La Faffe recibió más de 55,6 millones en ayudas que para la Cámara de Cuentas están sin justificar
«Existen libramientos pendientes de justificación de subvenciones excepcionales concedidas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) por importe de 55.644.950,80 euros». Este párrafo rebosante de información forma parte de un trabajo de «Fiscalización de las subvenciones concedidas por determinadas consejerías y agencias de la Junta» relativo al ejercicio de 2016 que ha elaborado la Cámara de Cuentas autonómica.
Como recuerda el propio ente fiscalizador en su informe, consultado por LA RAZÓN, la mencionada fundación, caída en desgracia por una serie de revelaciones judiciales y periodísticas que incluyen puticlubs, se liquidó el 5 de mayo de 2011 para pasar a integrarse en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) del Gobierno regional que «se subrogó en todos los derechos y obligaciones» de dicha entidad. Luego el 3 de abril de 2013, con la entrada en vigor del Decreto-Ley 4/2013, de 2 de abril, se eliminó la formación profesional para el empleo del abanico de funciones atribuidas al SAE. Esa circunstancia provocó que durante un tiempo «concurriera en una misma persona la figura de beneficiario y de órgano concedente de las subvenciones», es decir, los conceptos de deudor y acreedor, anota la Cámara de Cuentas. El gabinete jurídico de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio emitió en septiembre de 2017 un informe en el que se analizaba si en los expedientes de la antigua Faffe existe o no causa de extinción de obligaciones de reintegro, de devolución de fondos públicos, al coincidir el deudor y el acreedor y, por tanto, «se confunden los derechos y obligaciones siendo causa de extinción de obligaciones», así como del «momento a partir del cual debe entenderse producida la misma». Con todo, la entidad fiscalizadora ha detectado cierta «controversia» en relación a ese asunto.
La Cámara de Cuentas ha revisado, para llevar a cabo su labor, copia de los expedientes ligados a la Faffe, ya que los originales están depositados en instancias judiciales al ser objeto aquélla de diferentes investigaciones en curso, sin que esa realidad suponga, en principio, «una paralización en los plazos de prescripción de los expedientes de subvención». «Se desconoce –reconoce no obstante el organismo autonómico– las implicaciones que el desenlace de dichos procedimientos judiciales pudiera suponer, así como los efectos futuros que pudiese provocar». De momento, lo único claro es que existen más de 55,6 millones de euros pendientes de que se justifique su uso.
En genérico, la Cámara de Cuentas ha identificado «20 expedientes que tienen libramientos» en una situación similar, por un cómputo global de «39.341.516,86 euros», en los que los órganos gestores han recibido la documentación ligada a ellos y realizan «las tareas de comprobación para poder expedir las certificaciones acreditativas de la aplicación de los fondos y el cumplimiento de la finalidad» para la que se otorgaron, por lo que, «no es posible», se advierte en el informe, «evaluar y concluir acerca de dichos libramientos a la fecha de realización del trabajo de campo al no haber finalizado el procedimiento de verificación de la justificación». De otro lado, hay libramientos por valor de «10.292.146,29 euros» que se reflejan en «15 expedientes» en los que esas labores de comprobación por parte de la Administración acabaron «en supuestos de incumplimiento y, por tanto, en reintegros cuyo procedimiento está en trámite».
En el transcurso del trabajo de campo armado por la entidad andaluza fiscalizadora se han verificado además «libramientos pendientes» de la correspondiente acreditación «vencidos» que «se han justificado por importe de 17.206.569,88 euros».
Falta de acreditación en el 71,7% de los expedientes
La Cámara de Cuentas ha observado que la «exigencia legal para considerar acreditada la apreciación de la concurrencia del carácter excepcional» de una ayuda se ha cumplimentado formalmente al incluir en los expedientes «una memoria justificativa» o bien en las propuestas o resoluciones de otorgamiento con «expresiones que vienen a acreditar la concesión
directa». Si bien, aun en el primer caso, lo que hay en los documentos «son argumentos y expresiones de carácter genérico que se quedan en el enunciado formal de los mismos, declarativos de circunstancias que en 38 expedientes (71,70%) no han quedado suficientemente» justificada, avisa el ente regional.
En cifras
*18,87%
de los expedientes analizados por la Cámara de Cuentas no se publicaron en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
*9,43%
lo hicieron fuera de plazo.