El Gobierno de Pedro Sánchez legalmente no está en funciones, pero es un Ejecutivo que se ha convertido a sí mismo en provisional, porque no ha podido aprobar los Presupuestos y no es capaz de dirigir un proyecto político para España. Es un gabinete de tránsito y por esta razón incurrirá en un abuso constitucional si de aquí a las elecciones pretende gobernar a golpe de real decreto-ley. Tampoco ha empezado formalmente la campaña electoral, pero Sánchez y su equipo están instalados ya en una constante petición encubierta de voto, motivo suficiente para que, por respeto a las instituciones, se abstengan de tomar decisiones que pueden condicionar gravemente la política del nuevo gobierno o generen conflictos institucionales innecesarios. Contraprogramar la reforma laboral a dos meses de las elecciones con un real decreto-ley que hurte al Parlamento el debate legislativo que corresponde a su importancia es jugar con trampa, más aún cuando no existen las razones que ampararon al gobierno de Rajoy en 2012 -con una tasa de paro del 26%-.
La única urgencia que tiene Sánchez es la suya propia de ganarse al electorado. En esta dinámica de obsesión electoral tiene su hueco el absurdo enfrentamiento que el Gobierno está alentando con la Iglesia Católica a cuenta de la exhumación de Franco. Lo que el Ejecutivo anuncia es prácticamente una vía de hecho, que incluye implícitamente el uso de la fuerza, para acceder a un templo de culto católico sin permiso de la autoridad eclesiástica. El mensaje de moderación que ahora propala Sánchez es un engaño para los incautos que son capaces de creer que el todavía presidente del Gobierno renunció a su radicalismo. A un político sin palabra no se le debe dar una segunda oportunidad.
