Hacienda rastreará mil municipios con drones para hallar obras ilegales
Ahora la Dirección General del Catastro, bajo la batuta del departamento dirigido por María Jesús Montero, continuará este rastreo. Hacienda dictó el año pasado una norma para poder realizar procedimientos de regularización de este tipo sin tener que aprobarlos previamente, actuando de oficio y sin publicar los municipios afectados como hasta ahora. Al ser la primera vez que el nuevo equipo se adentra en estas lindes, los mil municipios presupuestados -un 13,2% del total- son una estimación basada en la media de los últimos años. En 2017 por ejemplo se procedió a inspeccionar a 1.272 localidades, mismo número que en 2018. Este año se dedican 1.474 efectivos, un 6,3% más que en 2018.
Como apuntan desde Hacienda, con el procedimiento anterior cerrado y habiendo inspeccionado 7.603 localidades -todas las de las regiones de régimen común, ya que País Vasco y Navarra como comunidades forales quedan fuera del escrutinio de Hacienda-, muchos de los municipios incluidos en 2019 habían solicitado la regularización al haber detectado «nuevas urbanizaciones u obras sospechosas», apuntan estas fuentes. El incentivo que tienen los consistorios para pedir al Catastro que intervenga es que así elevan sus ingresos en impuestos como el de Bienes Inmuebles (IBI) o el del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como «plusvalía municipal»). Al elevar los metros cuadrados declarados, se incrementa la cuota a pagar al Fisco en estos tributos.
Desde 2013, se han encontrado todo tipo de ilegalidades. El Catastro ha inspeccionado, bien con mapas, con personal en el terreno o con drones más de 76,84 millones de inmuebles, lo que arroja un índice de fraude del 4% entre los más de 3 millones de inmuebles regularizados. De toda esta operación de registro inmobiliario posburbuja, Hacienda ha encontrado sobre todo nuevas construcciones no declaradas (con 1,13 millones, un 37,2% del total), así como ampliaciones y rehabilitaciones ilegales (1,1 millones, un 36,3%), reformas (656.622, un 21,6%) y 147.999 piscinas ilícitas (un 4,9%).
Baleares, la que más
Al observar los datos por comunidades, Baleares es la que registra un mayor índice de irregularidades: entre los inmuebles inspeccionados el 6,5% eran ilegales. Junto a la región insular está Melilla (7,8%), Extremadura (6,3%), Andalucía (6,1%), Canarias (5,7%), Comunidad Valenciana y Ceuta (5,1%), Cantabria (4,4%), Castilla-La Mancha (4,3%) y Cataluña (4,2%). Las que tienen un índice de fraude más bajo son Asturias (2%), La Rioja (2,1%), Madrid (2,5%), Castilla y León (2,5%), Aragón y Galicia (3,3%) y Murcia (3,9%).
Normalmente, Hacienda envía una carta al infractor alertándole del inicio del procedimiento y dándole un ultimátum de quince días par alegar. En muchos casos se trata de contribuyentes que han declarado al ayuntamiento pero no al Catastro. Junto a la misiva, Hacienda añade la tasa que tiene que pagar por las imágenes tomadas: 60 es la tasa de regularización por cada inmueble.
Junto a la misiva, Hacienda añade la tasa que tiene que pagar por los gastos originados por las imágenes tomadas. La cuantía de la tasa de regularización es de 60 euros por cada inmueble regularizado. La resolución se puede recurrir ante el Tribunal Económico Financiero. Si se confirma la multa, al día siguiente se añaden los inmuebles aflorados a efectos catastrales. Asimismo, se comunica al ayuntamiento la irregularidad para que liquide los años no prescritos -hasta cuatro- y los intereses de demora. También afecta a la imputación de rentas en el IRPF, que deberá reflejar la realidad destapada por Hacienda.
Este procedimiento redunda a la larga en pingües ingresos en impuestos como el IBI, que ha aumentado su recaudación un 65% desde 2008 hasta el récord de 13.120 millones de 2017, pese a que el ladrillo se ha depreciado un 25% desde entonces. La regularización se aprobó para elevar los ingresos de las arcas públicas. Con la crisis, otros países europeos como Grecia, también desplegaron procesos similares
Montero ha decidido proseguir con el procedimiento de Montoro ante los buenos resultados. Todo ello, pese a que el PSOE en su momento criticó la medida. Como acogerse a la regularización exime de nuevas sanciones futuras más allá de la tasa de 60 euros, el ahora secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, y antes portavoz de Economía del PSOE, tildó el proceso de «amnistía» catastral y criticó que costara lo mismo regularizar «un chalé en Marbella que la ampliación de una granja». Ahora, como describen las cuentas, el procedimiento será permanente para «luchar contra el fraude».