La Junta de Andalucía encarga trabajos por 29,8 millones a dos entes en menos de 60 días
Tras la entrada en vigor el pasado marzo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpusieron al ordenamiento jurídico español directivas del Parlamento europeo y del Consejo, algunas de las que se denominaban encomiendas de gestión de las administraciones a órganos y entidades han pasado a ser considerados encargos a medios propios personificados, que, en el caso de los de la Junta, tienen un elemento en común con las anteriores: la repetición de los destinatarios de esos endosos. Las entidades a las que se recurre con la fuerza de lo que se ha convertido en lo natural son la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa) y su primera filial denominada Tecnologías y Servicios Agrarios (Tragsatec), integradas en el conjunto de empresas de la SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, una entidad de derecho público de la órbita del Ministerio de Hacienda; y en segundo lugar la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones SA (Sandetel), adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio del Ejecutivo regional.
Según la información hecha pública en el portal del Gobierno andaluz, sólo en los dos últimos meses de 2018, y con diciembre aún por agotarse, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha asignado a Tragsa –a veces Tragsatec– 28 tareas por un valor de 23.951.446 euros y que van desde la cobertura de servicios para la celebración de una conferencia europea u otros ligados a obras hasta la modernización y mejora de caminos forestales. A esto hay que añadir otra «misión» del mismo departamento pero a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) de la propia Junta por un importe de 21.130,72 euros.
De su lado, la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática ha elegido a Sandetel para que lleve a cabo la ejecución del servicio de gestión de alojamiento y manejo de las infraestructuras asociadas al portal del Ejecutivo autonómico, así como el desarrollo y mantenimiento de los instrumentos tecnológicos que dan soporte a la presencia web de la Administración regional, unas acciones presupuestadas en 1.886.512,84 y 2.645.037,55 euros, respectivamente, lo que supone una suma de más de 4,5 millones. A la misma entidad escoge la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para que realice otros dos trabajos, uno de mantenimiento correctivo y evolutivo de los sistemas de información de ese departamento y otro vinculado al centro de soporte a personas usuarias para los sistemas de información de la misma, por 288.833 y 298.941,54 euros. En conjunto, 587.774,54. Sandetel es la destinataria además de un encargo del Instituto Andaluz de la Mujer valorado en 418.695,84 euros. Y la Consejería de Economía pone en sus manos la ejecución de determinadas actuaciones de apoyo a la gestión de activos «software» y soportes corporativos asociados, por lo que le pagará 390.436,68. En global, Sandetel recibirá 5.928.457,45 euros. Este ente y Tragsa, con su filial, acumulan encargos por una cuantía de 29.879.903 euros en menos de dos meses. Por último y en el periodo de tiempo considerado, la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública ha destinado 407.898 para que la Fundación Pública Andaluza Instituto de Estudios sobre la Hacienda autonómica efectúe actuaciones de asistencia técnica para el control financiero de fondos europeos y subvenciones.
La Cámara de Cuentas ya advirtió a la Junta en un informe difundido en 2016 centrado en las encomiendas que el recurrir a éstas debía «responder a necesidades puntuales y concretas relacionadas con el carácter técnico de la prestación» y avisó de que el ritmo «recurrente de las mismas» desnaturalizaba «la especificidad que debe caracterizarlas».