Vox pactará con el PP y Cs en Baleares sólo si aceptan derogar la Ley de Normalización Lingüística
La Ley de Normalización Lingüística fue aprobada en 1986, con el popular Gabriel Cañellas como presidente autonómico. Dicha norma fue puesta en marcha para fomentar el uso de la lengua catalana tanto en las instituciones como en los distintos ámbitos de la sociedad.
Para Vox, la derogación de la Ley de Normalización Lingüística y su sustitución por una Ley de Uso de las Lenguas Oficiales será un requisito indispensable para cualquier posible pacto con el PP y con Cs en Baleares tras los citados comicios de mayo. Por lo que respecta a la posible implantación de una Ley de Uso de las Lenguas Oficiales a corto plazo, para Campos «es perfectamente factible su puesta en funcionamiento en el ámbito escolar a partir del próximo curso». Así lo ha indicado en el transcurso de la rueda de prensa que ha ofrecido en Palma con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna.
Críticas a la actual normativa
«Quiero saber si los partidos con representación parlamentaria en el Parlamento balear apoyarán o no esta propuesta», ha recalcado el líder de Vox en el Archipiélago. «Sé que la izquierda prefiere políticas excluyentes de inmersión en catalán, pero quiero saber qué postura adoptará el PP, al que se debe desde hace 32 años la aprobación de esta ley, y cuál será la de Ciudadanos, ante sus continuos cambios de opinión», ha proseguido Campos, para añadir: «Quiero saber si el PP y Ciudadanos se van a adherir a la propuesta de Vox».
El objetivo de la nueva ley propuesta, que se tramitaría por vía urgente, es «que garantice los derechos de los hablantes de ambas lenguas mayoritarias, balear y español, y permita la libre elección de lengua en todas las etapas educativas». En ese sentido, el presidente de Vox en las Islas ha lamentado que «en Baleares no podemos celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna».
Campos ha denunciado, seguidamente, que «no hay libertad para escoger la escolarización de los niños en sus lenguas maternas, ni en español, ni en mallorquín, menorquín o ibicenco, como se aconseja desde hace 50 años desde organismos como la OCDE». Por último, ha afirmado que «la falta de libertad lingüística afecta también a toda la administración pública».