Propiedad industrial y valor reputacional
A través de esta actividad, ejecutada fundamentalmente por la OEPM, se protegen los esfuerzos de empresas y particulares que mejoran procesos industriales mediante la introducción de invenciones de diferente complejidad técnica (a través de patentes y modelos de utilidad) y de las empresas que lanzan nuevos productos con distintividad (marcas y nombres comerciales) o creaciones de forma (diseños industriales). Mediante su presentación ante la OEPM, y tras unos procedimientos ágiles, basados en la libre competencia, los inventores e innovadores ven registradas y concedidas sus patentes, marcas o diseños industriales. La propiedad industrial es clave para fomentar la innovación. Si los resultados innovadores no se protegiesen, no habría incentivos para embarcarse en procesos de investigación y diseño ni se emprenderían aventuras empresariales en torno a un nuevo producto.
En la OEPM trabajamos en el fomento de las invenciones, que conlleve más solicitudes de patentes nacionales e internacionales de base española; el conocimiento adecuado de los modelos de utilidad, como título adecuado de protección de determinados tipos de innovaciones; la adecuada integración de los títulos de propiedad industrial en las estrategias empresariales, especialmente en el ámbito de pymes; o la inserción de una cultura de defensa de la propiedad industrial en el ámbito científico y tecnológico. Pero hay ámbito que sobresale: la lucha contra la falsificación de productos registrados mediante marca o diseño industrial. La falsificación, entendida aquí como vulneración de los derechos de propiedad industrial de sus legítimos titulares por terceros, que intentan aprovecharse de la reputación o de la distintividad de los productos del primer titular, es un problema de primera magnitud. Supone pérdida de empleo e ingresos tributarios, desincentiva la innovación, penaliza a las empresas y comporta graves riesgos para los consumidores.
La lucha contra las falsificaciones ha ocupado un lugar central en las iniciativas llevadas a cabo por el Ministerio desde junio. Hemos trabajado en la tramitación de la modificación de la Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, a fin de trasponer la directiva de la UE en la materia, para mejorar nuestra legislación y reforzar la lucha contra la falsificación mediante la incorporación de medidas específicas para Aduanas. La mejora normativa prevé la incautación de cualquier mercancía que, aunque esté destinada para su comercialización en un tercer Estado, pudiera vulnerar un derecho de marca registrado en España. La intervención de la mercancía solo será levantada cuando el interesado demuestre el destino y proceda al envío fuera de la UE. La elaboración del Reglamento de desarrollo está ya en marcha para garantizar su correcta y pronta ejecución el año próximo.
Para afrontar este complejo problema debe imperar el diálogo, y en esa línea hemos venido trabajando. El 4 de diciembre se constituyó la Mesa de Intrusismo, un foro de debate sobre los problemas de la falsificación para el ámbito comercial, y el 10 de diciembre se reunió, tras tres años sin ser convocada, la Comisión Intersectorial para luchar contras las actividades vulneradoras de los Derechos de Propiedad Industrial, en la que se abordaron problemas legislativos, de gestión y de coordinación, y fue presentado el Informe sobre el Plan Nacional de Lucha contra la Falsificación 2019-2020, que incorpora un conjunto de medidas respaldadas con un presupuesto concreto y cuya ejecución descansará en el Ministerio. La concienciación y la sensibilización de los consumidores también es clave, porque las Administraciones también tenemos que incidir en la demanda. Por ello, la colaboración con Comunidades Autónomas, entidades locales, Fuerzas de Seguridad del Estado y poder judicial y el Ministerio Fiscal es fundamental para trabajar en la sensibilización y la formación. A ello dedicaremos nuestros esfuerzos en 2019.