El patrimonio que Puigdemont puede perder por el 1-O
Compraron la casa en septiembre de 2003 y solicitaron una hipoteca de 325.000 euros. La propiedad cuenta con tres plantas: sótano, destinado a garaje, bodega y trastero; baja, con los elementos habituales (recibidor, cocina, salón, aseo) y un despacho); y alta, que cuenta con cuatro dormitorios y dos terrazas, según consta en el Registro de la Propiedad.
Puigdemont posee un segundo inmueble, en este caso al cien por cien, como único dueño. Se trata de un pequeño ático de algo más de 50 metros cuadrados en la calle de la Creu de la capital gerundense, una finca cuya fachada está plagada de banderas y símbolos independentistas. Se construyó en 1982 bajo el régimen de Protección Oficial y Puigdemont figura en el registro como propietario por una “extinción de condominio” firmada en noviembre de 1996.
En su última declaración de bienes presentada en el Parlamento catalán, el pasado 12 de enero, meses después de su huida a Bélgica, el político independentista valoró su participación en los dos inmuebles en 280.000 euros. Pero no se trata del valor real, el de mercado, sino el más alto de estas dos opciones: el precio de adquisición o el valor catastral.
Ocho mil euros al mes vitalicios
En el resto de su declaración de bienes hay muy poco que rascar. El único bien que presentó, además de los inmuebles, es una cuenta bancaria con 10.885 euros, y el saldo ha podido variar desde entonces. Esta cifra es modesta comparada con sus ingresos. Su salario como presidente de la Generalitat era de unos 140.000 euros anuales, el más alto de todos los jefes de gobierno autonómicos. Ahora disfruta de forma vitalicia del 80 por ciento de esa cantidad, unos 112.000 euros anuales (8.000 al mes brutos en catorce pagas), como expresidente catalán.
Puigdemont también declaró dos saldos negativos: la hipoteca de la vivienda unifamiliar, de la que aún le quedaba por pagar 105.195 euros, y un préstamo personal de 14.253 euros, por lo que estaba claramente en números rojos.
El procedimiento de responsabilidad contable iniciado por los gastos del 1-O tiene como espejo en el que mirarse: el de la consulta ilegal del 9-N de 2014, por el que el Tribunal de Cuentas condenó a Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega, a los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau y a otros seis altos cargos de la Generalitat a devolver a este organismo 4,9 millones de euros malgastados. Para completar la fianza, varios de los investigados presentaron como garantía sus inmuebles. En el caso de Mas, el Tribunal de Cuentas embargó su piso de Barcelona, un inmueble de 200 metros cuadrados muy cerca de la avenida Diagonal. La sentencia aún no es firme.