La pesada «tarjeta de crédito» del Gobierno: 1,2 billones a pagar en medio siglo
Es una hipoteca que se ha disparado en el último decenio y que, paradójicamente, ha seguido engordando desde 2014, a pesar de la etapa económicamente expansiva que ha procurado un aumento de los ingresos fiscales. Cuando acabó el año 2007, la lista de gastos a pagar en años sucesivos estaba por debajo del medio billón de euros; ahora alcanza los 1,217 billones. Es decir, casi se ha triplicado en diez años.
Es una indigesta hipoteca formada por tres grandes apartados, fundamentalmente: obras o suministros adquiridos con pago aplazado; subvenciones comprometidas para años futuros; y, sobre todo, los vencimientos de deuda y el pago de los intereses a los que el Estado se ha comprometido con aquellos que le han prestado dinero. Al final, sea deuda comercial o deuda financiera, la raíz siempre es la misma: se gasta, pero no se paga en el momento. Unas veces quien fía es aquel al que la Administración del Estado le compra un servicio, un suministro o una obra; y otras son los que le prestan el dinero para poder atender gastos que abona en el momento, pero con deuda financiera -lo que, en la práctica, supone pagar el gasto de forma aplazada y con intereses-.
De esos 1,217 billones que la Administración del Estado tendrá que pagar desde el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2066, algo más de 914.000 millones serán por vencimientos de deuda pública, unos 272.000 millones por intereses, 26.500 millones por inversiones y transferencias de capital comprometidas para los próximos años, casi 1.500 millones a servicios o suministros adquiridos con pagos aplazados, y más de 800 millones de euros adicionales por otros conceptos.
Un ejemplo de la avidez con la que el Estado gasta «a plazos» es el zarpazo que ya se ha dado a los presupuestos del próximo trienio. Por ejemplo, aún no ha empezado el nuevo año y el Gobierno -el actual y su antecesor- ya ha consumido más de 126.000 millones de euros con cargo a las cuentas de 2019. También ha gastado ya más de 115.000 millones a las espaldas del año 2020, y otros 103.000 millones a cuenta del año 2021 -y la lista sigue año tras año, por varias décadas-. Es decir, la Administración del Estado ya se ha gastado 343.000 millones de euros con cargo a sus presupuestos del próximo trienio. Son 343.000 millones de los que no podrá disponer, por culpa del «mordisco» que le propina esa suerte de tarjeta de crédito que el sector público usa con profusión para gastar sin pagar en el momento.
La losa sigue yendo a más
Esa gruesa hipoteca pública seguirá engordando en los próximos años, mientras el Estado sea incapaz de acabar con el déficit permanente de las cuentas públicas. Y puede convertirse en un serio problema para el conjunto de la economía, porque el saldo de gasto a futuro ya ha alcanzado cifras indigestas en un momento en el que se atisba un menor crecimiento del PIB y un más que previsible aumento de tipos de interés.
«Si la deuda sigue aumentando se puede volver contra nosotros», advierte el economista Rafael Pampillón, del IE Business School. Esa hipoteca que ya acumula el Estado acaba traducida en deuda, sobre todo financiera. Y cuanto más dinero haya que pedir prestado, más vulnerables ante los mercados. «España puede perder solvencia, ver dañada la calificación de su deuda pública, y eso obliga al Estado a pagar más para que le presten dinero», afirma. Y pagar más por la deuda es engordar la hipoteca; la pescadilla que se muerde la cola. Pampillón subraya que urge «atacar el déficit, porque la deuda nos puede dar un disgusto».
«Trampas al solitario»
El profesor José Ramón Pin, del IESE, considera que esta hipoteca pública se ha disparado en el último decenio porque el Estado se ha hecho insistentemente «trampas al solitario»: «Las cuentas públicas no reflejan la realidad de cómo está el Estado» porque se elaboran con el criterio de caja, en vez de usar el de devengo. Eso -explica- permite camuflar el gasto real anotándolo como obligaciones futuras, que no afloran en las cuentas hasta que se consuman los pagos. Maquilla el efecto del déficit, lo dulcifica a costa de las arcas públicas del futuro.
El profesor José Ramón Pin cree que esto puede acabar siendo un problema si se entra en una fase de recesión o de bajo crecimiento. «Esta situación es sostenible si el PIB crece a un ritmo de al menos un 3%, porque hace que los ingresos por impuestos aumenten. Pero, para el año 2019, todas las proyecciones apuntan a que no vamos a crecer más allá del 2,5%». La barrera crítica -apunta- está en un crecimiento que no pase del 1,5%, porque a partir de ahí deja de crearse empleo y empiezan los efectos en cadena de caída de los ingresos públicos y de desajuste añadido del gasto.
La solución pasa por atajar el déficit, afirma este experto, pero reconoce que es complicado porque hay que buscar un difícil punto de equilibrio. «Lo que tiene que hacer el Gobierno español a futuro es sorber y soplar a la vez, reducir los impuestos para favorecer la economía productiva, el crecimiento del PIB y la creación de empleo, pero al mismo tiempo está forzado a lograr más ingresos para reducir el déficit de caja y la deuda financiera».