, el decreto-ley del Ejecutivo autonómico, que establece que los servicios deben precontratarse con un mínimo de 15 minutos de antelación, quedaría en agua de borrajas.
El registro electrónico es la herramienta que el Ministerio de Fomento pactó con el sector del taxi para evitar que los VTC capten clientes en la calle, algo que tienen prohibido por ley. Se pondrá en marcha en marzo. Sin embargo, la Generalitat, al imponer un periodo de precontratación para los servicios VTC, ha creado su propia herramienta electrónica para controlar que esos plazos se cumplen. Sin embargo, Unauto considera que no tiene competencias para hacerlo. Argumenta que una reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Ciberseguridad de Cataluña asegura que las competencias en telecomunicaciones son exclusivas del Estado y que, por este motivo, esta comunidad autónoma no está facultada para tener su propio registro. Por este motivo, la patronal de las VTC ha remitido al consejero de Territorio, Damiá Calvet, una carta fechada ayer, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, instándole a aclarar dónde deben registrar sus servicios los vehículos de este tipo que todavía trabajan en Cataluña, unos 300, según los cálculos de la patronal. “Le comunico que, de no recibir información adicional y a falta del desarrollo normativo preceptivo, el próximo 28 de febrero comunicaré a nuestros afiliados que los datos y las comunicaciones de los servicios realizados en Cataluña han de ser comunicados exclusivamente en el registro del Ministerio de Fomento”, asegura la misiva.
Fuentes de Unauto Cataluña aseguran que si la Generalitat, como es preceptivo, no ha desarrollado el decreto-ley para aclarar la cuestión ha sido de forma deliberada. “Están haciendo lo que se conoce como burla de ley. Saben que su proceder es ilegal y que si llega a los tribunales, sería paralizado. Nosotros no podemos llevar ante la Justicia el decreto-ley pero el reglamento sí. Y creemos que entonces sería suspendido”, aseguran.
En caso de que el sector catalán de las VTC optase por volcar sus servicios en el registro del Ministerio de Fomento, la precontratación dejaría de tener efectos prácticos. “La Generalita no tiene acceso a esa base y, por lo tanto, sería imposible que se cumpliese el decreto-ley”, argumentan desde Unauto.